El estado de derecho que es el guardián de los derechos del individuo y garantía de una justicia ordenada y sistemática, nunca de linchamientos, es el primero que está siendo vulnerado de manera grave y sistemática. Así acusan que los magistrados son electos por los diputados que son políticos y corruptos, que obedecen a quienes los nombraron y les perdonan sus delitos

Sinceramente

¡La institucionalidad atacada!

Muchos costarricenses que no creen en la democracia, que no creen en el sistema de derecho, ni en la economía social, o el Estado solidario, han venido atacando todos los fundamentos de nuestro régimen un día sí y otro también.
Sus tesis residen en que la pobreza no se ha disminuido por debajo del 20% de la población, sus razones apuntan a que el mercado abierto y la globalización nos han afectado, en su perspectiva, negativamente nuestra economía, aumentando las brechas sociales entre quienes poco ganan y los que mucho tienen.
Atacan la existencia de los partidos políticos y han buscado eliminar toda traza de legitimidad en el liderazgo de la clase dirigente. Buscan establecer un régimen populista de “democracia directa” de “democracia de la calle”, con un líder carismático de izquierdas que vuelva el país hacia el estatismo, hacia un sistema en el que los votos cuenten menos, los partidos no tengan relevancia y todos los poderes del Estado sirvan el propósito del líder.
Estas personas no creen en la división de poderes. Desean que todos los poderes del Estado sean un solo pilar de la voluntad del mandatario y que el mismo pueda gobernar por vía de decretos, o por leyes que sean tan solo reselladas por el parlamento dócil y partidario de este sistema.
Desean que los jueces mantengan una absoluta parcialidad hacia el máximo dirigente populista del país y puedan hacer realidad las palabras dichas por Ernesto Guevara en el sentido de que para qué juicios y pruebas si esos son detalles burgueses anacrónicos y obsoletos. O sea transformar nuestra justicia en política y punitivista.
El Estado de derecho que es el guardián del individuo y garantía de una justicia ordenada y sistemática, nunca de linchamientos, es el primero que está siendo vulnerado de manera grave y sistemática. Así acusan que los magistrados son electos por los diputados que son políticos y corruptos, que obedecen a quienes los nombraron y les perdonan sus delitos. Que el Fiscal General es un político de un partido en particular, que no investiga y no persigue más que a los opositores de su partido de militancia. Claro, el objeto es golpear al sistema y desacreditar al Poder Judicial.
Resulta trascendental para la suerte de este país que los ciudadanos tomen conciencia de la encrucijada en la que este se encuentra. Es indispensable para todos estar claros y convencidos de que el país debe ser mejorado de manera consciente y continua, pero de allí a señalar que todo es perverso, corrupto e inconveniente es seguir el camino de los que quieren preparar el terreno para sustituir la democracia por un régimen político totalitario y populista.
El fortalecimiento del Estado de derecho y del Poder Judicial es la vía de fortalecer la institucionalidad que nos garantizará la supervivencia democrática. El fortalecimiento de los partidos políticos y la elección de los mejores es la vía para cerrar el paso a quienes desean crear caos antidemocrático. Los partidarios de las extremas nos llevan a sentir que la institucionalidad no es sino un amasijo de corrupción. El Estado debe modernizarse y las amarras que lo sujetan liberarse de nuevo. El Estado no funciona y la gente está desesperada.
Debemos estar alertas. Debemos estar conscientes de lo que sucede en nuestro entorno. Debemos agruparnos alrededor de partidos y líderes democráticos capaces y honestos. Debemos rechazar la estrategia que nos han tratado de aplicar para conducirnos dócilmente al autoritarismo populista. Tenemos la obligación de hacer funcional y eficiente a nuestra democracia.

Emilio R. Bruce

Profesor

ebruce@larepublica.net

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