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Honduras: ¡Cuánto honras tu nombre!

Pedro Oller poller@ollerabogados.com | Martes 30 junio, 2009

La situación acaecida la semana anterior en Honduras y que culmina con el golpe de estado al Presidente –democráticamente electo– Manuel Zelaya el domingo, marca un retroceso inevitable en el desarrollo institucional de nuestro vecino y, también, del contexto centroamericano.
De difícil lectura, por la confluencia de diversos factores que a la distancia sugieren intereses que superan el estado de derecho, si bien la consulta per se no justifica el desenlace, el enfrentamiento de Zelaya con todos los demás poderes ha vulnerado la institucionalidad de una presidencia por la vía del voto.
Al medio, la consulta popular —o encuesta, según se ubique la discusión— que el Presidente hondureño pretendía realizar el día de ayer a fin de valorar las posibilidades de una Constituyente que le allanara una reforma para reelegirse. Antecedida a la posición asumida ayer por el Legislativo, destituyendo al Presidente y designado a Roberto Micheletti como su sucesor, la del Tribunal Electoral que había declarado ilegal la encuesta pretendida por Zelaya.
No obstante, la consulta se encontraba amparada por el artículo 5 de la Ley de Participación Política, que data de 2006. Más aún, la Constituyente tiene el mandato legal de la reforma en materia de reelección, toda vez que estos asuntos no pueden ventilarse ni en el Congreso ni por vía de referendo. Siendo entonces que, lejos de tener efectos definitivos constituía un acto preparatorio para el interés presidencial de mantenerse en el poder.
Esas presunciones, porque pareciera que ahí se ha actuado más sobre la base de lo que podía ocurrir, que respecto de hechos concretos, incluyen también la ilegalidad del procedimiento seguido por el Ejecutivo e impulsado por el presidente Zelaya, para la destitución del jefe de las fuerzas armadas a mitad de semana.
Zelaya, había decidido separar al General Vázquez Velázquez luego de que éste se negara a distribuir el material necesario para realizar el denominado Referendo Consultivo no Vinculante. Dos recursos de amparo ante la corte constitucional hondureña declararon la ilegalidad y, en este sentido, la protección constitucional que asistía a Vázquez Velázquez.
Adicionalmente un Juzgado de lo Contencioso había ordenado el viernes anterior a las Fuerzas Armadas decomisar el material de la consulta, previo a que se realizara, ante una solicitud de la Fiscalía.
Así, el Poder Judicial se manifestó el día de ayer y ante los acontecimientos dejó constancia de “que si el origen de las acciones del día de hoy estaba basado en una orden judicial emitida por juez competente, su ejecución está enmarcada dentro de los preceptos legales (…) Y debe desarrollarse –continúa– contra todo lo que ilegalmente se interponga para devolver al Estado de Honduras el imperio de la ley.”
Honduras, haciendo honor de sus profundidades se sume en un conflicto que ha sido incapaz de resolver por la vía institucional y democrática. Deberá permitir entonces que terceros como la OEA y el SICA, por ejemplo, busquen una válida salida al problema. Las declaraciones del alborotador de Caracas sólo vienen a polarizar injustificadamente la situación y a diferir su resolución.

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