Justicia tributaria desde sus bases: Conciencia fiscal

Alejandra Esquivel alejandra.esquivel.guzman@gmail.com | Jueves 13 diciembre, 2018

“Los impuestos son el precio que pagamos por vivir en una sociedad civilizada” (Oliver Wendell Holmes). Con la ley N°9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas publicada el martes 4 de diciembre en el diario oficial La Gaceta, en conjunto con iniciativas paralelas, el Ministerio de Hacienda robustece sus facultades, entre otras materias, para combatir la elusión y la evasión.

“A partir de febrero 2019, la Administración Tributaria empezará a recibir la información necesaria para conformar el registro de accionistas, según lo estipula la Ley de Lucha contra el Fraude. A ello se suma una norma de subcapitalización, que limita el excesivo gasto financiero; la norma antiparaíso que restringe los gastos que se hagan a empresas que residen en paraísos fiscales y la que evita las asimetrías híbridas (doble no pago de impuestos o doble deducción de impuesto a nivel internacional), todas incluidas en la nueva Ley 9635.

También está la cláusula antielusiva para desconocer maniobras tendientes a erosionar la base imponible; el fraccionamiento artificioso de la actividad económica (no se podrá separar un negocio completo en negocios pequeños para eludir al Fisco); la regulación para separar los elementos patrimoniales por actividad económica de los personales, y el impuesto a las ganancias de capital”.

Además de los objetivos de transparencia en la gestión de los recursos y transmisión de conocimiento sobre la importancia del sistema fiscal, debe darse un mensaje de no impunidad ante los infractores (bien lo ha hecho la señora ministra Rocío Aguilar. En este sentido, debemos tener en cuenta que los defraudadores, principalmente, actúan con base en dos circunstancias: la posibilidad de ser descubiertos y la sanción a la que se enfrentas en dicho caso, en contraposición al costo del pago de impuestos.

Como bien sabemos, a las administraciones públicas y, concretamente, al Gobierno, se les asignan una serie de funciones necesarias para dar solución a aquellos aspectos en los que el mercado no puede obtener un resultado satisfactorio. En materia de finanzas públicas, los ingresos fiscales son la pieza clave para mantener la sostenibilidad del Estado del Bienestar. En un momento de crisis como el actual, es trascendental profundizar en la lucha contra el fraude, como herramienta fundamental para el logro de dicho objetivo. Sin embargo, cabe plantear una interrogante que en múltiples ocasiones se han debido hacer los gobiernos preocupados por la incidencia del fraude fiscal sobre la coyuntura fiscal de un país: ¿Es posible que, partiendo de una mayor educación fiscal e información detallada y transparente sobre las diferentes medidas impositivas aprobadas, así como de la utilización responsable de los recursos por parte de sus gestores (que conste contra una rendición de cuentas efectiva), mejore la actitud de la población ante el pago de impuestos?

La lucha contra el fraude fiscal, dentro de un marco de incremento de la comunicación e información a la población, contribuirá a su concienciación. El mayor grado de comprensión y conocimiento hacia el funcionamiento de los ingresos y los gastos públicos, deriva sin duda alguna en una mayor disposición hacia el pago de impuestos.

Podemos encuadrar el significado de consciencia fiscal dentro de la definición de “la relación que tienen los ciudadanos con el aporte al gasto público en concordancia con su capacidad contributiva y en función de los principios que inspiran el sistema impositivo —principio de justicia, por ejemplo—”.

En segundo lugar, su definición puede hacer referencia al “conocimiento y las vivencias de cada individuo sobre los valores o principios que inspiran el sistema impositivo, que se encuentran vigentes en nuestra sociedad y que cada persona moldea según su propia experiencia con el fenómeno tributario”. Al respecto, podemos decir que existen dos aspectos claves para ayudar a profundizar en la concienciación de los ciudadanos sobre la importancia del fraude fiscal, que tienden a converger en:

1. Por un lado, cómo se utilizan los recursos detraídos a través del sistema impositivo.

2. Y por otro, cuáles son los beneficios obtenidos por los ciudadanos como contraprestación al pago de impuestos.

Respecto al primero de estos puntos, evidentemente, si el ciudadano considera que los recursos provenientes de “su esfuerzo”, son despilfarrados o mal utilizados y más aún si son desviados, de alguna manera, del erario público, su conciencia fiscal mermará considerablemente y aumentará su tolerancia ante aquellos que, de modo fraudulento, evaden tributar por su actividad económica.

