INA avanza en implementación de ley para mejorar la empleabilidad del talento humano

Con el objetivo de mejorar las oportunidades de empleo para las personas, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) cumplió con la primera fase de implementación de la Ley para el Fortalecimiento de la Formación Profesional para la Empleabilidad, la Inclusión Social y la Productividad.

Esto con la aprobación de los reglamentos en materia de Ayudas Económicas y Becas, Adquisiciones, Acreditación y Aval Técnico, que permitirá ampliar su cobertura mediante el otorgamiento de becas, para que las personas, además de los cupos que ofrece el instituto, puedan cursar carreras en centros que ofrecen servicios alineados con las oportunidades de empleo.

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A su vez, el INA podrá realizar inversiones de manera más ágil, en términos de infraestructura y equipamiento, incrementando la calidad de los servicios que se brindan a la población estudiantil.

Que las personas estudiantes puedan cubrir costos de internet, cuido, entre otros, así como acreditación del INA a nivel nacional e internacional a servicios educativos que imparten centros públicos y/o privados, son otros aspectos de las nuevas reglamentaciones.

Por otra parte, la segunda fase del proyecto de ley conlleva la ejecución de las becas durante próximos meses del 2021, para ampliar cobertura y fortalecer los niveles de empleabilidad del talento humano.

Para ello, se han iniciado labores con organizaciones y empresas del sector productivo, con el fin de determinar sus necesidades ocupacionales y articular los servicios de capacitación y formación profesional.

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“Todas las acciones que desarrollemos para mejorar la empleabilidad de las personas, por un lado, potencia su acceso al mundo del trabajo de calidad, también mejora la productividad de las empresas, así como, se liga con las gestiones que realiza el país en materia de atracción de inversión y desarrollo de las actividades productivas nacionales”, dijo Andrés Romero, presidente ejecutivo del INA.

Finalmente, la tercera fase implica la creación de un nuevo régimen de empleo para optimizar la gestión del recurso humano, en apego al uso eficiente de los recursos públicos y los derechos laborales de las personas funcionarias.