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Sala IV bajo presión por nuevos impuestos

Límite a gasto público le genera nuevos enemigos a reforma fiscal

País entraría en crisis sin recursos frescos

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Miércoles 24 octubre, 2018


Aguilar
“El país no aguanta más esta difícil situación fiscal. El proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas debe aprobarse, incluida la regla fiscal”, dijo Rocío Aguilar, ministra de Hacienda. Esteban Monge/La República


La regla fiscal que limitaría el gasto de las instituciones públicas, le genera nuevos enemigos a la reforma tributaria que pretende el gobierno de Carlos Alvarado.

Organizaciones que guardaron silencio durante el debate legislativo como la Defensoría de los Habitantes, la Caja Costarricense de Seguro Social e incluso la Corte Suprema, hablan ahora de una supuesta ilegalidad al restringir el gasto público.

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La preocupación se debe a que la camisa de fuerza contemplada en el plan fiscal, limitaría la inversión del Estado en bonos de vivienda, ayudas sociales, compra de nuevos equipos y construcción de nuevos hospitales, entre otras consecuencias.

Y es que si la ley se aprueba, el gasto corriente crecerá a partir de la regla fiscal según dos variables, a saber: el nivel de deuda del Gobierno central y el crecimiento promedio del PIB.

La regla fiscal también pretende evitar la aprobación de proyectos de ley en el Congreso sin fuente de financiamiento.

No obstante, la contención al gasto sería una violación al principio de separación de poderes, tal y como lo señaló Fernando Cruz, presidente de la Corte.

“Sí a la reforma tributaria, pero no a costa de la independencia judicial”, agregó Cruz.

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Sin embargo, si la reforma fiscal no se aprueba en el corto plazo, las tasas de interés de préstamos y tarjetas aumentarían, mientras que la inversión privada se contraería, generando menos oportunidades laborales.

La advertencia se da en momentos en que los siete magistrados de la Sala Constitucional se aprestan a conocer la legalidad de la propuesta fiscal.

La aprobación o rechazo del proyecto marcaría un punto de inflexión para el país, que está al borde de una crisis por el déficit fiscal que se estima en un 7% del PIB.

Empresarios, sindicatos, universidades, partidos políticos y diputados, la Defensoría de los Habitantes y hasta la propia Corte Suprema de Justicia, han aumentado la presión sobre los magistrados.


Divididos


El proyecto fiscal que fue aprobado en primer debate, ha generado una división profunda en el país entre los diversos sectores.

No

José Manuel Cordero

Defensor adjunto
Costa Rica

La regla fiscal puede limitar el crecimiento del gasto corriente de instituciones proveedoras de bienes y servicios básicos para la población, como educación, agua potable, seguridad, asistencia social y salud, entre otros. Esto a pesar de que algunas de estas instituciones no están vinculadas al presupuesto del Gobierno central, como la Caja que recibe sus rentas de fuentes no tributarias como las cuotas a la seguridad social.

Román Macaya

Presidente
Caja Costarricense Seguro Social

La junta directiva de la Caja solicitará a la Asamblea Legislativa que efectúe una consulta sobre la constitucionalidad de la regla fiscal que pone límites al presupuesto del Seguro de Salud.
Es un tema que preocupa a los integrantes de la junta directiva. Las finanzas de la Caja no inciden en el déficit fiscal.
Por otra parte, la institución está comprometida con hacer una inversión racional.

Henning Jensen

Rector
UCR

El Consejo Universitario acordó solicitar a la Asamblea que no se apruebe en segundo debate el proyecto fiscal, dados los vicios de inconstitucionalidad.
Se pretende reformar al artículo 78 de la Constitución Política al incorporar a su contenido instituciones estatales ajenas a las que el espíritu de la norma intentaba resguardar al otorgar el 8% del PIB a la educación.
Además, hay una modificación tácita en relación al concepto de autonomía universitaria.

Albino Vargas

Secretario
Patria Justa

Un total de 11 de 16 jueces coincidieron con el informe de la Dirección Jurídica de la Corte que determinó que el plan fiscal afecta la independencia del Poder Judicial desde el punto de vista presupuestario y en materia de empleo.
El proyecto fiscal ya no está infartado, ya huele a calas y la Sala IV debe frenarlo por altamente regresivo e ilegal.

A favor

Rocío Aguilar

Ministra Hacienda
Costa Rica

Frente al panorama que enfrentamos hoy, tengo la confianza en que los diferentes actores que deben participar en lo que sigue del proceso para contar con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tengan clara la trascendencia de aprobar esta reforma y evitar que el país entre de inmediato en una crisis que nos costaría muchos años revertir.
El país no aguanta más esta difícil situación fiscal, la cual debe revertirse cuanto antes.

Rodrigo Cubero

Presidente
Banco Central

El proyecto fiscal restablece gradualmente la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo.
Por su parte, en el corto plazo esta reforma fiscal puede contribuir a reducir las tasas de interés y mejorar las expectativas económicas, y de esa forma contribuirá también a impulsar el consumo, la inversión y el empleo.
En ausencia de medidas estructurales, la deuda del gobierno superaría el 100% del PIB en diez años.

Jeannette Ruiz

Presidenta
Banco Nacional

Esta legislación es necesaria para que Costa Rica cuente con acciones concretas para enfrentar el desequilibrio financiero en que se encuentra.
Por otra parte, dará señales claras de un verdadero compromiso por estabilizar la situación fiscal, para que Costa Rica disponga de finanzas saludables con las cuales pueda hacer frente a las obligaciones contraídas, tanto a nivel nacional como internacional.

Elian Villegas

Presidente ejecutivo
INS

En caso de no aprobarse el proyecto de ley, el INS ve presiones al alza en las tasas de interés e incremento en la percepción de riesgo país, lo cual redundaría en un crecimiento automático de la deuda pública y por tanto del déficit.
El crédito al sector privado sería mayor, generando una mayor incertidumbre del rumbo económico, habría una posible degradación en la calificación por parte de las calificadoras internacionales y un estancamiento del crecimiento económico, lo que impactaría en el desempleo.

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¿Impagable?


La deuda del país superaría los $30 mil millones para este año.
Este es otro ejemplo de la importancia de frenar el gasto (cifras de deuda en porcentaje sobre el PIB).

Año Deuda
2018 53,6
2017 49,2
2016 45,2
2015 41,0
2014 38,5
2013 35,9

Fuente: Ministerio de Hacienda




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