Las consultorías

Las consultorías

No hay que dudar que el estado de Costa Rica requiera asesorías de consultores externos. No puede un gobierno de un país pequeño contratar en planilla todos los expertos que requiere para cumplir con los programas solicitados por los habitantes. Es probable que la mayoría de las contrataciones sean importantes y que realmente aportan al quehacer nacional.
Por ende sería una lástima que hubiera una reacción extremadamente fuerte de los representantes del pueblo (los diputados) con base en los eventos recientes, y que recortaran completamente estos rubros. Si lo hicieran podrían limitar severamente proyectos que son necesarios para el bien de la nación.
Cada vez que aparecen agujeros en el “barco del Estado” se corre a encerrar casi “toda la nave” y, como resultado, la capacidad de accionar de los gobernantes honestos se va limitando. Muchos de los atrasos en proyectos se producen a merced de trámites sobredimensionados, diseñados en el pasado con el fin de evitar abusos.
Pudiera ser inevitable esta reacción negativa si no aparecen “culpables” por lo ocurrido en días recientes, y que estos no recibieran los castigos establecidos por la ley. Una de las sensaciones que prevalecen entre el pueblo cuando hay “destapes” y posteriormente la impunidad, es la impotencia y la rabia; el instinto es de sobrerreaccionar y en este caso sería el de eliminar todo lo que es consultorías por los abusos de algunos.
Ojalá que prevalezcan las cabezas racionales, y que no se exacerbe el daño.
Lamentablemente ya se vislumbra la posibilidad de que no habrá nadie responsable, y que el Poder Ejecutivo intentará seguir adelante como si nada hubiera ocurrido.
Varios de los diputados no son tan “inocenticos” tampoco y pudieran decidir “no mover mucho el cayuco para no caer al agua ellos mismos”, cooperando así con el Ejecutivo en una movida protectora.
Si esto ocurriera la reacción entre el pueblo será el cinismo y la aparición de dudas severas con respecto al proceso democrático en general y de la gestión de esta administración en específico. Incluso ya aparecen marchas en la calle y protestas por la posible inacción frente al problema coyuntural.
Cuando hay $500 millones de consultorías en el presupuesto (la realidad de lo que aprobó la Asamblea Legislativa para 2012), y a ese monto hay que sumar los fondos aportados por instituciones multilaterales internacionales, da cabida a cuestionamientos, tomando en cuenta la poca “cosecha” de la administración actual. Cuando se suman los montos de consultorías presupuestadas en instituciones “autónomas” es evidente que estas constituyen el rubro de gastos “discrecionales” de mayor importancia del gobierno.
Quizás lo más increíble de todo lo que ha acontecido es que la administración está buscando alguna manera de castigar a los funcionarios en Tributación que, por motivaciones patrióticas, denunciaron los casos de marras. Es cierto que las declaraciones de la renta son confidenciales, pero el código penal debería establecer una base de protección para el que descubre falseos. Ojala que no tenga éxito la administración en esto.

Carlos Denton
cdenton@cidgallup.com