Mina Crucitas se niega a morir
Natasha Cambronero redaccion@larepublica.net | Viernes 10 diciembre, 2010
Industrias Infinito apelará sentencia que le ordena cerrar la operación
Mina Crucitas se niega a morir
Caso ya fue resuelto por la Sala IV aducen algunos abogados
Con algarabía, abrazos, la entonación del Himno Nacional y hasta con una que otra lágrima, los ambientalistas celebraron el pasado 24 de noviembre el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que le quita la concesión minera a Crucitas.
Sin embargo, la pugna legal se encamina a prolongarse. A pesar de que los jueces convocaron al funeral del proyecto minero Crucitas con dicha resolución, Industrias Infinito concesionaria de la mina apelará el fallo en la Sala Primera, trámite que dejará en vilo la decisión de los jueces hasta que el recurso de casación no sea resuelto.
Una vez en la Sala Primera, la firma canadiense argumentará que el fallo de lo Contencioso Administrativo “es cosa juzgada”, ya que el conflicto anteriormente había sido resuelto por otro tribunal, la Sala Constitucional, y por ende no tiene validez, debido a que dos instancias del Poder Judicial no pueden dictar en un mismo caso dos sentencias contradictorias.
“No nos sorprendió el fallo, era lo que esperábamos. Hay algunos puntos donde tenemos dudas y por ello acudieron a la Casación para apelar la sentencia, principalmente errores procesales”, dijo Juan Carlos Obando, gerente de Relaciones Corporativas de Industrias Infinito, al salir del Tribunal el pasado 24 de noviembre.
Esta posición es compartida por algunos abogados, que coinciden en que el Tribunal tuvo que haber desestimado la denuncia presentada por las organizaciones ambientalistas Unión Norte por la Vida y la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna.
“La sentencia provocará un conflicto jurídico, ya que un organismo constitucional (la Sala IV) había resuelto que todo estaba bien y ahora un tribunal ordinario expresa que se debe anular”, dijo Rodrigo Arias, ex ministro de la Presidencia, tras conocer la decisión de los jueces.
Asimismo, otros abogados no descartan la posibilidad de que los jueces del Tribunal sean sancionados, por haber dictado una sentencia en un caso ya juzgado por la Sala IV.
“Existe la posibilidad de que sean acusados por prevaricato, pero es poco probable, pues ellos se pueden basar en una libertad de criterios. Sin embargo, ello debe quedar bien fundamentado en la sentencia integral”, explicó Ewald Acuña, ex juez.
No obstante, también hay quienes aseguran que el trámite en la Sala Primera solo va a dilatar la entrada en vigor de un fallo que no tiene cuestionamientos.
“La sentencia del Tribunal es muy clara, los estudios de impacto ambiental y los permisos para obtener la concesión minera presentan ilegalidades y los jueces consideran que ese proyecto por ende no se debe autorizar”, aseveró Edgardo Araya, representante legal de Unión Norte por la Vida.
A finales de noviembre el Tribunal de lo Contencioso Administrativo le quitó la concesión minera a Industrias Infinito para desarrollar el proyecto minero Crucitas en Cutris de San Carlos, aduciendo que existen irregularidades en la obtención de permisos y la viabilidad ambiental.
En la argumentación de la sentencia que se conocerá integralmente el próximo 15 de diciembre, los jueces señalaron que donde se pretende construir una laguna de relaves para la extracción de oro existe un camino público que no puede ser desaparecido sin autorización de la Asamblea Legislativa, trámite que nunca realizó la firma canadiense.
Asimismo, cuestionaron el decreto de conveniencia nacional que firmó en 2008, el entonces presidente Oscar Arias y que le da vida a este proyecto minero.
Sin embargo, no será hasta el próximo miércoles que se conocerán las razones por las cuales los jueces le quitaron la concesión minera a Crucitas.
Suerte de caso Crucitas infunde temor entre empresarios ante inseguridad legal en el país
Credibilidad jurídica en entredicho
La sentencia atentaría contra la captación de inversión extranjera directa
De cal y de arena. Así fue la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en torno al caso Crucitas.
Por un lado los ambientalistas celebraron el fallo que anula la concesión minera para extraer oro en Cutris de San Carlos.
Mientras que el sector empresarial aduce que la decisión atenta contra la seguridad jurídica del país.
Ello en razón de que podría afectar la llegada de nuevas compañías, ya que no existiría la certeza de que un permiso o una concesión obtenida luego no sea anulada.
