Carlos Ricardo Benavides considera que compañeros se equivocaron
Inclusión de universidades en ley de empleo público hace aflorar contradicciones en Liberación
U estatales redactaron moción que después fue aprobada por legisladores
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Miércoles 03 marzo, 2021
La inclusión o no de las Universidades Públicas en la ley de empleo público quedó en duda, cuando los propios diputados de Liberación Nacional se contradijeron al respecto.
Y es que legisladores como Carlos Ricardo Benavides, expresidente del Congreso y exjefe de la bancada verdiblanca, cuestionaron la aprobación de una moción, que supuestamente permitiría a los centros de enseñanza superior autogestionarse en materia salarial.
En principio, las U estatales redactaron la moción que después fue aprobada por los legisladores.
La comisión que estudia la ley de Empleo Público aprobó una moción cuyo efecto sería excluir los salarios de las universidades de la regla general, otorgando a sus autoridades la posibilidad de auto regularse y por ende auto aprobarse pluses salariales?⤵️ pic.twitter.com/a5l2QPhj6o
— Carlos Ricardo Benavides (@CRBenavidesJ) March 2, 2021
Las universidades deben tener la potestad de brindar apoyo técnico al Servicio Civil para que considere sus condiciones específicas y se retribuya adecuadamente la especialización académica. Nunca para auto imponer salarios, pues precisamente eso fue lo que permitió los abusos⤵️ pic.twitter.com/OyWgMO6e2U
— Carlos Ricardo Benavides (@CRBenavidesJ) March 2, 2021
Este medio trató de conversar con Benavides, pero no fue posible todavía.
Sin embargo, Luis Fernando Chacón, jefe del PLN y Karine Niño, subjefa del PLN, aclararon que la moción aprobada en cuestión, solo pretendía garantizar la autonomía universitaria, pero jamás excluirlas de la ley de empleo público.
“Debemos aclarar que las universidades están en la ley de empleo público. En ningún momento las hemos excluido. Las mociones 89,90 y 91 lo que pretendían era buscar un punto medio para aclarar al sector universitario, que la ley no pretende coadministrar las universidades y romper con su autonomía, pero en materia salarial, estarán sujetas a la columna de salario global", dijo Luis Fernando Chacón, jefe del PLN.
El salario más alto en las universidades se pagaría a una funcionaria de la Universidad de Costa Rica con ¢9,9 millones, mientras que habría secretarias y guardias en esa casa de enseñanza que devengan ¢1,7 millones, según datos de la Caja a finales del año pasado.
En total, más de 3.600 trabajadores ganan más de ¢2 millones al mes en las U públicas.
“La autonomía es la mejor expresión de un pueblo democrático y así lo comprendieron nuestros antepasados, quienes la protegieron al otorgarle rango constitucional. La tutela de la autonomía implica la defensa de beneficios directos para la población del país. Por ejemplo, la posibilidad que tienen las universidades de abrir centros o sedes en regiones que necesitan educar a sus pobladores, o la de implementar sistemas de matrícula que favorezcan a población vulnerada económicamente”, dijo Francisco González, rector de la UNA.
Establecer un mismo salario para los empleados públicos con iguales responsabilidades, le permitiría al Estado ahorrar más de ¢314 mil millones al año en promedio, según las estimaciones que hace Pilar Garrido, ministra de Planificación.
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El ahorro se generaría al congelar los pluses salariales de las mejores remuneraciones del sector público, ya que los funcionarios que tengan un salario por encima del sueldo estándar, no podrán recibir aumentos de ningún tipo.
En los casos en que el trabajador gane menos que el salario único, existirá la posibilidad de hacer un ajuste hacia arriba, por lo que el Estado tendrá que invertir ¢32 mil millones para incorporar al salario global a los 28 mil funcionarios que hoy ganan menos de la remuneración estándar que se fijará.
Sin embargo, este traslado no implicaría un impacto en las finanzas públicas, ya que el Gobierno aplicará a partir del 2021 y por 12 años, la regla fiscal que prohíbe el aumento por costo de vida en las remuneraciones para todo el sector estatal, cuando la deuda pública supere el 60% del PIB.
De esta forma, los salarios públicos quedarían congelados hasta 2033, cuando se prevé que haya un retroceso en el nivel de la deuda.
Al aplicar dicho instrumento y aprobar la ley de empleo público, se lograría un ahorro en el primer año de 0,6% del PIB (¢209 mil millones), mientras que para el año 14, el ahorro superaría el 0,9% del PIB (¢314 mil millones) al año, explicó Pilar Garrido, ministra de Planificación.
