APM Terminals iniciará construcción en enero, tras recibir aval ambiental

Luz verde para megaterminal en Limón

Sindicato de Japdeva estudia opciones legales para frenar proyecto y no descarta lucha callejera

Tras varios meses de incertidumbre sobre la legalidad ambiental de la megaterminal de contenedores, la Secretaría Técnica Ambiental (Setena) dio ayer el visto bueno a la holandesa APM Terminals, para que finalmente empiece las obras en Limón por $1 mil millones.
Con ese aval, la compañía supera el último escollo legal para invertir en Costa Rica y planea iniciar la construcción de la primera fase del puerto al iniciar 2015.
La noticia fue celebrada por el sector empresarial, que desde hace años espera una inversión millonaria para mejorar las condiciones de exportación.
Actualmente, el país sufre un rezago en infraestructura portuaria que impide el atraque de los barcos tipo Panamax, que pueden transportar 13 mil contenedores.
Con este tipo de embarcación, se disminuyen los costos de operación para las empresas exportadoras y así mejora la competitividad nacional.
En el muelle de Moín actual solo pueden atracar los buques de hasta 2.500 contenedores.
Por otra parte, se abre la puerta para una mayor inversión en el Caribe, con lo cual se espera mejorar las condiciones de desarrollo y generar empleos para la provincia de Limón.
Mientras tanto, el gremio de trabajadores del sindicato de Japdeva se encontraba ayer analizando las opciones a tomar tras el revés jurídico.
En ese sentido, Ronaldo Blear, secretario general de dicho gremio, no descartó la posibilidad de iniciar “una lucha callejera”, al no prosperar las vías legales.
APM Terminals tiene planeado hacer una isla artificial de 80 hectáreas en las costas de Moín para el manejo de grandes contenedores, durante los 33 años que durará la concesión.
El proyecto está dividido en tres fases y se espera que al terminar 2017 ya esté en operaciones la primera etapa, la cual abarcará al menos unas 36 hectáreas.
La viabilidad ambiental que recibió APM Terminals no es un cheque en blanco para la empresa, pues estará obligada durante toda la concesión a cumplir “de forma íntegra y cabal con todas las regulaciones y normas técnicas, legales y ambientales vigentes en el país”, señala la resolución de la Setena, de lo contrario, estaría perdiendo el permiso que recibió ayer.
La vigencia de la viabilidad será por un periodo de dos años para el inicio de las obras. En caso de no iniciarse en el tiempo establecido, APM perdería el aval.
Tras la resolución de la Setena, el contrato entre el Gobierno y la empresa holandesa queda finalmente en firme.
Esto significa que en el caso de que el país decida no continuar con la concesión, tendría que pagar una millonaria compensación a dicha compañía, sin embargo, Rogelio Douglas, gerente general de APM Terminals, señaló este escenario como “poco probable”.

Natalia Chaves
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Esteban Arrieta
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