Modernización portuaria presiona al gobierno
Danny Canales dannycanales.asesor@larepublica.net | Lunes 25 enero, 2010
En cuatro meses deberá tramitar la concesión de megapuerto en el Caribe
Modernización portuaria presiona al gobierno
• País es de los peor evaluados del mundo en materia portuaria
Danny Canales
dcanales@larepublica.net
A pesar de que la ampliación de los puertos del Caribe fue la principal promesa que le hizo esta administración al sector productivo, aún no la ha cumplido.
Las mejoras de esos muelles, por donde se maneja el 75% de la carga nacional, son una gran necesidad debido al rezago que padece el país en ese campo.
Actualmente Costa Rica se ubica en la casilla 128 de los 133 países evaluados en el último ranking global de competitividad, elaborado por el Foro Económico Mundial.
Para agilizar la operación portuaria el Poder Ejecutivo ofreció dar a la empresa privada la construcción y operación de un megapuerto de 1,5 kilómetros en Moín con capacidad para atender barcos de hasta 65 mil toneladas de peso.
Con esa mejora en la infraestructura portuaria se le prometió al sector productivo reducir el costo de exportación de cada contenedor de $750 a $183.
Sin embargo, esos beneficios aún no se han podido trasladar a los usuarios de los muelles pues el plan padece un gran atraso por las comunes trabas burocráticas que afectan a todos los procesos de contratación pública.
A pesar de los problemas que ha enfrentado el proyecto, el Poder Ejecutivo mantiene la promesa de dejar resuelto el concurso de licitación antes de que le entregue el mando a la próxima administración.
La meta trazada es adjudicar el proyecto en marzo o abril de 2010, comunicó Marco Vargas, ministro de Obras Públicas y Transportes.
En caso de no llegar a completar el trámite de licitación antes de que venza esta administración, sería visto como un fracaso por el propio Ministro, a quien se le encargó el plan de modernización portuaria desde el inicio de este gobierno.
“La prioridad del gobierno ha sido Limón y como rector de ese proyecto tengo la responsabilidad de que eso se logre”, comentó Vargas.
Uno de los puntos a favor de esta iniciativa es que no cuenta con el rechazo del sindicato. Ese gremio a lo que se opone es a que se den a la empresa privada las instalaciones portuarias actuales de Limón y Moín, según Liroy Pérez, representante de los trabajadores portuarios.
El programa portuario se tramita mediante concesión de obra pública; es decir que el financiamiento, construcción y operación del muelle lo haría la empresa privada.
La inversión estimada en este caso sería de $812 millones, lo que constituiría la principal que gestionaría el país en un proyecto de infraestructura en su historia.
El proyecto fue dividido en dos etapas. La primera incluye la construcción de tres puestos de atraque de 300 metros cada uno con sus respectivos rompeolas.
La segunda fase contempla la edificación de dos muelles más de igual proporción.
Los puestos de embarque tendrían una profundidad de entre 14 y 16 metros. Con ese calado podrían atracar busques tipo PostPanamax, que transportan hasta 5 mil contenedores de 20 pies.
El cartel dispone además el equipamiento del muelle con remolcadores para movilizar los barcos y atracarlos, y grúas pórticas.
Aparte del aumento en los costos de producción que provoca el atraso en la ampliación de los puertos, el sector productivo alerta que el letargo también afecta la imagen del país.
No desarrollar la infraestructura atrasa al país en los índices de competitividad, lo que ahuyenta la inversión extranjera y dificulta sobremanera poder competir en los mercados internacionales y locales, comentó Rafael Carrillo, director financiero de la empresa Molinos de Costa Rica.
“El empresario costarricense es competitivo hasta la puerta de su empresa. De ahí en adelante es asunto del gobierno resolver los problemas. Ahí es donde hemos fallado”, agregó el empresario.
Una posición similar fue divulgada por el Banco Mundial, el cual planteó en un informe publicado a mediados de año que “las ineficiencias del puerto Limón-Moín están convirtiéndose en un obstáculo para las exportaciones”.
