Inder: nueva visión del desarrollo rural
| Martes 10 abril, 2012
Inder: nueva visión del desarrollo rural
El artículo del señor Arturo Jofré, publicado en La República el 23 de marzo de este año, permite realizar un análisis interesante de su posición, en que enumera algunos desaciertos del actual Instituto de Desarrollo Agrario (IDA).
El proyecto de transformación del IDA en una institución especializada en el desarrollo rural, culminó con su aprobación en segundo debate, por parte del 73,6% de los diputados, después de un proceso de casi cinco años, que vinculó a dos administraciones de Gobierno e involucró a productores de zonas rurales. No constituyó un acto aislado de un grupo de políticos con intereses creados, porque partió del señalamiento de la Contraloría General de la República de variar el rumbo de la institución, para generar desarrollo en las zonas rurales, superando el enfoque de los asentamientos y orientándose en los territorios rurales; con criterios de equidad, transparencia y participación ciudadana.
Anoto lo anterior para señalar “que quienes más celebraban esta decisión en las graderías del Congreso eran los ‘gavilanes de la tierra’… quienes efusivamente compartían el triunfo con políticos” y la otra que indicó que “las tierras que se repartieron a los agricultores de Cañas terminaron en manos de grandes finqueros”; tuvieron muchísimas oportunidades en la Asamblea Legislativa, para expresar y documentar sus dudas e inquietudes; para introducir en el articulado de la ley mecanismos de control ciudadano y mejoras técnicas a los procesos que debe conducir el nuevo Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
No se vale ser juez y parte, porque es en la Asamblea Legislativa donde deben construirse las reglas del juego de la nueva institución. También hubo en las barras un numeroso grupo de funcionarios honrados y comprometidos, junto a campesinos de iguales calidades.
Pueden estar seguros los ciudadanos de las zonas rurales de que la nueva ley es explícita y clara en los mecanismos que tiene la sociedad rural para tener acceso a las decisiones, al uso y al control de los recursos del Inder.
Los desaciertos en la gestión del IDA y la intervención de la Contraloría General de la República, representaron una oportunidad para realizar las investigaciones de denuncias y prácticas anómalas por parte de políticos y funcionarios, el replanteamiento de los procesos de adquisición y asignación de tierras y el desarrollo de los asentamientos.
La Presidencia de la República y el ente contralor son conocedores de las medidas que la Dirección Superior del IDA ha tomado y continúa tomando contra las malas prácticas y los abusos.
Las denuncias sobre actos anómalos y abusos pueden ser tramitados ante la Presidencia Ejecutiva y la Contraloría de Servicios de la institución. La ciudadanía activa en los territorios rurales será el mejor vigilante “de gavilanes y otros bichos desde el inicio, porque sus fines son nobles”.
Rolando González Ulloa
Presidente ejecutivo del IDA
El artículo del señor Arturo Jofré, publicado en La República el 23 de marzo de este año, permite realizar un análisis interesante de su posición, en que enumera algunos desaciertos del actual Instituto de Desarrollo Agrario (IDA).
El proyecto de transformación del IDA en una institución especializada en el desarrollo rural, culminó con su aprobación en segundo debate, por parte del 73,6% de los diputados, después de un proceso de casi cinco años, que vinculó a dos administraciones de Gobierno e involucró a productores de zonas rurales. No constituyó un acto aislado de un grupo de políticos con intereses creados, porque partió del señalamiento de la Contraloría General de la República de variar el rumbo de la institución, para generar desarrollo en las zonas rurales, superando el enfoque de los asentamientos y orientándose en los territorios rurales; con criterios de equidad, transparencia y participación ciudadana.
Anoto lo anterior para señalar “que quienes más celebraban esta decisión en las graderías del Congreso eran los ‘gavilanes de la tierra’… quienes efusivamente compartían el triunfo con políticos” y la otra que indicó que “las tierras que se repartieron a los agricultores de Cañas terminaron en manos de grandes finqueros”; tuvieron muchísimas oportunidades en la Asamblea Legislativa, para expresar y documentar sus dudas e inquietudes; para introducir en el articulado de la ley mecanismos de control ciudadano y mejoras técnicas a los procesos que debe conducir el nuevo Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
No se vale ser juez y parte, porque es en la Asamblea Legislativa donde deben construirse las reglas del juego de la nueva institución. También hubo en las barras un numeroso grupo de funcionarios honrados y comprometidos, junto a campesinos de iguales calidades.
Pueden estar seguros los ciudadanos de las zonas rurales de que la nueva ley es explícita y clara en los mecanismos que tiene la sociedad rural para tener acceso a las decisiones, al uso y al control de los recursos del Inder.
Los desaciertos en la gestión del IDA y la intervención de la Contraloría General de la República, representaron una oportunidad para realizar las investigaciones de denuncias y prácticas anómalas por parte de políticos y funcionarios, el replanteamiento de los procesos de adquisición y asignación de tierras y el desarrollo de los asentamientos.
La Presidencia de la República y el ente contralor son conocedores de las medidas que la Dirección Superior del IDA ha tomado y continúa tomando contra las malas prácticas y los abusos.
Las denuncias sobre actos anómalos y abusos pueden ser tramitados ante la Presidencia Ejecutiva y la Contraloría de Servicios de la institución. La ciudadanía activa en los territorios rurales será el mejor vigilante “de gavilanes y otros bichos desde el inicio, porque sus fines son nobles”.
Rolando González Ulloa
Presidente ejecutivo del IDA