El contrato de concesión a APM, firmado en la administración Chinchilla, debe cumplirse en una Costa Rica que desea ser reconocida como un Estado de derecho con seguridad jurídica. Las reuniones convocadas ahora por el gobierno de Luis G. Solís, para llegar a un acuerdo con el sindicato de Japdeva, debieron suceder durante el gobierno anterior

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Los contratos se firman para cumplirlos

El final del problema surgido por la concesión otorgada a la empresa APM Terminals era previsible.
Ese contrato, firmado en la administración Chinchilla, debe cumplirse en una Costa Rica que desea ser reconocida como un Estado de derecho con seguridad jurídica.
Hoy solo podemos tratar de aprender acerca de lo que no se debe hacer si se pretende avanzar con paso firme y serio en el camino de nuestro desarrollo. Esto es, que no se pueden hacer cosas a medias.
Las reuniones que fueron convocadas ahora por el gobierno de Luis G. Solís, para llegar a un acuerdo con el sindicato de Japdeva, debieron suceder antes de la firma del contrato que incluye una cláusula que otorga exclusividad para la operación de contenedores a APM.
Hace unos 30 años, cuando se decidió apostar al modelo exportador en este país, y luego, con la firma de tratados comerciales que podrían significar mayor tráfico de mercaderías por nuestros puertos, es cuando se debió comenzar la ampliación y modernización del puerto en Limón.
Fueron 30 años de tiempo, que no es poco, para preparar al país a fin de enfrentar con éxito el modelo escogido. Una preparación que pudo evitar incertidumbres, temores, dolores de cabeza y huelgas.
Pero no fue eso lo que se hizo, en el caso concreto del puerto en Limón, se dejó que entrara en una seria situación de rezago que obligó entonces a buscar el camino de entregar las operaciones portuarias, en gran medida, a una empresa dispuesta a invertir aquí para obtenerlas.
Hoy, como decíamos, no existe otro camino que continuar respetando el contrato firmado.
Es impensable que Costa Rica siga firmando contratos de concesión para luego romperlos y que se deba pagar, con dinero público, la debida indemnización que esto acarrea.
Lo único útil ahora, es aprender que hacer las cosas a medias perjudica al país y que esa no es la actitud que deben adoptar los gobiernos.
¿Qué sigue ahora, en general, para que Costa Rica siga avanzando? ¿Qué nuevos proyectos se deben realizar para beneficio de la mayoría y cómo mitigar los problemas que esto pueda causar a minorías que tampoco deben ser ignoradas?
A eso es a lo que llamamos gobernar en una democracia. A prever problemas y encontrarles soluciones adecuadas, dignas, antes de que provoquen fuertes enfrentamientos.