En cuanto a tarifas se refiere, los muelles nacionales son de los más caros para exportar solo superados por Nicaragua, reveló un informe de la Comisión Asesora de Alta Tecnología.
Modernización portuaria presiona al gobierno
• País es de los peor evaluados del mundo en materia portuaria
Danny Canales
dcanales@larepublica.net
A pesar de que la ampliación de los puertos del Caribe fue la principal promesa que le hizo esta administración al sector productivo, aún no la ha cumplido.
Las mejoras de esos muelles, por donde se maneja el 75% de la carga nacional, son una gran necesidad debido al rezago que padece el país en ese campo.
Actualmente Costa Rica se ubica en la casilla 128 de los 133 países evaluados en el último ranking global de competitividad, elaborado por el Foro Económico Mundial.
Para agilizar la operación portuaria el Poder Ejecutivo ofreció dar a la empresa privada la construcción y operación de un megapuerto de 1,5 kilómetros en Moín con capacidad para atender barcos de hasta 65 mil toneladas de peso.
Con esa mejora en la infraestructura portuaria se le prometió al sector productivo reducir el costo de exportación de cada contenedor de $750 a $183.
Sin embargo, esos beneficios aún no se han podido trasladar a los usuarios de los muelles pues el plan padece un gran atraso por las comunes trabas burocráticas que afectan a todos los procesos de contratación pública.
A pesar de los problemas que ha enfrentado el proyecto, el Poder Ejecutivo mantiene la promesa de dejar resuelto el concurso de licitación antes de que le entregue el mando a la próxima administración.
La meta trazada es adjudicar el proyecto en marzo o abril de 2010, comunicó Marco Vargas, ministro de Obras Públicas y Transportes.
En caso de no llegar a completar el trámite de licitación antes de que venza esta administración, sería visto como un fracaso por el propio Ministro, a quien se le encargó el plan de modernización portuaria desde el inicio de este gobierno.
“La prioridad del gobierno ha sido Limón y como rector de ese proyecto tengo la responsabilidad de que eso se logre”, comentó Vargas.
Uno de los puntos a favor de esta iniciativa es que no cuenta con el rechazo del sindicato. Ese gremio a lo que se opone es a que se den a la empresa privada las instalaciones portuarias actuales de Limón y Moín, según Liroy Pérez, representante de los trabajadores portuarios.
El programa portuario se tramita mediante concesión de obra pública; es decir que el financiamiento, construcción y operación del muelle lo haría la empresa privada.
La inversión estimada en este caso sería de $812 millones, lo que constituiría la principal que gestionaría el país en un proyecto de infraestructura en su historia.
El proyecto fue dividido en dos etapas. La primera incluye la construcción de tres puestos de atraque de 300 metros cada uno con sus respectivos rompeolas.
La segunda fase contempla la edificación de dos muelles más de igual proporción.
Los puestos de embarque tendrían una profundidad de entre 14 y 16 metros. Con ese calado podrían atracar busques tipo PostPanamax, que transportan hasta 5 mil contenedores de 20 pies.
El cartel dispone además el equipamiento del muelle con remolcadores para movilizar los barcos y atracarlos, y grúas pórticas.
Aparte del aumento en los costos de producción que provoca el atraso en la ampliación de los puertos, el sector productivo alerta que el letargo también afecta la imagen del país.
No desarrollar la infraestructura atrasa al país en los índices de competitividad, lo que ahuyenta la inversión extranjera y dificulta sobremanera poder competir en los mercados internacionales y locales, comentó Rafael Carrillo, director financiero de la empresa Molinos de Costa Rica.
“El empresario costarricense es competitivo hasta la puerta de su empresa. De ahí en adelante es asunto del gobierno resolver los problemas. Ahí es donde hemos fallado”, agregó el empresario.
Una posición similar fue divulgada por el Banco Mundial, el cual planteó en un informe publicado a mediados de año que “las ineficiencias del puerto Limón-Moín están convirtiéndose en un obstáculo para las exportaciones”.
En cuanto a tarifas se refiere, los muelles nacionales son de los más caros para exportar solo superados por Nicaragua, reveló un informe de la Comisión Asesora de Alta Tecnología.