La reducción de jornadas no debe terminar aún

Jairo S. Mena Arce

Economista & MPA

Cámara de Comercio de Costa Rica

La mejor forma que encontró el país para contener el COVID-19 fue cerrar los establecimientos de atención al público, aplicar restricciones vehiculares; lo cual detonómuchas consecuencias económicas en diversos sectores.

Si los negocios estaban cerrados, no se generabanventas y sin ventas, no habían ingresos, y sin ingresos, no había con qué pagar salarios.

Previendo esta situación, lo creadores de política públicapromovieron y aprobaron la Ley 9832: Autorización de reducción de jornadas de trabajo ante la declaratoria de emergencia nacional”. Esta Ley permitía que empleadores afectados por la crisis pudieran reducir la jornada de sus empleados y así no tener que despedirlos, o evitar que las empresas quebraran; esto por un periodo de tres meses, con dos posibles prórrogas de igual duración.

A pesar de que la apertura comercial se ha venido dandode manera ordenada y poco a poco, los comercios y otras empresas aún no pueden utilizar el 100% de su capacidad. Esto incentivó a que se utilizaran las dos prórrogas preestablecidas y se aprobara otra adicional mediante la Ley 9737.

Sin embargo, esta última extensión termina el próximo lunes 12 de abril.

Esto implica que, a partir del próximo lunes, los empleadores deben retornar al 100% de su planilla, cuando aún no se ha llegado al total de su operación.

El desempleo en Costa Rica alcanzó su punto máximo de 24,4% en julio 2020, desde ese momento su disminución ha sido lenta y completamente ligada a la reapertura comercial. El último dato disponible evidenció como el desempleo bajó de 19,1% en febrero a 18,5% marzo, lo que implicó una disminución de 0,6 pp (puntos porcentuales). Pero en el mes anterior la disminución fue de 0,9 pp y en el mes tras anterior de 1,3 pp; mostrando una tendencia de una reducción cada vez menor.

Esto refleja que la situación laboral del país, considerando las restricciones económicas que aún existen, está cercana a un equilibrio y aún ¡necesita ayuda!

Obligar a que el sector privado deba restablecer todo el empleo suspendido y reducido sin antes haberle permitido recuperar la totalidad de su clientela, sólo implicaría la quiebra de muchos negocios y la pérdida de gran cantidad de empleos para muchas familias.

Lamentablemente, mientras que no se pueda operar al 100% y la actividad económica no se restablezca por completo, la economía no será capaz de alcanzar y sostener los niveles de empleo que se tenían. Por lo que se hace necesario ampliar una vez más la posibilidad de reducir jornadas para evitar que la situación empeore y el desempleo vuelva a aumentar.