Plan de Laura Chinchilla debilitaría fiscalización

Mordaza a la Contraloría

Reformas también afectarían campo de acción de la Procuraduría

El accionar de la Contraloría no tiene satisfecho al Gobierno de Laura Chinchilla, por eso presentó un proyecto para eliminar potestades al ente fiscalizador, dejándolo en situación de jaque.

Se trata del proyecto “Ley para mejorar el funcionamiento de las instituciones del sector público”, que se encuentra en la comisión de Gobernabilidad y Administración. Pese a este título propone una serie de modificaciones que pondrían una camisa de fuerza tanto a la Contraloría como a la Procuraduría.
Los cambios son sustanciales y su aprobación significaría un peso menos para la actual administración, que últimamente se ha visto incomodada por los señalamientos de estas instituciones, especialmente en materia ética.
En lo que respecta a su labor de control, la norma propone eliminar la fuerza vinculante que tienen los pronunciamientos a la Contraloría; es decir, lo que ahora es de acatamiento obligatorio, en el futuro podría ser un simple jalón de orejas sin sentar obligaciones.
La Contraloría actualmente funciona como un filtro para prevenir contrataciones inconvenientes para el país, pese a que en algunos casos se produzcan con su aval.
A pesar de esto, el proyecto de ley abre una puerta para que el Estado pueda hacer cualquier contratación sin el permiso previo de la Contraloría.
Por su parte, en el caso de la Procuraduría, que hace dos semanas emitió un informe donde señaló a exfuncionarios del Gobierno por fallas a la ética, también se vería afectada por los cambios.
El proyecto busca autorizar al Consejo de Gobierno para que los dictámenes de la Procuraduría no sean vinculantes, cuando en la actualidad esa posibilidad se limita a casos excepcionales de interés público, seguridad o relaciones exteriores.
Además, se contempla un procedimiento de consulta previo a la Procuraduría, donde ya no se tomaría en cuenta la votación del órgano de 60 procuradores, como ocurre actualmente.

En su lugar, solo se necesitaría el voto de Ana Lorena Brenes, procuradora general, quien precisamente fue nombrada por la Presidenta.
Pese a las posibles implicaciones, la Procuradora descartó que estas reformas afecten a la institución.
Estas medidas que se buscan implementar son parte de la herencia que dejaron las propuestas de los notables, y de acuerdo con Yolanda Acuña, diputada del PAC, se espera que después del receso se retome la discusión del proyecto.
Por su parte, Justo Orozco, integrante de dicha comisión y simpatizante con el partido oficialista, afirmó que no ha leído este proyecto, pero que lo apoya.
“Hicimos subcomisiones, pero a mí no me tocó ese proyecto. Me parece bien, es una comisión muy positiva, busca ganar tiempo y optimización, creo que hay que apoyarlo, pero no puedo opinar objetivamente porque no lo he leído”, comentó.
Cuando se intentó conocer la opinión de los jerarcas de Gobierno, tanto Roberto Gallardo, ministro de Planificación, como Carlos Roverssi, de Comunicación, desconocían el fondo o alcance de estas reformas.
El proyecto fue enviado a consulta a la Contraloría el pasado 4 de julio, por lo que la Contraloría prepara una respuesta para enviar al Congreso.

Luis Fernando Cascante
lcascante@larepublica.net
Colaboró Adrián Bonilla