En este sentido un esfuerzo de transparencia y de aumento de la información a la ciudadanía, puede y, de hecho, debe ser el primer paso hacia la confianza de los individuos en la Hacienda Pública, aumentando su conciencia fiscal. La utilización responsable de los recursos no es un tema obvio y, por tanto, los gestores de los mismos deben, en contrapartida a un aumento de la conciencia fiscal de la ciudadanía, incrementar su propia educación fiscal, siendo conscientes en cada momento del esfuerzo que supone para la población contribuir al sistema público.

Respecto al segundo aspecto, que se basa en el conocimiento de los ciudadanos de los beneficios a los que acceden como contraprestación al pago de impuestos, podemos matizar que, cuando el individuo es consciente de que los derechos que posee están íntimamente ligados a sus deberes y de que gracias a la existencia de un sistema impositivo puede beneficiarse de una serie de bienes y servicios públicos que, de otra manera no podrían existir, incrementa la actitud positiva hacía el pago de impuestos, implicándose de manera activa en la efectividad del sistema fiscal… En este sentido, el rol que juegan los medios de comunicación es también de gran importancia.

Por tanto, ¿cuáles son los objetivos a los que se enfrenta la administración en orden a concienciar a los ciudadanos en la necesidad de luchar contra el fraude y la economía sumergida?

Existe un “objetivo estratégico principal”, cual es el de incrementar el nivel de sensibilización fiscal de los ciudadanos, para cuyo logro se hace necesario el seguimiento de unas determinadas líneas de actuación:

1. Mejorar la concienciación individual (educación cívico-tributaria).

2. Cambiar los comportamientos de tolerancia social al fraude (necesidad de implementar un barómetro fiscal).

3. Modificar la percepción de impuestos y su aceptación social.

4. Modificar la percepción de ineficiencia e ineficacia en el gasto público.

Por un lado, existe necesidad de recaudar para poder invertir posteriormente en gasto público: gasto productivo, servicios públicos y gasto social (pensiones, sanidad, educación y servicios sociales) y por otro, deben impulsarse medidas que mejoren la eficiencia en el gasto utilizando de manera responsable los recursos detraídos.

En segundo lugar, las actuaciones anteriores deben vincularse con una adecuada estrategia de comunicación, dirigidas al refuerzo de la conciencia tributaria. Asimismo, es importante agilizar y facilitar la relación con el contribuyente a través de medios digitales (generando externalidades positivas por la adecuación de las mismas a las necesidades de la población).

En el entorno de austeridad presupuestaria, la mejor herramienta para combatir la tolerancia frente al fraude fiscal, además de la propia lucha contra el mismo, es la profundización en la educación fiscal, la cual debe impulsarse desde los niveles educativos tempranos (colegio al menos). El ciudadano debe tomar conciencia de que el principal perjudicado del fraude es el propio contribuyente, así como la sociedad en su conjunto. Bajo este enfoque, debemos ser capaces de transmitir que la caída de la recaudación tributaria, así como una gestión ineficiente de la misma, repercuten en el nivel de bienestar social.

Doña Rocío ha mostrado una actuación decidida y contundente que muestra a los ciudadanos el interés de los gestores públicos de este gobierno, por la correcta administración de los recursos. Esta conducta no ha sido tan palpable en muchas otras administraciones anteriores, lo que ha dañado la confianza de la ciudadanía en el sistema no solo hacendario, sino en “casi todo” el sistema político. Estamos en un punto de quiebre en el que urge mostrar que la aportación de los costarricenses se utiliza de manera eficaz y eficiente para realizar las tareas propias del sector público, del crecimiento económico, asignación y distribución equitativa de los recursos, con el fin de lograr una sociedad más justa y próspera.

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