Manejo de crisis y respeto a la legalidad

Emilio Bruce ebjreproduccion@gmail.com | Viernes 07 agosto, 2020

Sinceramente

La Constitución Política de 1949 y las leyes de la república proveen el marco dentro del cual los gobernantes están obligados a atender los asuntos de estado. Los funcionarios públicos no pueden hacer lo que no están autorizados expresa y específicamente a hacer por ese marco legal. Los funcionarios públicos no están autorizados más allá de lo que las leyes y la Constitución Política describen como sus atribuciones.

En un estado de emergencia sanitaria o económica los funcionarios de estado no pueden desoír el mandato de la constitución ni de las leyes de la república. Así comenzamos a observar cómo la Sala Constitucional, guardián celoso del estado de la legalidad y respeto constitucionales, ha comenzado a emitir sentencias en contra del actuar de las autoridades. La Sala Constitucional ha sentenciado al Ministerio de Salud por no entregar a la prensa información pública solicitada. De igual manera se ha pronunciado en contra de los decomisos de vehículos por circular en restricción.

Las autoridades deben de recordar a don Ricardo Jiménez Oreamuno cuando señalaba que los gobernantes no pueden ir en contra de la voluntad de los gobernados. Que si ya es difícil gobernar con su apoyo no es posible gobernar en su contra.

Después de un encierro social en el que se han cerrado empresas sin contemplar las consecuencias económicas, laborales y fiscales de esa medida, después de imponer reducción a la circulación de vehículos, después de señalar el peligro de que las personas trabajen en oficinas y fábricas uno se pregunta si el sentido común ha abandonado a nuestros gobernantes.

Los empleados públicos siguen trabajando y recibiendo sus sueldos y salarios. Yo me he hecho la consideración de en qué estriban las medidas sanitarias de aquellos en el sector público que, si pueden ir a trabajar y mantener abiertas sus oficinas, de las del sector privado que debe cerrar sus puertas y esperar pacientemente la ruina. ¿Cuál es la diferencia de los protocolos? ¿Por qué no puede abrir la empresa privada sus tiendas siguiendo las medidas sanitarias tan efectivas aparentemente que han adoptado las oficinas públicas para su operación? Seamos congruentes. Si unos pueden abrir y otros no, ¿cuál es la razón y las medidas adoptadas para que los empleados públicos sigan trabajando y ganando sus sueldos completos?

La policía ha comenzado a dar muestras de perder la calma. Circulan videos de arrestos dentro de domicilios de comerciantes en los que además de la fuerza excesiva hay irrupción de domicilio sin orden judicial ni presencia de un juez. Cuatro y cinco policías a la vez irrumpen, le hacen un candado chino a un tendero y lo sacan a la fuerza. Este es un error imperdonable de parte de las autoridades. Este es un error que sirve para exasperar a los gobernados. En las circunstancias sociales presentes muchas veces es mejor esconder la policía que dar una demostración de fuerza y matonería.

El Gobierno de don Federico Tinoco usó la caballería contra los manifestantes y la bomba Knox para mojarles. La reacción fue excepcionalmente fuerte de parte de los reprimidos. Esto inflamó a los ciudadanos que manifestaban su descontento, no los amedrentó. El Gobierno de don Teodoro Picado retiró las “crucetas” de la policía, con las que a cintarazos había disuelto las protestas y la policía salió armada a las calles. Nadie se intimidó con ello. Los costarricenses comenzaron a preparar sus propias armas contra el gobierno. El Gobierno de don Francisco Orlich mandó la policía armada a disolver manifestaciones ciudadanas en Cartago. Se produjeron bajas en la población. Esto exacerbó las pasiones. Quien desoye la historia se ve enfrentado a repetirla. En momentos de gran tensión no se gobierna contra la voluntad de los ciudadanos y menos aún se les echa la policía, los antimotines o los “Linces” encima para forzar sus voluntades.

Nadie en este país va a esperar pacientemente a que se le arruine su empresa y se le condene al hambre a sus trabajadores y a sí mismo. Sin empresas no hay empleo, sin empleo no hay sueldos. Sin sueldos no hay consumo. Sin empresa ni empleados no hay aportes a la CCSS. Sin empresas abiertas ni consumo no hay generación de impuestos ni recolección de los mismos.

¿Quién paga los gastos del estado si no quienes trabajan y producen en el sector privado? ¿Habrá alguno que crea que todo se puede mantener igual y seguir gastando en el gobierno a punta de deuda sobre deuda?

El Ministerio de Salud debe de crear protocolos tales que las empresas, con altos niveles de seguridad para evitar el contagio, sigan produciendo. No se juega con el hambre de las gentes y menos se reprime con fuerza a quienes solo desean trabajar y llevar comida a las casas. Si los protocolos sirven para el estado sirven para el sector privado. Si los trabajadores del sector público están ganando igual que en normalidad, alguna consideración ha tenido el gobernante que la razón no entiende. El problema fiscal dio inicio por el exceso de gasto estatal, por el exceso de empleo estatal, por el peso del estado y los impuestos requeridos para mantenerlo que los ciudadanos ya no aguantan sobre sus espaldas.

El equilibrio debe de restablecerse. Salud y economía son complementarios. No se quiebra una economía porque se pierde la salud también. Lo que es peor se pierde la paz social y se rompe el tejido social.

El señor Ministro de Hacienda ya ha anunciado como de costumbre más impuestos, para mantener el gasto público, que en un extremo populista ha dado en llamar solidarios, progresivos y sobre la riqueza. El señor Ministro ha olvidado que las doscientas cincuenta mayores empresas del país son de propiedad extranjera y que esta estrategia suya hará que vuelen las inversiones y se descapitalice la economía sumando problema sobre problema.

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