La comida y el salario son el límite de las huelgas

Vladimir de la Cruz vladimirdelacruz@hotmail.com | Miércoles 17 octubre, 2018

La comida y el salario son el límite de las huelgas

Con motivo de los últimos artículos que he escrito sobre la huelga y sus dirigentes, como de su fallida capacidad de negociación, me preguntan dos personas, que si los dirigentes sindicales del pasado tenían mayor capacidad de negociación, que si esa capacidad se debía a que los movimientos sindicales de entonces estaban dirigidos por partidos políticos, y de paso me preguntan sobre los dirigentes comunistas y su capacidad de negociación. Igualmente, me preguntan sobre el pago de salarios durante los días de huelga.

En todas las huelgas, por iniciadas, se ponen en tensión dos fuerzas, la de los trabajadores organizados con sus sindicatos y sus líderes sindicales, y al frente los representantes patronales, del sector privado o del sector público, según sea el caso.

El punto de la discusión de las huelgas es el pliego de peticiones o los aspectos que se discutan, que dan motivo a la suspensión de labores.

Son los trabajadores los que inician las huelgas cuando sienten que su situación se ha deteriorado, se han violado derechos fundamentales garantizados en la Constitución Política y las leyes laborales, se han disminuido sus beneficios económicos y sociales, surgidos de los contratos de trabajo o de la negociación colectiva, o se sienten amenazados con actos patronales, o cuando también se trata de mejorar esas condiciones, generalmente por vía de las convenciones colectivas. No recuerdo ninguna acción sindical que haya surgido porque la parte patronal la impulse reclamando situaciones en su favor de lo que ha tenido pactado con los trabajadores.

Sí sucede que cuando se activa el proceso de una huelga, resultado de un agotamiento de conversaciones para mejorar una convención colectiva de trabajo, la parte patronal allí sí puja por reducir aspectos que estaban pactados, lo que es normal en ese tipo de negociaciones. Cuando se discuten convenciones colectivas ya existentes, para revalidarlas o hacer una nueva, allí sí ambas partes afinan en todos los extremos existentes la nueva negociación. Pero, en la práctica, lo que se pone en evidencia de discusión generalmente es un pequeño grupo de artículos de la convención, tanto de parte de los trabajadores como de la patronal.

Los movimientos de protesta que hemos tenido en estas semanas, y que continúan, principalmente, por parte de los sindicatos magisteriales, no están ligados a discutir negociación colectiva, incluso al Sindicato de Educadores Costarricenses se la acaban de revalidar. Tampoco se ha puesto en entredicho una lista de perjuicios en sus beneficios económicos, sociales y laborales que haya justificado el movimiento.

Ha sido claro que es una lucha contra un Proyecto de Ley, contra el Proyecto de Ley de Reforma Fiscal, que coloca la lucha en el nivel político y no laboral.

El resultado de negociaciones al que se llegó, con un documento que los 22 dirigentes sindicales que estaban esa noche-madrugada, en el Palacio Arzobispal, no fue firmado por ninguno de ellos en ese acto, a pesar de haber estado de acuerdo con su redacción como texto, demostrando que no tenían la facultad, ni la capacidad, ni el liderazgo suficiente para asumir la responsabilidad de lo pactado y redactado ante sus bases sindicales, y que al llevarlo a sus asambleas y consultas, tampoco tuvieron la entereza de defender lo que ellos habían pactado y corredactado en ese documento, y las bases se les sublevaron negando el documento, rechazándolo, y con ello cuestionando y rechazando su condición de dirigentes y líderes sindicales.

Respecto a las preguntas que me hicieron, que originan este comentario, el movimiento sindical del país, antes de 1990 estaba dirigido principalmente en sus confederaciones nacionales, en sus federaciones y sindicatos, principalmente por líderes sindicales que respondían a partidos políticos, que militaban en ellos, que esas organizaciones sindicales eran los brazos sindicales de esos partidos políticos, y estas organizaciones en la práctica se identificaban con estos partidos, que eran Vanguardia Popular, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. También dirigieron sindicatos y federaciones el Partido Socialista Costarricense y el Movimiento Revolucionario del Pueblo. Y todos estos partidos en distintas épocas dirigieron huelgas, especialmente contra el gobierno, en el sector central y descentralizado. Más recientemente el Partido de los Trabajadores y las tendencias políticas trotskistas tratan de influir directamente en algunos movimientos sindicales y sus luchas.

Los dirigentes sindicales de entonces estaban curtidos en una sólida formación política, respondiendo a los intereses de cada partido, a la visión política de sus partidos y al modelo de sociedad que propiciaban. Tenían un reconocimiento de líderes efectivo y tenían la capacidad de pactar, tomar acuerdos y llevarlos a sus bases sindicales para informarles de lo pactado y acordado, para recibir el apoyo de ese acuerdo, ya tomado.

Es claro que en cada acuerdo resultado de estas luchas los dirigentes sindicales sabían cuáles eran sus extremos de negociación, qué era lo esencial y qué era lo accesorio, qué era lo que se peleaba principalmente y qué se podía sacrificar o negociar en beneficio de lo esencial. Y así se llegaba a los acuerdos.

