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Gobernabilidad nacional

Emilio Bruce ebjreproduccion@gmail.com | Viernes 27 abril, 2018

Sinceramente

Gobernabilidad nacional

Desde que don José María Figueres Olsen señaló que el país era ingobernable a raíz de la creación de la Sala IV, todos los demás presidentes de una manera o de otra lo han venido repitiendo. Curiosamente no recuerdo que ninguno de ellos haya enviado proyecto alguno a la Asamblea Legislativa para corregir tal ingobernabilidad hasta que doña Laura Chinchilla constituyó una Comisión de Notables que ofreció muchas valiosas recomendaciones. Enviadas estas a la Asamblea Legislativa para su aprobación, el país espera sentado a que dichos proyectos sean leyes de la República.

Don Carlos Alvarado con claridad ha pedido que el reglamento de la Asamblea Legislativa se reforme para permitir que las mayorías puedan decidir el camino de Costa Rica, siempre con representación de las minorías, pero sin el chantaje de quienes generan carretillos de mociones para atajar lo que justamente la mayoría ya decidió que debe hacerse.

Este es un excelente inicio y la agenda nacional que debe consensuarse debería ir más allá de este reglamento. Recordemos que la Contraloría General de la República, que es un brazo de la Asamblea Legislativa, no debe coadministrar. Esta reforma es fundamental. No parece lógico que un funcionario de bajo nivel de la Contraloría pueda, y en efecto detenga una directriz o una orden ministerial. No parece razonable que se deba buscar el refrendo, permiso o ratificación de la Contraloría para emprender proyectos o ejecutar decisiones ministeriales. Todas las responsabilidades personales y patrimoniales se cobran después si se procedió mal, sin que el refrendo atrase y finalmente no sea útil. Parece absurdo que el procurador general de la República no sea designado por el Ejecutivo por todo su periodo y ratificado dicho nombramiento por la Asamblea Legislativa. Lo que resulta incomprensible es que teniendo un periodo de funciones que excede el periodo del presidente que lo designó se convierta en una piedra en el zapato para el siguiente presidente que no lo propuso. El abogado del gobierno debe ser de designación por parte del gobierno. La Sala IV que inició la aseveración de que este país se había tornado ingobernable debe ver sus funciones también revisadas. La consulta facultativa de los diputados de leyes que no se han aprobado simplemente como expediente para atrasar su aprobación debe suprimirse. La Sala IV debería tener una instancia de apelación y debería tener dos o tres salas que analicen recursos de amparo y habeas corpus en diferentes circunscripciones territoriales del país. La jurisdicción constitucional debe ser seriamente analizada.

Hay más extremos de la estructura del Estado que deben ser analizados y resueltos. No parece posible que el Poder Ejecutivo no pueda limitar el crecimiento de la contratación de más empleados en las instituciones descentralizadas y proveer traslados horizontales de una institución a otra o de una institución a un ministerio por directriz. Hay que entrarle a la reforma constitucional que lo permita.

El Poder Ejecutivo es eso, ejecutivo, así que los consejos creados en los ministerios quitándole la autoridad y la facultad de imperio al ministro también deben corregirse. Dichos consejos deben aconsejar, pero el ministro debe ser determinante y sus órdenes y directrices deben ser vinculantes. La Asamblea Legislativa es el centro de la deliberación en el país. En el Poder Ejecutivo se ejecutan las cosas sin más y discusiones en docenas de consejos que se oponen o atrasan las órdenes ministeriales también deben ser metidos en cintura.

Espero que el deseo de don Carlos de empujar la gobernabilidad de Costa Rica sea aceptado dentro de la agenda nacional y pronto veamos un país ágil para votar y decidir, administrar y establecer responsabilidades legales y administrativas cuando sea menester.

Hagamos a Costa Rica un país ágil que pueda emprender, que pueda construir, que pueda abrir brecha. La información que la carretera a San Ramón que estaba ya por iniciarse hace cuatro años, deberá estudiarse al menos tres años más, o sea siete años de atraso antes de comenzarla. La satisfacción de las necesidades nacionales no espera, la generación de empleo urge, el crecimiento económico resulta indispensable. Pensemos siempre en el país, al fin y al cabo es nuestro hogar común.

¡Viva Costa Rica!

ebruce@larepublica.net

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