“Qué inversor va a creer en cualquier permiso, licencia, concesión, contrato o cualquier otra modalidad emitida por las autoridades competentes, si ante los tribunales puede ser impugnada”, dijo Juan Ramón Rivera, presidente interino de Cámara de Industrias de Costa Rica.
El temor radica principalmente en que no existe una independencia entre los funcionarios e instancias que hacen leyes, toman decisiones y posteriormente las ejecutan. Primero la administración pública avala la actividad productiva a una firma y posteriormente un Tribunal del Poder Judicial da marcha atrás al mismo proceso.
“Hoy más que nunca la institucionalidad del país está a prueba, así como la seguridad jurídica de los administrados, quienes nos encontramos indefensos frente a la confusión de los roles a lo interno de los Poderes del Estado y entre estos”, manifestó la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, mediante un comunicado de prensa del 26 de noviembre pasado.
La posición de los empresarios fue secundada por el ex presidente Oscar Arias y su hermano Rodrigo, quien fungió como ministro de la Presidencia durante sus dos administraciones, quienes no ocultaron el temor que les genera que el país se vea rezagado en América Latina en la atracción de inversión extranjera directa, tras el fallo de lo Contencioso Administrativo, pues a su juicio deja mal parada a Costa Rica a nivel internacional.
“La seguridad jurídica significa la protección de la confianza, esto es “un saber a qué atenerse”. Nuestro país, tan admirado por su paz, por su democracia, por su tolerancia, no puede quedarse al final de la carrera del mundo. El bien primordial de un mundo globalizado es la confianza. Protegerla empieza por el Gobierno y por el Congreso, pero pasa, sin duda, por el Poder Judicial”, aseveró el ex presidente en la red social Facebook, el pasado 26 de noviembre.
No obstante, a juicio de algunos penalistas lo conveniente es esperar a que el Tribunal dé a conocer la sentencia integral del juicio para poder definir si realmente el fallo atenta contra la seguridad jurídica del país.
Todavía no se sabe a ciencia cierta si los jueces invadieron el ámbito de competencia de la Sala Constitucional.
“El Tribunal de lo Contencioso Administrativo puede pronunciarse en torno a la legalidad de la concesión, mas no en aspectos constitucionales, en los cuales la Sala IV ya se pronunció. Para comprobar que existe una violación a la seguridad jurídica, se debe esperar la sentencia integral, pues en ella se detalla si el fallo está bien fundamentado o no”, manifestó Ewald Acuña, ex juez de la República.
Natasha Cambronero
ncambronero@larepublica.net
Mina Crucitas se niega a morir
Caso ya fue resuelto por la Sala IV aducen algunos abogados
Sin embargo, la pugna legal se encamina a prolongarse. A pesar de que los jueces convocaron al funeral del proyecto minero Crucitas con dicha resolución, Industrias Infinito concesionaria de la mina apelará el fallo en la Sala Primera, trámite que dejará en vilo la decisión de los jueces hasta que el recurso de casación no sea resuelto.
Una vez en la Sala Primera, la firma canadiense argumentará que el fallo de lo Contencioso Administrativo “es cosa juzgada”, ya que el conflicto anteriormente había sido resuelto por otro tribunal, la Sala Constitucional, y por ende no tiene validez, debido a que dos instancias del Poder Judicial no pueden dictar en un mismo caso dos sentencias contradictorias.
“No nos sorprendió el fallo, era lo que esperábamos. Hay algunos puntos donde tenemos dudas y por ello acudieron a la Casación para apelar la sentencia, principalmente errores procesales”, dijo Juan Carlos Obando, gerente de Relaciones Corporativas de Industrias Infinito, al salir del Tribunal el pasado 24 de noviembre.
Esta posición es compartida por algunos abogados, que coinciden en que el Tribunal tuvo que haber desestimado la denuncia presentada por las organizaciones ambientalistas Unión Norte por la Vida y la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna.
“La sentencia provocará un conflicto jurídico, ya que un organismo constitucional (la Sala IV) había resuelto que todo estaba bien y ahora un tribunal ordinario expresa que se debe anular”, dijo Rodrigo Arias, ex ministro de la Presidencia, tras conocer la decisión de los jueces.
Asimismo, otros abogados no descartan la posibilidad de que los jueces del Tribunal sean sancionados, por haber dictado una sentencia en un caso ya juzgado por la Sala IV.
“Existe la posibilidad de que sean acusados por prevaricato, pero es poco probable, pues ellos se pueden basar en una libertad de criterios. Sin embargo, ello debe quedar bien fundamentado en la sentencia integral”, explicó Ewald Acuña, ex juez.
