Es fundamental antes de tomar la decisión de contratar, estar claros y seguros del interés nacional, en el objeto contratado

Sinceramente

¡Huelga y seguridad jurídica!

La seguridad jurídica de país se ha visto cuestionada con razón o sin ella, seriamente a lo largo de las últimas décadas.
Así, licitaciones internacionales adjudicadas para la prospección petrolera y de gas han quedado en el limbo. La construcción de una carretera recientemente por razones de interés público fue descartada y por mutuo acuerdo se rescindió el contrato y se pagó el finiquito. Otra espera el sí definitivo.
Caso particular fue el de mina Crucitas. Las pérdidas de la empresa inversionista fueron crecidas. Sería esperable que en el viaje a Canadá, el señor Presidente de Costa Rica sea interpelado respecto de la inseguridad jurídica por potenciales inversionistas y autoridades de aquel país compatriotas de la empresa minera.
En muchos casos el país se ha visto llevado ante los tribunales internacionales de conciliación y arbitraje.
Ahora sufre el país de una huelga de los trabajadores de Japdeva en contra de la concesión de la central portuaria de Moín, adjudicada a APM. Contrato que ha ido avanzando trabajosamente entre requisitos y demandas superadas ante los tribunales de justicia, interpuestas aparentemente por los trabajadores sindicalizados de Japdeva.
El consorcio internacional invitado a construir una central portuaria, que el país requiere con urgencia, se ha visto confrontado por los trabajadores de Japdeva que desean para ceder derechos presuntos, recibir presuntos beneficios compensatorios. Está la moneda en el aire para APM como está para las empresas chinas y para la refinería Soresco. Del resultado para APM se derivarán consecuencias serias para Costa Rica.
En otra época bastó un pelo del bigote para cerrar con absoluta seguridad un trato entre personas. En otra época la firma de un contrato o de una escritura bastó para erigir una empresa y para construir un país. Ahora las decisiones tomadas, firmadas y consolidadas se tratan de vulnerar de manera clara y con carácter retroactivo.
La razón la podemos encontrar en la percepción social de corrupción en esos contratos y negocios.
Creo que es fundamental antes de tomar la decisión de contratar, estar claros y seguros del interés nacional, en el objeto contratado. Creo que las empresas extranjeras se han visto muy disuadidas por los cambios de criterio acusados en el camino. Creo que los inversionistas que buscan estabilidad en las inversiones y en el desarrollo de los proyectos deben estarse cuestionando ideas como las de imponer impuestos a quienes se trajeron al país al amparo de las exoneraciones en zonas francas.
Las reglas estables de largo plazo son fundamentales para captar ahorro e inversión del exterior que complemente nuestro desarrollo y nos provea tanto de recursos como de tecnología. La arbitrariedad, la ruptura y rescisión de contratos aun con pago de finiquitos hacen un profundo daño a Costa Rica. Así no se construye un país.
El Gobierno y sus adversarios políticos deben ser mucho más serios en la preservación de la palabra empeñada y en el respeto de las contrataciones hechas, de lo contrario nadie querrá hacer negocios con Costa Rica.

Emilio Bruce

Profesor
ebruce@racsa.co.cr

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