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La crisis de la CCSS y la informalidad en Costa Rica

Edgar Robles Edgar_robles@yahoo.com | Viernes 27 diciembre, 2019

Eco del Mercado

Ecoanalisis

El Foro Económico Mundial calcula todos los años el Índice de Competitividad Global (ICG) entre un grupo de 141 países. En la última versión del año 2019, Costa Rica se ubicó en la posición 62, o sea, estamos a media tabla, aunque el país ha venido perdiendo posiciones de manera sistemática. Por ejemplo, en el último año descendimos 7 puestos en el ranquin y, tan solo hace 2 años, nuestro país se ubicaba en la posición 47. Esta situación se da por la mejora relativa de otros países en comparación con Costa Rica y porque nuestra calificación general ha descendido.

El ICG se divide en 12 pilares, los cuales a su vez se subdividen en distintas categorías. En el caso costarricense las categorías peor evaluadas son la prevalencia de tarifas no arancelarias sobre las importaciones (posición 116), la calidad de la infraestructura (posición 117), la tasa de homicidios (posición 124), la excesiva regulación del gobierno (posición 124) y las cargas sociales (posición 127). O sea, solamente en 14 países de los avaluados, las cargas sociales son más altas que en Costa Rica.

Las altas cargas sociales no son necesariamente un problema, pues muchos de los países que están peor calificados que Costa Rica en el ranquin son europeos que nos aventajan en desarrollo humano. Sin embargo, en esos países las cargas sociales corresponden con una mayor y mejor prestación de servicios públicos (salud, pensiones, carreteras, educación, etc.). Además, en estos países europeos, los trabajadores gozan de una mayor productividad, lo que se ve reflejado en mayores niveles salariales para poder enfrentar las altas cargas sociales.

Sin embargo, la situación de Costa Rica es muy diferente, pues un grupo de su población trabajadora no genera ingresos suficientes para poder cubrir su consumo básico y las cargas sociales. Esto es consecuencia del bajo nivel educativo y de las fallas del Estado en la provisión de servicios públicos. Por lo tanto, las altas cargas sociales obligan a muchos costarricenses a lanzarse a la informalidad, dando origen a una fragmentación del mercado laboral, en donde el sector informal ha venido creciendo en los últimos años.

De hecho, el siguiente gráfico muestra la evolución del empleo informal de acuerdo con la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos. La tendencia es preocupante, pues la tasa de empleo informal ha pasado de un 35,7% de la población ocupada en el IV trimestre del 2011 a 46.3% en la última medición del III trimestre del 2019. En términos absolutos, en estos 8 años, la cantidad de informales creció de 684.957 trabajadores a 1.000.418, un aumento de 46%. Esta situación pone a Costa Rica cada vez más cerca del promedio de América Latina, con una tasa de informalidad del 55%, cuando hace unos años éramos un ejemplo junto con Chile y Uruguay, de los países con la menor tasa de informalidad de la región.

Mayores problemas. En días recientes, finalmente la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha aceptado que el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se encuentra cerca de la insolvencia. Esto no debería ser sorpresa para nadie, pues desde el año 2011 se denunció que los actuarios de la CCSS maquillaban los estudios para presentar una situación irreal del IVM. El problema es que se plantea, dentro de las soluciones, un incremento sustancial en las cuotas de cotización, o sea, mayores cargas sociales.

Esto aceleraría la tendencia al incremento en la tasa de informalidad del país, lo cual llevaría a reducir la base de cotizantes de la CCSS y a adelantar el punto de insolvencia financiera del IVM. Además, como la tasa de informalidad es mayor entre los estratos de la población más pobres, el incremento en las cuotas causaría un mayor éxodo de ellos a la formalidad y a futuro implicaría mayores demandas de pensiones no contributivas con cargo a presupuesto nacional.

En lugar de aumentar las cuotas, deberíamos disminuir las cargas sociales, para promover el empleo, mediante el traslado de algunas de ellas a impuestos generales. Además, deberíamos ir migrando el IVM hacia un sistema de cuentas nocionales. Este tema será ampliado en artículos posteriores.

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