Más grupos de ilegales provenientes de Norteamérica pueden venir en las próximas semanas, según el gobierno
Jefe del PLN cree que la imagen de Costa Rica se puede “ensuciar” por la deportación conjunta de migrantes con EE.UU.
Respeto de los derechos humanos reclama la Defensoría de los Habitantes
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Viernes 28 febrero, 2025
Costa Rica, reconocida internacionalmente por su defensa de los derechos humanos, enfrenta el riesgo de ver empañada su imagen internacional debido a su papel como puente migratorio para la deportación de ilegales desde Estados Unidos, según advirtió Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN).
La preocupación surge tras la llegada de 200 migrantes deportados desde territorio estadounidense, en un proceso que ha sido cuestionado por la Defensoría de los Habitantes por la falta de información, asistencia humanitaria y valoración médica adecuada para los repatriados, entre los que se encontraban niños, bebés, mujeres y adultos mayores.
Izquierdo señaló que la participación de Costa Rica en este esquema podría afectar la percepción internacional del país, especialmente si no se garantizan los derechos humanos de las personas deportadas.
“Me parece que no solamente la imagen se puede ver afectada, debemos tener muchísimo cuidado con lo que está sucediendo”, afirmó el legislador.
Se trata de ilegales procedentes de países como Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán, Georgia y China, entre otros.
El diputado enfatizó la necesidad de clarificar las condiciones en las que ingresan los migrantes y advirtió sobre la posibilidad de que algunos, dependiendo de su estatus, puedan quedarse en el país.
La incertidumbre sobre el trato recibido por los niños y la ausencia de personal especializado como el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) agravan las críticas al proceso.
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El viceministro de Gobernación, Omar Badilla, ha señalado que es probable que más grupos de migrantes sigan llegando al país como parte de este puente migratorio.
En ese sentido, Izquierdo expresó su preocupación por la falta de claridad en la situación y anunció que el PLN solicitará al gobierno y a la Cancillería información detallada sobre las condiciones de ingreso y el destino de los migrantes.
La situación se produce en un contexto en el que Costa Rica ha estrechado su relación con Estados Unidos, con acontecimientos como la adopción de la tecnología 5G bajo condiciones impulsadas por Washington y la reciente visita de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos.
Esto ha despertado suspicacias sobre si el país está cediendo a presiones políticas que podrían comprometer su tradicional defensa de los derechos humanos.
“No puedo adelantarme a decir si todo está relacionado, pero lo que sí le puedo adelantar es que estaremos revisando la situación migratoria de todas las personas que estén ingresando”, subrayó Izquierdo.
Sobre este tema, el presidente Rodrigo Chaves ha bajado el tono de la denuncia, al señalar que se trata solo de un favor.
“Ahora vienen los Estados Unidos, que nos está tratando muy bien y nosotros a ellos también, porque somos colaboradores cercanos (…) Estamos ayudándole al hermano económicamente poderoso del norte, a quien si nos ponen un impuesto en zona franca nos friegan, –que no creo que lo vayan a hacer– y además, amor con amor se paga. 200 (migrantes) vienen, los tratamos bien y se van”, dijo Chaves.
Defensa de derechos humanos
La Defensoría de los Habitantes ha reiterado su llamado al gobierno para garantizar los derechos fundamentales de los migrantes y fortalecer los mecanismos de asistencia humanitaria, en momentos en que la reputación humanitaria de Costa Rica podría estar en juego.
“El abordaje actualmente realizado por la Defensoría de los Habitantes se enfoca en dar garantía de respeto de derechos humanos para las personas deportadas de Estados Unidos y con mayor atención en las personas menores de edad, mujeres en estado de embarazo y adultos mayores. De ahí nuestra presencia como institución observadora activa en el Aeropuerto Juan Santamaría y en el CATEM en la frontera sur, donde se ha estado monitoreando la situación desde el ingreso a nuestro país y ya dentro del territorio nacional”, dijo la Defensoría en una respuesta a este medio.
