Jueces protagonistas

El reciente rifirrafe entre la presidenta Cristina Fernández y la Corte Suprema de Justicia de la Nación no es simplemente un episodio anecdótico de la política argentina. Los jueces de la más alta instancia judicial detuvieron los planes de Fernández de, según ella, “democratizar la justicia”. Se trataba de unos polémicos proyectos que, entre otras cosas, buscaban que los miembros del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de nombrar a los jueces, fueran electos mediante voto popular. Una iniciativa ampliamente criticada porque suponía un grave riesgo de que se politizara la selección de la judicatura. Los desencuentros entre la presidenta y los jueces no son nuevos, hace unos meses la polémica estuvo centrada en la declaratoria de inconstitucionalidad de la llamada ley de medios, con la cual el gobierno pretendía limitar al poderoso Grupo Clarín, acérrimo adversario de Fernández.
La semana anterior la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos concluyó que los matrimonios entre personas del mismo sexo no quebrantaban a la longeva constitución norteamericana. Los jueces en España, de otro lado, han ocupado, en los últimos meses, las primeras planas de la prensa al negarse a aplicar una despiadada ley de desahucios que ha condenado a la miseria y empujado, en algunos casos, al suicidio a quienes sucumbieron frente la burbuja inmobiliaria que tantos problemas ha traído después a la abatida economía española.
Esto no es cosa menor, porque habla de una ruptura, de un cambio de paradigma. Tradicionalmente la judicatura no representó un problema para los otros brazos del Estado, la idea de frenos y contrapesos, como mecanismo de controlar el ejercicio del poder fue solo un postulado teórico. En la práctica las demandas ciudadanas no fueron resueltas en la arena judicial.
En la actualidad, en cambio, muchos de los debates se han desplazado del poder legislativo o del poder ejecutivo hacia el poder judicial. Esto tiene pros y contras, sin duda. Costa Rica no ha sido la excepción, por décadas el perfil de la judicatura no fue distinto. Quizás el caso más célebre es el de la justicia constitucional; sentencias de enorme trascendencia así lo documentan. Sin embargo, no es el único. Hay más, por ejemplo, el tema de la minería a cielo abierto fue zanjado, en definitiva, por un tribunal contencioso-administrativo. Los otros poderes fueron incapaces de resolver la cuestión y así fue hábilmente llevada hasta el aparato de justicia. También, aún menos conocido, está el caso de los jueces de ejecución de la pena que desde hace varios años, incluso antes que lo hiciera la Sala Constitucional, han plantado cara a los serios problemas de hacinamiento carcelario que padece el país.
El cambio, se dice, responde a muchos factores: pérdida de confianza en los otros poderes, flexibilización de los requisitos de acceso a los tribunales, impacto del discurso de derechos humanos, etc. Con todo, a pesar de las críticas sobre los sistemas judiciales, como decía recientemente la escritora Rosa Montero, “una serie de jueces se están convirtiendo, para muchos, en los únicos interlocutores institucionales válidos ante las angustias de la sociedad”. Esa condición de interlocutores obliga a que los esfuerzos por mejorar la calidad de quienes aspiran a ser jueces deba ser una constante, el impacto de las decisiones judiciales puede ser enorme. Pero también obliga a conjurar los intentos de quienes, aquí y allá, se vean tentados, ante sus propios fantasmas, a convertir a los aparatos judiciales en un instrumento más al servicio de sus intereses. Ambos retos son requisito indispensable para construir la justicia, al menos un tipo de Justicia.

Marco Feoli V.
@marcofeoli