La lucha por el presupuesto universitario es absolutamente justa, necesaria y democrática

Vladimir de la Cruz vladimirdelacruz@hotmail.com | Miércoles 23 octubre, 2019

Pizarrón

En lo único que las Universidades públicas no gozan de autonomía es en su materia económica. Dependen de lo que les asigne el Estado en su Presupuesto Nacional. Las universidades públicas no tienen un sistema económico propio, ni una moneda propia.

Cuando solo existía la Universidad de Costa Rica, antes de 1973, se le asignaba un porcentaje del Presupuesto Nacional de Educación, el 10%., que era en ese entonces una cifra inferior al monto correspondiente del 6% que tenía el Poder Judicial como presupuesto propio.

Esto hizo que en esos días los dirigentes estudiantiles del Frente de Acción Universitaria, que era la organización comunista estudiantil, fundada a finales de 1966 y que inició sus luchas en 1967, se planteara la necesidad de luchar por un Presupuesto justo para la Universidad de Costa Rica, repito, la única Universidad existente en esos días.

Así iniciamos la lucha por darle a la Universidad el 6% del Presupuesto Nacional. Fue una lucha intensa que convocó a marchas, huelgas, paros, con Asambleas Universitarias, como la de 1971, cuando allí nos enfrentamos al Gobierno, al entonces Ministro Oscar Arias Sánchez. Culminó con la Gran marcha por el 6%.

A la medianoche del día que se iba a realizar la Marcha del 6% el Presidente José Figueres nos envió a la Federación de Estudiantes al Dr. Luis Burstin, con el mensaje de que nos reuniéramos en su casa en Curridabat, que él quería hablar con los dirigentes de la Huelga y de la Marcha. Acordamos asistir, y, entre otros dirigentes del momento, fuimos, si la memoria no me falla, Oscar Madrigal, Francisco Barahona, Constantino Urcuyo, Vladimir de la Cruz.

El Presidente Figueres, después de un inicio muy tenso que tuvo la reunión, nos propuso suspender la Huelga y la Marcha. Nosotros le dijimos retire el Proyecto de Ley que tenía en la Asamblea Legislativa restrictivo en su aspecto económico contra la Universidad. Dijo que no le retiraría y mantuvimos la huelga y la Marcha para las horas siguientes.

La marcha fue exitosa. No se pudo frenar a Figueres, pero se había creado la trinchera de lucha y la conciencia necesaria para entender que la defensa del presupuesto universitario era una de las cuestiones más importantes de la vida universitaria, era un asunto de la agenta permanente de la Universidad, en tanto anualmente había que pelear el dinero para la Universidad, para su funcionamientos, para sus programas docentes, científicos, de investigación, de acción social, de proyección regional, dado que desde 1967 se venía proyectado con el inicio de los centros regionales, como el Turrialba y el San Ramón, la construcción de la Biblioteca “Carlos Monge Alfaro” a inicios de la década de 1970, y otras edificaciones, así como en el fortalecimiento de las becas estudiantiles. Acabábamos de dar la lucha para que no se sustituyera el sistema de becas por el de CRECES, que era un sistema que quería imponerse con créditos para financiar los estudios universitarios, y otras luchas que en ese momento, y esos años, particularmente, 1967 – 1973, se dieron, que marcaron profundamente el desarrollo futuro de la Universidad de Costa Rica, que en cierta manera culminó con el III Congreso Universitario, 1971 – 1972, que marcó el viraje institucional, filosófico y político de la proyección universitaria a partir de ese Congreso, del compromiso de la Universidad con el desarrollo del país, de su crecimiento democrático, económico y social. “La Universidad es la conciencia lúcida de la Patria”, llegó a afirmar su Rector Claudio Gutiérrez Carranza.

La Universidad de Costa Rica desde su fundación en 1940 y de su apertura en 1941 se convirtió en una institución al servicio del país, del desarrollo económico, político y social, formando desde entonces a las personas que de distinta manera iban a ir proyectándose en el país en todas sus instancias. Fue una aliada innegable del sector empresarial y productivo formándole sus principales profesionales, científicos y técnicos. Lo sigue siendo en este aspecto.

La Universidad de Costa Rica fue un factor de fortalecimiento de la democracia política y social. Allí, en sus aulas mientras no hubo examen de admisión, hasta mediados de la década del 60, ingresaban estudiantes de todos los sectores sociales y económicos, de los distintos colegios privados, no muchos entonces, y públicos. Fue un factor de socialización social muy importantes. Y fue también un factor de movilización social, de ascenso social para quienes ingresaban y se graduaban en la Universidad. Hoy sigue siendo la Universidad ese factor de ascenso social, de posibilidades y oportunidades de mejoramiento social, y hasta se ha convertido en un índice de medición de pobreza y niveles económicos salariales para distinguir entre quienes están o no en las Universidades.

Las luchas políticas en la Universidad de Costa Rica, en medio de un período histórico convulso, desde mediados de la década del 60 y el primer lustro de la década del 70, condujo a que el Gobierno de José Figueres impulsara la apertura de las otras universidades públicas que empezaron a surgir en esos años, la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Nacional Estatal a Distancia (UNED) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITEC), con el propósito político de restarle influencia y presencia nacional a la Universidad de Costa Rica, por el papel progresista que se había alcanzado a su interior en el movimiento estudiantil en el docente, y en la Universidad como institución.

