Ley de empleo público requiere solo de “correcciones técnicas” según Agustín Castro, ministro de Comunicación
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Martes 03 agosto, 2021 10:01 a. m.
El pronunciamiento de la Sala Constitucional deja claro que la ley marco de empleo público no contiene ninguna inconstitucionalidad en su tramitación y además avala la fijación del salario único global y las limitaciones a las convenciones colectivas, según Agustín Castro, ministro de Comunicación.
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Las ilegalidades que han señalado los magistrados, “son correcciones técnicas y factibles”.
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“Habrá que hacer algunas correcciones técnicas, para ajustar el texto a lo señalado por la Sala, pero todas son factibles y pronto la ley marco de empleo público será una realidad.. Estos son los elementos centrales para generar un ahorro sustancial, pero sobre todo razonabilidad y justicia en las remuneraciones a lo interno del sector público, así como entre éste y el sector privado”, dijo Castro.
El Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), las municipalidades, la Caja y las universidades públicas deben ser autónomas y el Ministerio de Planificación no puede ser el ente rector en materia de empleo, según resolvió la Sala IV.
La ilegalidad que señalaron los magistrados pretende garantizar la autonomía y evitar una intromisión de poderes.
Sin embargo, al mismo tiempo, la Sala validó el salario global o único para la administración estatal, lo que implicaría en la práctica que habría un salario estándar por puesto para todo el Estado.
El proyecto aprobado en primer debate por los legisladores no tiene vicios de procedimiento.
La polémica ley de empleo público pretende establecer un mismo salario por puesto laboral para toda la administración estatal.
De esta forma, los trabajadores que tengan una remuneración por encima del salario estándar que se fije en la ley, sufrirán un congelamiento de sus pluses y aumentos por costo de vida.
La medida afectaría a unos 270 mil empleados estatales y pretende ordenar los disímiles sistemas de remuneraciones en el aparato estatal, así como ahorrarle recursos al Estado.
