“Maniobras fiscales” entre empresas con los mismos socios en la mira del Ministerio de Hacienda

Dos o más empresas que tengan al menos un 25% de sus socios vinculados de manera simultánea, estarán obligadas a partir de marzo de este año, a presentar una declaración informativa por precios de transferencia.

La medida también aplicará a las empresas bajo el régimen de zona franca y a los grandes contribuyentes.

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El gran objetivo es frenar las maniobras fiscales que hoy se realizan con el objetivo de reducir el pago de impuestos.

Esto, cuando una empresa de un mismo socio le vende a otra sin pagar correctamente el impuesto sobre el valor agregado o sobre la renta.

Para ello, el Ministerio de Hacienda controlará el precio de transferencia; el cual, es el valor que fijan dos empresas entre sí para el intercambio de bienes, servicios y otros derechos.

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La primera declaración incluirá todas las operaciones realizadas en el período 2024.

Sin embargo, para cumplir con esta obligatoriedad, es necesario que entre en vigencia el sistema Tribu-CR.

“Es mejor que las empresas elaboren con anticipación su listado y tengan todo listo para marzo, aunque en corrillos del Ministerio de Hacienda se dice que el nuevo sistema de cómputo de Tribu-CR estará disponible hasta el segundo semestre del año. Si esto ocurre, la presentación de la declaración podría atrasarse hasta finales de año o principios de enero. Sin embargo, es recomendable que las compañías no se confíen y estén preparadas”, aseguró Carlos Camacho, socio de Grupo Camacho Internacional.

A partir del período fiscal 2025 en adelante, la declaración deberá presentarse tres meses después del cierre fiscal.

Para el período general, el plazo máximo será el 31 de marzo de 2026, mientras que para empresas con cierre fiscal al 30 de septiembre, como las agrícolas de café o caña de azúcar, el límite será el 31 de diciembre de cada año.

“La declaración propuesta a consulta pública es la más completa y compleja de la región, comparable únicamente con la recientemente implementada en Brasil, país que adoptó las normas de la OCDE para sus operaciones de vinculados en 2024”, explicó Camacho.

Estructura de la declaración

Las secciones propuestas incluyen:

• Datos identificativos del contribuyente.

• Lista de empresas relacionadas o vinculadas, tanto locales como extranjeras, indicando los criterios de vinculación.

• Indicación del tipo de transacción según cada criterio de vinculación, así como el monto de las operaciones.

“Sin duda, esto afectará a un 60% de las empresas del país, sin embargo, no creo que tengan ningún problema si se preparan a tiempo y tienen buenas bases contables. Los precios de transferencia existen en este país desde hace años, sin embargo, hasta ahora, los dueños de estas compañías deberán presentar la declaración”, aseguró German Morales, socio director de Grant Thornton.

Los contribuyentes deberán informar sobre operaciones con bienes tangibles, intangibles, transacciones financieras y prestación de servicios, entre otros. Además, deberán explicitar los indicadores de rentabilidad de cada transacción y su relación con las partes vinculadas.

Para las empresas cuyas casas matrices están fuera de Costa Rica y que han intentado justificar operaciones mediante estudios de precios de transferencia elaborados en el exterior, la nueva declaración cierra esa posibilidad.

Los grupos económicos, sean grandes contribuyentes o empresas en zona franca, estarán obligados a detallar con precisión sus transacciones tanto a nivel local como internacional.

“La norma busca que, tributariamente, las empresas vinculadas se comporten como lo harían con terceros y que se cierren portillos de evasión o elusión. Por ejemplo, si usted tiene un carro y se lo vende a su hermano, probablemente le dará un mejor precio y mejores plazos de pago que a un cliente común. Eso es lo que Hacienda pretende eliminar en las transacciones entre empresas vinculadas, para asegurar que se cobren los impuestos que deben ser”, explicó José Becerra, abogado tributario y socio de Moore.

Otro aspecto importante es que la multa por no presentar la declaración informativa de precios de transferencia podría alcanzar los ȼ46,2 millones (equivalente a 100 salarios base).

Además, las sanciones se aplicarán según más de 60 actividades económicas que deben ser reportadas conforme a la naturaleza de la transacción.

La Administración Tributaria está facultada para realizar ajustes en la determinación del impuesto sobre la renta si se detecta que los precios pactados entre partes vinculadas no cumplen con el principio de libre competencia.

Esto permitirá a Hacienda realizar cruces de información y fortalecer los controles fiscales tanto dentro como fuera del país.

“La implementación de esta nueva declaración informativa representa un cambio significativo en la fiscalización de los precios de transferencia en Costa Rica. Si bien implica un esfuerzo adicional para las empresas obligadas, también brinda una mayor seguridad jurídica y transparencia en sus operaciones. La digitalización a través de TRIBU-CR promete facilitar el proceso y fortalecer la recaudación fiscal en el país. Es crucial que las empresas se preparen con anticipación y adopten las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de esta nueva obligación tributaria”, aseguró Raul Díaz Vargas, gerente de Precios de transferencia de RSM Costa Rica.