Políticamente el Gobierno de Figueres impulsó el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, también para llegar al sector juvenil desde la institucionalidad pública. En esos años las organizaciones políticas juveniles, estudiantiles y universitarias habíamos alcanzado niveles importantes de organización y de lucha. En 1975 la Federación de Estudiantes Universitarios fue ganada por la izquierda política, llevando de esa manera a su primer Presidente estudiantil a Alberto Salom Echeverría, resultado de una coalición político estudiantil, situación que ya habíamos logrado, de coalición electoral, desde 1972.

Políticamente, el Presidente José Figueres, nos arrebató una bandera de lucha que empezaba a agitarse después de todas esas movilizaciones y luchas estudiantiles, que era la del voto a los jóvenes mayores de 18 años. Por su iniciativa se impulsó la reforma constitucional que se aplicó para las elecciones de 1974.

Al surgir la UNA desde su primer año de arranque el gobierno de estudiantil fue ganado por la izquierda política.

Seguido a esta efervescencia político estudiantil, en el segundo lustro de la década del 70, se impulsó el desarrollo de las universidades privadas, cuando el profesor universitario Guillermo Malavassi Vargas impulsó la creación y fundación de la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA), generando a partir de ese momento un crecimiento enorme de universidades privadas y de institutos para universitarios privados, llenando necesidades especialmente de los miles de estudiantes que por razón de cupos universitarios en las universidades públicas quedaba al margen de esa posibilidad de estudios.

Al crearse las universidades públicas hubo necesidad de reformular la asignación nacional de recursos económicos para financiar el sistema de universidades públicas que había surgido. Así se reformó la Constitución Política y así fue creado el sistema de financiamiento que hoy se aprueba en el FEES, que debe aprobarse cada año, al momento de aprobar el Presupuesto Nacional de la República.

Desde entonces, cada año se ponen en tensión todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, académicas y estudiantiles, en torno al financiamiento público de las universidades. A los gobiernos de turno se les presenta como la oportunidad de chantaje y presión hacia las universidades y sus sectores, y a los sectores internos de las universidades, les surge, de manera constante, la lucha por la defensa del presupuesto destinado a las universidades, especialmente para evitar que lo reduzcan, para luchar porque se garantice la plenitud de sus recursos, y la eventualidad de mejorar los recursos para las Universidades para que puedan mejorar profundizar la importancia de su proyección en toda la dinámica institucional, económica, productiva, cultural, científica, educativa, técnica, de estarle generando al país, y a los sectores productivos, los cuadros académicos, profesionales, técnicos y científicos que se necesitan. Y seguir siendo ese espacio de fortalecimiento de la democracia política nacional. En este aspecto, desde 1940 hasta hoy, prácticamente toda la clase política gobernante, que ha gobernado o dirigido el país, desde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial ha sido formada en las Universidades públicas. Hoy también se puede medir un poco la presencia de las universidades privadas en la conducción de los Poderes públicos, pero en menor escala.

La lucha por la defensa del Presupuesto universitario, de los recursos financieros del FEES es una lucha absolutamente justa, necesaria y democrática. Es una lucha por fortalecer el sistema democrático nacional, por ampliar el régimen y el sistema de convivencia democrática que hemos alcanzado. Es una lucha permanente. Es una lucha, en su magnitud y proyección, en beneficio del pueblo costarricense.

La Gran Marcha de ayer es histórica. Afirma la lucha por la presencia de la Universidad pública como un elemento de consolidación de la democracia nacional.

En educación en general, primaria, secundaria o universitaria cualquier rubro económico que se destine a ella, no se considera un gasto del Gobierno. El dinero destinado al financiamiento de la educación es la mejor inversión social y política que se puede hacer por parte del Estado nacional, del gobierno de turno, la inversión más reproductiva del capital nacional.

La lucha por la defensa y ampliación del presupuesto nacional de educación superior siempre permanece izada, junto a la Bandera Nacional, y siempre atendida y vigilada ante las amenazas filibusteras, que surgen desde distintos ángulos de la realidad nacional, interesados en eliminar hasta donde sea posible el alcance y presencia de las universidades públicas, y por los sectores que desde la enseñanza privada afilan cuchillos constantemente por ver cómo se reparten el pastel de la educación superior pública, para hacer clavos de oro, como gran negocio, con la educación universitaria privada.

Esto es lo que está en juego cada año cuando se amenaza a las universidades públicas con reducir o intervenir su presupuesto nacional, garantizado constitucionalmente. Por ello es también una lucha en defensa de la Constitución Política en sus protección a la educación superior pública.

La lucha por el presupuesto universitario justo y necesario fue una lucha inicial de los estudiantes, del movimiento estudiantil organizado, a finales de los años 60s y principios de los 70s. Hoy es es una lucha que abrazó a los docentes y a los administrativos universitarios, pero que alcanza a las familias de todos los estudiantes que llegan a las aulas universitarias, y es una lucha para ampliar las posibilidades y oportunidades de estudios de aquellas familias que hoy no tienen hijos en las Universidades públicas.

La lucha por el presupuesto universitario es absolutamente justa, necesaria y democrática

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