Igualdad de oportunidades

Juan Manuel Villasuso jmvilla@racsa.co.cr | Viernes 21 diciembre, 2007

Las reformas económicas realizadas en Costa Rica en las dos últimas décadas han generado una creciente tensión entre el uso del mercado como mecanismo de asignación de recursos y la desigualdad en la distribución del ingreso. Algunos economistas y políticos han criticado al sistema de mercado y de libre competencia como un mecanismo que estimula la desigualdad social y limita el desarrollo de los más pobres.

Las argumentaciones han colocado en el centro del debate conceptos como igualdad y libertad que, a pesar de ser ideales compartidos, esconden tras de sí complejidades que conducen a contradicciones de difícil solución. Por ejemplo, ¿es factible definir y llevar a la práctica políticas públicas que preserven y promuevan la libertad y la igualdad de manera simultánea?

Algunos autores apuntan hacia la construcción de una teoría sobre la igualdad de oportunidades basada en la diferenciación de los resultados generados por las decisiones individuales, en contraposición a aquellos impuestos por factores externos como la condición social, racial o de género.

Desde luego, estos análisis no escapan a críticas con relación a la factibilidad de las soluciones propuestas, especialmente aquellas vinculadas con la capacidad de las sociedades para medir qué porcentaje de los resultados, satisfactorios o no, en la vida de una persona depende de sus decisiones autónomas y cuánto depende de factores que escapan de su control.

Por otra parte, un concepto muy utilizado en la teoría de la justicia distributiva es el de “igualdad de resultados”. Básicamente, la igualdad de resultados implica que los individuos deben alcanzar un nivel equivalente en determinadas variables claves como ingreso, bienestar, esperanza de vida o “felicidad”. De esta forma, la política social de un gobierno debe estar basada en la idea de homologar el valor de estas variables entre todos los ciudadanos.

Sin embargo, el hecho de que las personas obtengan los mismos resultados en el transcurso de sus vidas, las puede eximir de responsabilidad individual y, por ende, deteriorar su libertad. Es claro que al existir un gobierno que, de una u otra forma, redistribuya los recursos de manera tal que los resultados en el largo plazo estén determinados para todos los miembros de la sociedad no deja mucho espacio para la iniciativa individual, la competencia y la superación personal.

En este sentido, un sistema “rawlsiano” de justicia distributiva tiene ciertas características basadas en la igualdad de resultados. Rawls supone que los individuos no conocen a priori cuáles serán sus posiciones dentro de la sociedad, por lo que preferirían un sistema donde exista un mínimo de igualdad de resultados que los proteja de la probabilidad de ubicarse en posiciones de bajos ingresos o de marginación.

Debido a las consideraciones anteriores, las democracias occidentales modernas han basado su teoría de la justicia social en la igualdad de oportunidades más que en la igualdad de resultados. En Costa Rica esta visión ha estado presente, al menos en el discurso político, casi desde siempre, aunque muchas veces haya sido únicamente retórica.

En forma dialéctica podría proponerse que la igualdad de oportunidades implica, en la mayoría de los casos, asignar desde lo público cantidades desiguales de recursos, con la finalidad de permitir que los integrantes de la colectividad tengan la misma oportunidad de alcanzar ciertos resultados deseables.

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