ANÁLISIS
Corte pronto definirá suerte de megaterminal de contenedores

Mes clave para nuevo puerto

Sindicatos mantienen oposición

RESUMEN EJECUTIVO
Es probable que este mes quede aprobada la concesión de la terminal de contenedores de Moín, al declarar la Sala l que sería procedente el proyecto.
Moriría la obra, si la Corte les diera la razón a los opositores, que aducen varias fallas comerciales y ambientales del nuevo puerto.
Sin embargo, se han presentado fuertes argumentos a favor del plan.
Si la Sala l apoyara el proyecto, sería difícil para los sindicatos y otros opositores mantener la resistencia.

Pronto se escribirá el próximo capítulo de la historia de la terminal de contenedores en Moín, tras el fallo de la Sala I, esperado antes de que finalice este mes.
En este momento, hay buena probabilidad de que la Corte declare lícito el contrato de la concesión del puerto a APM Terminals, en parte porque se trata de reafirmar una sentencia bien fundamentada y dictaminada por los jueces respetables de un tribunal inferior, según algunos expertos.
Además, el recurso a la Sala l no incluye ningún ataque al fallo previo, que a menudo es importante para ganar en casación, sino que tiende a reiterar los argumentos anteriormente presentados.

El recurso fue admitido por la Corte en marzo, tras la solicitud del sindicato del muelle de Japdeva, que en 2012 perdió el juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo.
Si fuera el caso de que la Sala l anulara el contrato, la concesión de APM se sumaría al listado de los proyectos fracasados de infraestructura en el país, como el de la carretera de San Ramón hace pocos meses.
La única opción para el Gobierno en este caso, al querer seguir con el concepto, sería la de reiniciar el proceso de licitación, que tomaría varios años.
Aun así, es poco probable que alguna empresa quisiera meterse en un proyecto de obra pública, en un país poco confiable en lo que a las contrataciones se refiere.
Una de las objeciones al proyecto, es que para efectos prácticos se daría un monopolio a una empresa privada, dado que la terminal tendría el derecho exclusivo del manejo de casi todos los contenedores en la costa del Caribe, el cual representa dos tercios del negocio del muelle actual.
Así lo asegura el sindicato de Japdeva.
En lo que al ambiente se refiere, se debe rechazar el contrato, por no cumplir con la obligación de contar con un estudio adecuado, hecho antes del proceso de la licitación, insisten algunos ambientalistas.
Sin embargo, ha sido distinta la posición del Gobierno, ante ambos argumentos.
En cuanto al supuesto monopolio, se trata más bien de un plan integral de logística, que involucra tres áreas de especialización, han dicho varios ministros de Transportes.
La terminal tendría la especialización en contenedores, y el muelle actual se enfocaría en la carga de graneles, mientras otro proyecto, todavía en una fase preliminar, consistiría en un puerto de transferencia, de acuerdo con el plan maestro del Gobierno.
Sobre el tema ambiental, la ley de concesiones no precisa que sea obligatoria la presentación previa a la licitación, según la posición oficial.
De hecho, tendría poco sentido pedir el estudio ambiental previo, dado que ninguna empresa haría un esfuerzo tal, sin ni siquiera saber si tendría o no derecho de manejar el proyecto.
Si la Sala l en efecto le diera el visto bueno a la concesión, es probable que los ambientalistas y sindicalistas mantengan su oposición.
Pero, resultaría difícil para ellos insistir en este desafío, ante un fallo de la Sala l en su contra.
La concesión se trata de un nuevo puerto, construido por APM a un costo de unos $500 millones, y operado por la misma empresa durante un periodo de 30 años, bajo los términos de un contrato otorgado hace tres años.

Danny Canales
Especial para La República
@La_Republica