También es importante señalar que las huelgas en Costa Rica todas, exceptuando unas pocas, fueron declaradas ilegales. Y que aun así se negociaba una salida satisfactoria para los trabajadores, que incluía el pago de los salarios durante los días que se habían dejado de trabajar, el no despido de trabajadores ni de interinos y alguna otra cuestión.

Esos dirigentes sindicales tenían una formación política, que les permitía apreciar el entorno político-social, la situación económica general, la coyuntura que se vivía, y sobre todo la perspectiva de sus partidos políticos en el actuar nacional.

Hoy la dirigencia sindical carece de este vínculo partidario. Por ello se enfrenta prácticamente a todos los partidos políticos, y a todos los gobiernos, a todas las instituciones políticas, sin poder sustituir a los partidos políticos en su representación parlamentaria, y sin tener brazos parlamentarios, diputados, que respondan o reflejen a esos movimientos sindicales. Lo que hoy tienen son diputados que de una u otra manera se identifican con esta lucha sin que los puedan representar orgánicamente como sí sucedía antes de 1990 en las luchas sindicales. Y cuando tienen de referencia a los 14 diputados de Restauración Nacional, en la lucha contra la Reforma Fiscal, no se sienten bien representados y les da miedo también que estos diputados y su partido se puedan constituir en una gran fuerza política catalizadora de la lucha popular, por la agenda de derechos humanos que ese partido enarbola. Y el único diputado, que podría ser su vocero, choca en el Parlamento con la presencia de la Ministra que ese mismo partido tiene en el Consejo de Gobierno, que apoya la política y las acciones relacionadas con el Proyecto de Reforma Fiscal y las que se estarán tomando resultado de la declaratoria de ilegalidad de las protestas.

Los comités de huelgas en el pasado podían pactar, poner fin a la huelga, llegar a acuerdos básicos, algunos trascendentes. Era un núcleo de pocos dirigentes, todos ellos en posibilidad de actuar, de resolver y gozar de la confianza de sus trabajadores. Los sindicatos como sus partidos políticos tenían estructuras monolíticas de decisión.

En la lucha actual pareciera que esta confianza no se tiene, por eso también había dos representantes por cada uno de los sindicatos representados en las negociaciones con el gobierno, de allí, 11 sindicatos y 22 dirigentes de ellos, lo que era muy difícil de armonizar por la diversidad de fuerzas representadas.

Lo que algunos sectores de la Iglesia católica quieren ahora, en estos días, de ampliar más la representación popular en la discusión, de lo que sigue, no tiene ni pies ni cabeza en este momento, aunque parezca más democrático. Eso es llevar la discusión al infinito, en una forma de espiral que difícilmente pueda lograr acuerdos, y mantener mayor zozobra en la estabilidad institucional nacional.

El pago de salarios siempre es la amenaza directa a los trabajadores. En la práctica si se deja de trabajar se deja de percibir el salario. Eso es lo real. Y si se deja de trabajar se puede perder el empleo, eso también es real.

Sucede que se ha ganado en la lucha sindical que mientras la huelga esté en desarrollo, y en trámite judicial, no se suspenden los salarios ni se toman medidas de represalias contra los trabajadores, como despidos.

De hecho desde el momento mismo que se deja el trabajo se podría dejar de percibir el salario hasta que la huelga se declare legal y por ello se pague lo no recibido como salario durante la huelga. Pero esto no está hoy aceptado así por los tribunales de justicia laboral. Se mantiene el pago de salario hasta la declaratoria de ilegalidad en firme. Declarada en firme la ilegalidad el salario recibido durante la huelga se puede recuperar por el patrono, privado o Estado, en cuatro tractos, rebajándoles a los trabajadores lo correspondiente en los siguientes cuatro salarios, lo correspondiente al tiempo que se ha dejado de laborar.

En el país se ha establecido la norma y la jurisprudencia de que hasta que se declare la ilegalidad de la huelga se pueden tomar este tipo de sanciones. La jurisprudencia siempre se puede cambiar, ese es el riesgo.

Declarada la ilegalidad tienen los trabajadores 24 horas para reintegrarse y poderse acoger a esta situación, de lo contrario pueden incurrir además en causal de despido.

Ahora bien, respecto a los lideres comunistas y sus pactos, que se me pregunta. Dos casos importantes, las Reformas Sociales de 1942 y 1943, y el Pacto de Ochomogo de 1948.

Respecto al Pacto de las Reformas Sociales se pusieron en tensión y en movimiento tres fuerzas políticas, el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia; la Iglesia católica, encabezada por el arzobispo Víctor Manuel Sanabria Martínez, y el Partido Comunista, encabezado por su secretario general, Manuel Mora Valverde.

El gobierno salió ganancioso por el apoyo brindado a su gestión, ante el debilitamiento político que tenía antes del Pacto.

