La seguridad y la competencia municipal
| Martes 18 diciembre, 2007
La seguridad y la competencia municipal
En la última década, Centroamérica experimentó una creciente preocupación por la seguridad ciudadana. Las agendas se han desplazado de las amenazas externas a aquellas derivadas de la violencia y la criminalidad. Ello obligó al replanteamiento de los métodos, los enfoques y las políticas en las instituciones gubernamentales encargadas del tema.
Tales cambios incluyen mejoras en el ámbito ministerial, policial, de la administración de la justicia, sistema penitenciario, diálogo interinstitucional y, particularmente, un acercamiento e involucramiento de los actores locales en la formulación de las políticas públicas.
Algunas propuestas apuestan al fortalecimiento de acciones en materia social, como un mecanismo de prevención frente al delito y el incremento de la violencia. Ello implica el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas con el fin de evitar o ampliar las fronteras del riesgo social.
Otros enfoques refuerzan acciones de tipo penal y el incremento de las sanciones. Se privilegia el control del delito mediante el uso de los cuerpos policiales o, en su defecto, de los cuerpos militares. Las políticas de “Cero Tolerancia” o “Mano Dura”, refuerzan estos enfoques.
De otro lado, hay propuestas que privilegian los aspectos comunitarios en la prevención del delito. En este enfoque, se integran a los gobiernos locales y a la ciudadanía en las tareas de prevención. Se promueve, también, la colaboración entre autoridades centrales, los gobiernos locales y las comunidades. Estos esfuerzos aún son muy recientes, por lo que es necesario construir un enfoque desde la acción del gobierno local, particularmente en aquellas acciones de carácter preventivo.
Los gobiernos locales olvidan la valiosa contribución que pueden realizar a la seguridad de la ciudadanía realizando un ejercicio coherente y sistematizado desde sus tradicionales competencias. Estas acciones podrían convertirse en una primera línea de base, sobre la cual podría iniciar una política municipal en seguridad ciudadana con enfoque integral, preventivo y desde las competencias municipales.
Estas actividades tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo urbano, la regulación del uso del suelo, la regulación y control de espectáculos públicos, actividades de desarrollo económico local, la regulación del comercio; el mejoramiento de los mercados municipales, el ornato del territorio; la construcción de obra pública que mejora la seguridad de los y las peatones, sobre las cuales el gobierno local puede tener mayor control de los recursos y de las acciones.
Una segunda fase de acción pública tendría que vincularse con aquellas actividades en las cuales el gobierno local no posee total control sobre los recursos y necesita la obligada coordinación interinstitucional o intersectorial, con el fin de reunir los recursos no disponibles en el municipio.
Si se afirma que el gobierno local es la entidad estatal que mayor cercanía tiene con las personas, el enfoque competencial del gobierno local como una contribución integral, de carácter preventivo, a la seguridad, revaloriza su cercanía y la dimensión humana de las respuestas desde los gobiernos locales.
Daniel Matul Romero
Pasaporte 001-167-533
Coordinador Regional de Incidencia Política
Fundación para el Desarrollo Municipal en Centroamérica
Profesor Escuela de Ciencias Políticas UCR
Correo: dmatul@demuca.org danmatul@yahoo.com
En la última década, Centroamérica experimentó una creciente preocupación por la seguridad ciudadana. Las agendas se han desplazado de las amenazas externas a aquellas derivadas de la violencia y la criminalidad. Ello obligó al replanteamiento de los métodos, los enfoques y las políticas en las instituciones gubernamentales encargadas del tema.
Tales cambios incluyen mejoras en el ámbito ministerial, policial, de la administración de la justicia, sistema penitenciario, diálogo interinstitucional y, particularmente, un acercamiento e involucramiento de los actores locales en la formulación de las políticas públicas.
Algunas propuestas apuestan al fortalecimiento de acciones en materia social, como un mecanismo de prevención frente al delito y el incremento de la violencia. Ello implica el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas con el fin de evitar o ampliar las fronteras del riesgo social.
Otros enfoques refuerzan acciones de tipo penal y el incremento de las sanciones. Se privilegia el control del delito mediante el uso de los cuerpos policiales o, en su defecto, de los cuerpos militares. Las políticas de “Cero Tolerancia” o “Mano Dura”, refuerzan estos enfoques.
De otro lado, hay propuestas que privilegian los aspectos comunitarios en la prevención del delito. En este enfoque, se integran a los gobiernos locales y a la ciudadanía en las tareas de prevención. Se promueve, también, la colaboración entre autoridades centrales, los gobiernos locales y las comunidades. Estos esfuerzos aún son muy recientes, por lo que es necesario construir un enfoque desde la acción del gobierno local, particularmente en aquellas acciones de carácter preventivo.
Los gobiernos locales olvidan la valiosa contribución que pueden realizar a la seguridad de la ciudadanía realizando un ejercicio coherente y sistematizado desde sus tradicionales competencias. Estas acciones podrían convertirse en una primera línea de base, sobre la cual podría iniciar una política municipal en seguridad ciudadana con enfoque integral, preventivo y desde las competencias municipales.
Estas actividades tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo urbano, la regulación del uso del suelo, la regulación y control de espectáculos públicos, actividades de desarrollo económico local, la regulación del comercio; el mejoramiento de los mercados municipales, el ornato del territorio; la construcción de obra pública que mejora la seguridad de los y las peatones, sobre las cuales el gobierno local puede tener mayor control de los recursos y de las acciones.
Una segunda fase de acción pública tendría que vincularse con aquellas actividades en las cuales el gobierno local no posee total control sobre los recursos y necesita la obligada coordinación interinstitucional o intersectorial, con el fin de reunir los recursos no disponibles en el municipio.
Si se afirma que el gobierno local es la entidad estatal que mayor cercanía tiene con las personas, el enfoque competencial del gobierno local como una contribución integral, de carácter preventivo, a la seguridad, revaloriza su cercanía y la dimensión humana de las respuestas desde los gobiernos locales.
Daniel Matul Romero
Pasaporte 001-167-533
Coordinador Regional de Incidencia Política
Fundación para el Desarrollo Municipal en Centroamérica
Profesor Escuela de Ciencias Políticas UCR
Correo: dmatul@demuca.org danmatul@yahoo.com