Chinchilla busca rápida aprobación de polémico proyecto

Mordaza a Contraloría será prioridad

Reformas debilitarían controles fiscalizadores

Con agosto encima llega el momento cuando el Gobierno toma el control de la agenda legislativa y enfila una lista de proyectos que a su criterio, son los de mayor urgencia por aprobar.
El proyecto de ley para el mejoramiento de las instituciones públicas —conocido por representar una mordaza a las instituciones de fiscalización— será uno en los cuales la presidenta Laura Chinchilla enfilará sus prioridades para que se apruebe en cuanto antes.

Esta iniciativa podría reducir el campo de acción de la Contraloría, así como de la Procuraduría.
Las reformas proponen eliminar la fuerza vinculante que tienen los pronunciamientos de la Contraloría; lo que podría debilitar su acatamiento obligatorio.
Además, busca “agilizar” los procesos de contratación administrativa y podría abrir la puerta para que en algunos casos el Estado realice contrataciones sin necesidad del aval del ente fiscalizador.
De aprobarse los cambios, se autoriza al Consejo de Gobierno para que los dictámenes de la Procuraduría no sean vinculantes, cuando en la actualidad esa posibilidad se limita a casos excepcionales de interés público, seguridad o relaciones exteriores.
Además, se contempla un procedimiento de consulta previo a la Procuraduría, donde ya no se tomaría en cuenta la votación del órgano de 60 procuradores, como ocurre actualmente.
“Lo que se trata de hacer es un procedimiento más expedito en caso de que haya discrepancias entre los criterios del Gobierno y la Contraloría”, explicó Carlos Ricardo Benavides, ministro de la Presidencia.
Esto tiene que ver con un tema de mejorar la ley de contratación administrativa, explica Benavides, y a su vez afirma que esto no es para abrir portillos o esos “cuentos de brujas que se inventan”.
Por su parte, Yolanda Acuña, diputada del PAC, viene trabajando en una serie de observaciones para presentarlas una vez que se convoque el proyecto, el cual le genera muchas dudas.
Acuña considera que no se puede quitar potestad a la Contraloría y que de parte de su partido, más bien quieren darle mayores potestades y controles.
“Significaría abrir un portillo para flexibilizar lo que hoy al Gobierno le incomoda, como que la Contraloría le pare el proyecto de la refinería”, comentó.

Luis Fernando Cascante
lcascante@larepublica.net