Inseguridad supera capacidad del Gobierno
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Martes 15 febrero, 2011
Políticas para atenuar crecimiento del crimen y la violencia no dan resultados efectivos
Inseguridad supera capacidad del Gobierno
Homicidios casi se duplican en menos de cinco años
Costa Rica cede terreno en su lucha contra la inseguridad ciudadana. El crimen en general ha proliferado en la última década, a pesar de los esfuerzos y planes de los gobiernos de turno.
Las razones son muchas, pero se resumen en una descomposición gradual del tejido social. Pobreza, desigualdad de ingresos, pérdida de valores, malas relaciones interpersonales y la desconfianza, que destruyen a la sociedad.
Por otra parte, la débil capacidad del Estado para prevenir, la descoordinación interinstitucional y la falta de recursos, disminuyen las acciones gubernamentales para enfrentar este flagelo.
Los datos demuestran el deterioro. Los robos se incrementaron en un 35% en la última década, pasando de una tasa de 67 personas a 90 personas por cada 10 mil.
La evolución de la inseguridad ciudadana ha sido fuertemente impactada por el aumento en la presencia de drogas. Siete de cada diez costarricenses consideran que el consumo de drogas es el principal problema de seguridad en su comunidad. El número de aprehensiones por posesión de sustancias ilegales se incrementó 14 veces entre 2003 y 2009.
Por otra parte, las armas registradas pasaron de 7 mil a 14 mil entre 2007 y 2008, prueba de que la inseguridad es un tema de gran preocupación entre los nacionales.
Mientras tanto, los homicidios casi se duplican en menos de cinco años. El Organismo de Investigación Judicial reportó 280 en 2004, mientras que al terminar 2009, se investigaron 525.
“Mientras existan personas en desventaja social, vamos a tener las condiciones necesarias para que un sector de esa población busque solventar parte de esas deficiencias por medio de la delincuencia”, indicó Roberto Pineda, sociólogo de la Universidad Nacional.
“Se requiere no tanto de leyes y castigo, sino de nuevas formas de atender a quienes están en vulnerabilidad social. Otro de los graves problemas en este tema, es que todos hablan de inseguridad, se hacen y se hacen diagnósticos, pero al final no se realizan las acciones concretas”, agregó.
Un plan de acción pretende devolverles la tranquilidad a los costarricenses en un plazo de diez años. La política integral y sostenible de seguridad ciudadana para la promoción de la paz social para Costa Rica, fue dada a conocer ayer por Laura Chinchilla, presidenta de la República.
El documento incluye un diagnóstico de la inseguridad en el país, así como seis metas y líneas estratégicas para revertir el panorama.
La propuesta fue elaborada con el aporte de organizaciones, instituciones, líderes comunales, partidos políticos y autoridades, quienes dieron a conocer su punto de vista sobre la inseguridad y las principales acciones que se deben ejecutar para luchar contra ella.
La política de seguridad hace hincapié en muchos de los puntos que ya se incluyen en el Plan Nacional de Desarrollo. La profesionalización de la Fuerza Pública, el involucramiento de los gobiernos locales, la permanencia de jóvenes en las aulas y la creación de un sistema nacional de prevención, son algunos de ellos.
“El país ya lo venía constatando. Meras acciones correctivas, aisladas y puntuales contra la delincuencia han probado ser insuficientes y en algunos casos hasta contraproducentes”, expresó Chinchilla.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
Inseguridad supera capacidad del Gobierno
Homicidios casi se duplican en menos de cinco años
Costa Rica cede terreno en su lucha contra la inseguridad ciudadana. El crimen en general ha proliferado en la última década, a pesar de los esfuerzos y planes de los gobiernos de turno.
Las razones son muchas, pero se resumen en una descomposición gradual del tejido social. Pobreza, desigualdad de ingresos, pérdida de valores, malas relaciones interpersonales y la desconfianza, que destruyen a la sociedad.
Por otra parte, la débil capacidad del Estado para prevenir, la descoordinación interinstitucional y la falta de recursos, disminuyen las acciones gubernamentales para enfrentar este flagelo.
Los datos demuestran el deterioro. Los robos se incrementaron en un 35% en la última década, pasando de una tasa de 67 personas a 90 personas por cada 10 mil.
La evolución de la inseguridad ciudadana ha sido fuertemente impactada por el aumento en la presencia de drogas. Siete de cada diez costarricenses consideran que el consumo de drogas es el principal problema de seguridad en su comunidad. El número de aprehensiones por posesión de sustancias ilegales se incrementó 14 veces entre 2003 y 2009.
Por otra parte, las armas registradas pasaron de 7 mil a 14 mil entre 2007 y 2008, prueba de que la inseguridad es un tema de gran preocupación entre los nacionales.
Mientras tanto, los homicidios casi se duplican en menos de cinco años. El Organismo de Investigación Judicial reportó 280 en 2004, mientras que al terminar 2009, se investigaron 525.
“Mientras existan personas en desventaja social, vamos a tener las condiciones necesarias para que un sector de esa población busque solventar parte de esas deficiencias por medio de la delincuencia”, indicó Roberto Pineda, sociólogo de la Universidad Nacional.
“Se requiere no tanto de leyes y castigo, sino de nuevas formas de atender a quienes están en vulnerabilidad social. Otro de los graves problemas en este tema, es que todos hablan de inseguridad, se hacen y se hacen diagnósticos, pero al final no se realizan las acciones concretas”, agregó.
Un plan de acción pretende devolverles la tranquilidad a los costarricenses en un plazo de diez años. La política integral y sostenible de seguridad ciudadana para la promoción de la paz social para Costa Rica, fue dada a conocer ayer por Laura Chinchilla, presidenta de la República.
El documento incluye un diagnóstico de la inseguridad en el país, así como seis metas y líneas estratégicas para revertir el panorama.
La propuesta fue elaborada con el aporte de organizaciones, instituciones, líderes comunales, partidos políticos y autoridades, quienes dieron a conocer su punto de vista sobre la inseguridad y las principales acciones que se deben ejecutar para luchar contra ella.
La política de seguridad hace hincapié en muchos de los puntos que ya se incluyen en el Plan Nacional de Desarrollo. La profesionalización de la Fuerza Pública, el involucramiento de los gobiernos locales, la permanencia de jóvenes en las aulas y la creación de un sistema nacional de prevención, son algunos de ellos.
“El país ya lo venía constatando. Meras acciones correctivas, aisladas y puntuales contra la delincuencia han probado ser insuficientes y en algunos casos hasta contraproducentes”, expresó Chinchilla.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net