No obstante, también hay quienes aseguran que el trámite en la Sala Primera solo va a dilatar la entrada en vigor de un fallo que no tiene cuestionamientos.
“La sentencia del Tribunal es muy clara, los estudios de impacto ambiental y los permisos para obtener la concesión minera presentan ilegalidades y los jueces consideran que ese proyecto por ende no se debe autorizar”, aseveró Edgardo Araya, representante legal de Unión Norte por la Vida.
A finales de noviembre el Tribunal de lo Contencioso Administrativo le quitó la concesión minera a Industrias Infinito para desarrollar el proyecto minero Crucitas en Cutris de San Carlos, aduciendo que existen irregularidades en la obtención de permisos y la viabilidad ambiental.
En la argumentación de la sentencia que se conocerá integralmente el próximo 15 de diciembre, los jueces señalaron que donde se pretende construir una laguna de relaves para la extracción de oro existe un camino público que no puede ser desaparecido sin autorización de la Asamblea Legislativa, trámite que nunca realizó la firma canadiense.
Asimismo, cuestionaron el decreto de conveniencia nacional que firmó en 2008, el entonces presidente Oscar Arias y que le da vida a este proyecto minero.
Sin embargo, no será hasta el próximo miércoles que se conocerán las razones por las cuales los jueces le quitaron la concesión minera a Crucitas.
Suerte de caso Crucitas infunde temor entre empresarios ante inseguridad legal en el país
Credibilidad jurídica en entredicho
La sentencia atentaría contra la captación de inversión extranjera directa
Por un lado los ambientalistas celebraron el fallo que anula la concesión minera para extraer oro en Cutris de San Carlos.
Mientras que el sector empresarial aduce que la decisión atenta contra la seguridad jurídica del país.
Ello en razón de que podría afectar la llegada de nuevas compañías, ya que no existiría la certeza de que un permiso o una concesión obtenida luego no sea anulada.
“Qué inversor va a creer en cualquier permiso, licencia, concesión, contrato o cualquier otra modalidad emitida por las autoridades competentes, si ante los tribunales puede ser impugnada”, dijo Juan Ramón Rivera, presidente interino de Cámara de Industrias de Costa Rica.
El temor radica principalmente en que no existe una independencia entre los funcionarios e instancias que hacen leyes, toman decisiones y posteriormente las ejecutan. Primero la administración pública avala la actividad productiva a una firma y posteriormente un Tribunal del Poder Judicial da marcha atrás al mismo proceso.
“Hoy más que nunca la institucionalidad del país está a prueba, así como la seguridad jurídica de los administrados, quienes nos encontramos indefensos frente a la confusión de los roles a lo interno de los Poderes del Estado y entre estos”, manifestó la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, mediante un comunicado de prensa del 26 de noviembre pasado.
La posición de los empresarios fue secundada por el ex presidente Oscar Arias y su hermano Rodrigo, quien fungió como ministro de la Presidencia durante sus dos administraciones, quienes no ocultaron el temor que les genera que el país se vea rezagado en América Latina en la atracción de inversión extranjera directa, tras el fallo de lo Contencioso Administrativo, pues a su juicio deja mal parada a Costa Rica a nivel internacional.
“La seguridad jurídica significa la protección de la confianza, esto es “un saber a qué atenerse”. Nuestro país, tan admirado por su paz, por su democracia, por su tolerancia, no puede quedarse al final de la carrera del mundo. El bien primordial de un mundo globalizado es la confianza. Protegerla empieza por el Gobierno y por el Congreso, pero pasa, sin duda, por el Poder Judicial”, aseveró el ex presidente en la red social Facebook, el pasado 26 de noviembre.
No obstante, a juicio de algunos penalistas lo conveniente es esperar a que el Tribunal dé a conocer la sentencia integral del juicio para poder definir si realmente el fallo atenta contra la seguridad jurídica del país.
Todavía no se sabe a ciencia cierta si los jueces invadieron el ámbito de competencia de la Sala Constitucional.
“El Tribunal de lo Contencioso Administrativo puede pronunciarse en torno a la legalidad de la concesión, mas no en aspectos constitucionales, en los cuales la Sala IV ya se pronunció. Para comprobar que existe una violación a la seguridad jurídica, se debe esperar la sentencia integral, pues en ella se detalla si el fallo está bien fundamentado o no”, manifestó Ewald Acuña, ex juez de la República.
ncambronero@larepublica.net