Impuesto quebraría a agricultores
Ernesto Villalobos evillalobos@larepublica.net | Lunes 21 febrero, 2011
Nueva plataforma de tasación de propiedades aumenta su valor hasta en un 1.400%
Impuesto quebraría a agricultores
250 mil empleos en riesgo por “novedoso” valor de la tierra
A sus 70 años, don Diego Rosales se pregunta seriamente a qué se va a dedicar durante el resto de sus días.
Lo anterior porque la finca cafetalera con la que pudo formar a sus hijos, pasó de valer ¢3,6 millones a ¢53,2 millones; esto hace impagables los impuestos territoriales de esta.
Junto a él, 250 mil costarricenses más pierden el sueño tratando de dilucidar una forma de cumplir con el fisco, y continuar generando no solo lo que se come el país, sino el 36,3% de las exportaciones nacionales.
La responsable de tal realidad es la Nueva Plataforma de Valores por Zonas Homogéneas, reforma promovida por el Partido Liberación Nacional, en el gobierno anterior, y la actual administración de Laura Chinchilla.
Se trata de un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y ejecutado por un consultor extranjero; entregado a las municipalidades hace un año y que debería ser aplicado para calcular los nuevos precios de todas las propiedades del país.
Su mayor pecado es considerar políticas que no distinguen entre una hectárea dedicada a la producción de papa, y un centro comercial de 10 mil metros cuadrados.
“La ley no valora si uno lleva 30 años produciendo hortaliza, en una parcela que ahora está rodeada de condominios o centros comerciales. Los nuevos impuestos son tan altos que sencillamente no se pueden pagar. Si no se hace una modificación, ningún productor podrá continuar con su negocio”, afirmó Guido Vargas, secretario general de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios.
Ante la realidad que viven 16 ayuntamientos del país, pues los demás aún no aplican las nuevas modalidades de tasación, los productores de la tierra y pecuarios han lanzado un grito en busca de auxilio.
La semana anterior, la Presidencia de la República recibió una representación de todos los sectores agrícolas, para tratar de incluir una modificación al reglamento vigente de la Ley de Impuestos Inmuebles, como parte de los proyectos que los diputados valorarán en las sesiones extraordinarias.
“Después de la concentración y la marcha en San José, doña Laura le encomendó a don Marco Vargas coordinar una salida a este problema. Estamos hablando, ni más ni menos, de la comida de todos los costarricenses”, añadió el representante agrícola.
Pero si bien la cita presidencial efectivamente integró una comisión que analice la factibilidad de hacer una distinción en el tipo de tierras, para aplicar una tasación diferenciada en el cobro del impuesto territorial, el análisis que hacen los gobiernos locales, aleja esa posibilidad.
Mientras los agricultores plantean una baja del porcentaje de dicho impuesto (del 0,25% al 0,1%), los defensores de los gobiernos locales afirman que eso haría quebrar a más de la mitad de los municipios.
“El impuesto territorial que recaudan las municipalidades representa el 50% de sus ingresos; por eso no podemos pensar en hacer una modificación a la ley. Lo que promoveremos es aplicar diferencias en las plataformas de tasación, según la realidad de cada cantón”, definió Juan Marín, ministro de Descentralización y Desarrollo.
Si bien el problema del cobro de un impuesto territorial muy elevado, podría sonar exclusivo de la provisión alimentaria, tal medida afecta directamente al sector exportador, pues el 36% de las ventas al exterior son producidas en la tierra.
Ernesto Villalobos
evillalobos@larepublica.net
Impuesto quebraría a agricultores
250 mil empleos en riesgo por “novedoso” valor de la tierra
A sus 70 años, don Diego Rosales se pregunta seriamente a qué se va a dedicar durante el resto de sus días.Lo anterior porque la finca cafetalera con la que pudo formar a sus hijos, pasó de valer ¢3,6 millones a ¢53,2 millones; esto hace impagables los impuestos territoriales de esta.
Junto a él, 250 mil costarricenses más pierden el sueño tratando de dilucidar una forma de cumplir con el fisco, y continuar generando no solo lo que se come el país, sino el 36,3% de las exportaciones nacionales.
La responsable de tal realidad es la Nueva Plataforma de Valores por Zonas Homogéneas, reforma promovida por el Partido Liberación Nacional, en el gobierno anterior, y la actual administración de Laura Chinchilla.
Se trata de un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y ejecutado por un consultor extranjero; entregado a las municipalidades hace un año y que debería ser aplicado para calcular los nuevos precios de todas las propiedades del país.
Su mayor pecado es considerar políticas que no distinguen entre una hectárea dedicada a la producción de papa, y un centro comercial de 10 mil metros cuadrados.
“La ley no valora si uno lleva 30 años produciendo hortaliza, en una parcela que ahora está rodeada de condominios o centros comerciales. Los nuevos impuestos son tan altos que sencillamente no se pueden pagar. Si no se hace una modificación, ningún productor podrá continuar con su negocio”, afirmó Guido Vargas, secretario general de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios.Ante la realidad que viven 16 ayuntamientos del país, pues los demás aún no aplican las nuevas modalidades de tasación, los productores de la tierra y pecuarios han lanzado un grito en busca de auxilio.
La semana anterior, la Presidencia de la República recibió una representación de todos los sectores agrícolas, para tratar de incluir una modificación al reglamento vigente de la Ley de Impuestos Inmuebles, como parte de los proyectos que los diputados valorarán en las sesiones extraordinarias.
“Después de la concentración y la marcha en San José, doña Laura le encomendó a don Marco Vargas coordinar una salida a este problema. Estamos hablando, ni más ni menos, de la comida de todos los costarricenses”, añadió el representante agrícola.
Pero si bien la cita presidencial efectivamente integró una comisión que analice la factibilidad de hacer una distinción en el tipo de tierras, para aplicar una tasación diferenciada en el cobro del impuesto territorial, el análisis que hacen los gobiernos locales, aleja esa posibilidad.
Mientras los agricultores plantean una baja del porcentaje de dicho impuesto (del 0,25% al 0,1%), los defensores de los gobiernos locales afirman que eso haría quebrar a más de la mitad de los municipios.
“El impuesto territorial que recaudan las municipalidades representa el 50% de sus ingresos; por eso no podemos pensar en hacer una modificación a la ley. Lo que promoveremos es aplicar diferencias en las plataformas de tasación, según la realidad de cada cantón”, definió Juan Marín, ministro de Descentralización y Desarrollo.
Si bien el problema del cobro de un impuesto territorial muy elevado, podría sonar exclusivo de la provisión alimentaria, tal medida afecta directamente al sector exportador, pues el 36% de las ventas al exterior son producidas en la tierra.
Ernesto Villalobos
evillalobos@larepublica.net