Pensemos en democracia, en legalidad, en libertad y en Costa Rica

Sinceramente
¡Me lo cierran ya!

Ha visto la luz pública una iniciativa del Poder Ejecutivo, que pretende ordenar y actualizar muchos diferentes aspectos de la problemática del espectro radioeléctrico y de las frecuencias de la televisión.
La iniciativa gubernamental ha pretendido que esta sea conocida y discutida pormenorizadamente. Nada mejor que la discusión pública de los asuntos que conciernen a todos los costarricenses.
La iniciativa del Gobierno ha mezclado asuntos fiscales, técnicos, y legales de faltas y sanciones. El Micit no ha dado a conocer los 23 nombres de abogados, quienes trabajaron en este borrador sin estar de acuerdo ni quién se los ordenó así, a pesar de ser información pública que debe entregar.
El borrador contiene un listado de faltas y castigos que podrían llevar al cierre de una televisora o de una radioemisora por transmitir dos noticias juzgadas falsas o dos informaciones contra las buenas costumbres en un año, todo a juicio de un tribunal especial no judicial. ¡Surge pues una amenaza a la libertad! ¡Huele a influencias extranjeras no democráticas!
En esto de sancionar empresas y cerrar medios discrepo profundamente del proyecto. Este es un medio del totalitarismo para chantajear a los medios y controlarlos bajo amenaza.
En este país rechazamos con todo vigor las ideas e iniciativas que lleven al cierre de medios radiados o televisivos. Si estos cometen faltas está vigente toda la estructura legal para que rindan cuentas, pero no se cierra medio alguno. La libertad de prensa pasa por la libertad de empresa.
Las libertades básicas de un país no se discuten siquiera. No vengan solapadamente a tratar, usando el subterfugio de dos noticias anuales que se comprueben falsas, a cerrar un medio. ¡Esto sabe a chantaje!
La libertad de empresa, la creación y garantías alrededor de las fuentes de trabajo no pueden ponerse en riesgo por una decisión de un tribunal especial político adscrito al Poder Ejecutivo. ¡Eso no huele a democracia!
Nuestro país está estructurado en su sistema político con una clara separación de poderes. Rechazo con vehemencia la formación de tribunales especiales administrativos de nombramiento político no judiciales para hurgar en el contenido de los programas y en el juicio de cuáles son las buenas costumbres observadas en los mismos.
Una pena tan radical como el cierre de una empresa no está contemplada en el Código Penal y es abiertamente inconstitucional.
Las consecuencias de una iniciativa de esta naturaleza impactan la confianza y credibilidad gubernamental. Estas tienen impacto en la contracción del empleo, en la inversión privada y extranjera.
Iniciativas coartando o amenazando libertades de prensa y de empresa dañan profundamente al país y descubren claras intenciones no democráticas en quienes redactaron la iniciativa.
Bien serviría al país y a su Gobierno si el presidente Solís se entera de las iniciativas de sus ministerios y si retira el borrador hasta no haberlo depurado de sus vetas totalitarias. Consultas a la OEA sobran, este es asunto nuestro.
Pensemos en democracia, en legalidad, en libertad y en Costa Rica.

Emilio R. Bruce
ebruce@larepublica.net

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