La Iglesia logró el reconocimiento de su doctrina social cristiana como inspiradora de esta Reforma, con acuerdo de los comunistas. La Iglesia logró el reconocimiento de la Confederación Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum (CCTRN). Los comunistas hasta entonces dirigían la única central sindical del país, la Confederación de Trabajadores de Costa Rica (CTCR). Para los comunistas varias centrales sindicales era dividir y debilitar el movimiento sindical. Para la Iglesia, la central sindical que impulsaba era fortalecer el movimiento sindical porque a su parecer muchos trabajadores no ingresaban a la CTCR porque estaba dirigida por los comunistas, y la nueva CCTRN era una opción para fortalecer al movimiento organizado de los trabajadores. La Iglesia logró además que los comunistas le cedieran un campo en la representación sindical que tenían en la Caja Costarricense de Seguro Social. Los dos representantes comunistas eran Enrique Benavides y Rodolfo Guzmán. Sacaron a Enrique Benavides y la Iglesia metió al padre Benjamín Núñez, a quien había preparado para dirigir este movimiento sindical. La Iglesia logró que el Partido Comunista de Costa Rica cambiara de nombre por Vanguardia Popular, condición sine qua non para apoyar la alianza alrededor de la Reforma Social, y el Partido Comunista cambió de nombre.

El Partido Comunista, por su parte, logró mayor legitimidad, aliado al gobierno y a la Iglesia. Logró también que monseñor Sanabria sacara un documento público en el cual reconocía que los cristianos podían ingresar a la nueva organización Vanguardia Popular, “sin cargo de conciencia alguna”, es decir no era pecado ser comunista.

El Partido Comunista en junio de 1943 convocó a un Congreso Extraordinario para aprobar todos estos cambios y avalar y apoyar en todos sus extremos los acuerdos a los que había llegado su máximo dirigente Manuel Mora Valverde con apoyo de la Dirección Nacional del Partido en ese momento. Y el Congreso se pronunció apoyando esa decisión.

En 1948, igualmente, cuando se le pone fin a la Guerra Civil, asisten a Ochomogo Manuel Mora Valverde y Carlos Luis Fallas, por el Partido Vanguardia Popular, y por el Ejército de Liberación Nacional José Figueres y Benjamín Núñez. En Ochomogo no hubo representantes del gobierno ni de la Iglesia.

Figueres y Mora realizan las conversaciones y acuerdan los extremos para poner fin a la guerra y facilitar la entrada de Figueres a San José. Los extremos de este Acuerdo lo redacta Benjamín Núñez, que luego se los hace llegar a los comunistas. No todos los acuerdos de Ochomogo se cumplen como hubiera sido deseado, pero eso le puso fin a la guerra sin mayor derramamiento de sangre, donde los comunistas habían puesto el peso de los muertos.

A la Iglesia se había encargado coordinar el encuentro de la Embajada de México donde se conocería lo resuelto en Ochomogo y se integraría un Gobierno Provisional a cargo de Santos León Herrera, que le entregaría el gobierno a José Figueres, después de que Figueres había pactado con Otilio Ulate, que él, Figueres, se quedaría en el poder 18 meses.

Lo acordado en Ochomogo y en la Embajada de México, de suspender los combates y de entregar el gobierno en la forma pactada, los comunistas lo comunicaron a sus bases, y a sus combatientes, en una gran concentración que se hizo frente a las instalaciones de la CTCR, que estaban donde hoy está situado el Instituto Nacional de Seguros, frente al Parque España. En medio de llantos, de cólera, de enardecidos ánimos, de tiros al aire, de militantes que se negaron a dejar sus rifles y se retiraron disparando al aire, así se le puso prácticamente fin a la guerra civil.

Quienes llegaron al Acuerdo de Ochomogo y de la Embajada de México tuvieron la capacidad, en ese momento, de entender la situación del país, tuvieron el liderazgo de poder tomar esas difíciles decisiones, y de hacerlas valer a sus seguidores. No eran decisiones que podían discutirse ultrademocráticamente, ni de someterse a votación con militantes enardecidos. Eran responsabilidades que debían tomar quienes estaban al mando y al frente de las organizaciones políticas, que contaban con el apoyo, el respaldo y la confianza política de sus seguidores.

Cuando el Partido Vanguardia Popular dirigía las huelgas fuertes, especialmente en el Atlántico, o en el Pacífico, como fueron las huelgas bananeras, Manuel Mora siempre les preguntaba a sus dirigentes sindicales, grandes líderes sindicales, de una gran fortaleza moral, política y organizativa, de un liderazgo absolutamente reconocido, si los trabajadores durante la huelga todavía tenían comida y si todavía tenían dinero.

Para Manuel Mora sin lugar a dudas el límite de las huelgas estaba en esos extremos, la comida de los huelguistas y la capacidad económica para resistir en la huelga, porque en esas luchas, en esos tiempos, no había pago de salarios como hoy se tiene durante la huelga. Por eso había que hacer alrededor de ellas grandes movimientos de solidaridad de alimentos y comida en general y de ayudas económicas para los huelguistas.

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