Movistar buscará aclarar situación ante autoridades fiscales

Movistar Costa Rica se encuentra colaborando con la Policía de Control Fiscal para aclarar la situación que propició el allanamiento de sus oficinas centrales en Escazú ayer.

Las acciones se realizaron de forma paralela en la filial del operador de telefonía celular de origen español, Tejisa, el Bufete Zurcher Odio & Raven y la empresa de asesoría fiscal KPMG.

El registro y secuestro de documentación fue avalado por un juez e inició a las 8 a.m. con el fin de recopilar prueba para una investigación por el presunto delito de fraude en contra de la hacienda pública y se investiga a seis posibles implicados.

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Se habría realizado la creación e interposición de la empresa filial, para que, posteriormente, Telefónica vendiera a esta en apariencia activos indispensables para realizar su actividad económica principal, según la denuncia, interpuesta por el Ministerio de Hacienda el 14 de diciembre anterior.

Ambas compañías habrían firmado un contrato de compraventa financiada de activos, en la cual Telefónica otorgaba un préstamo financiero a la empresa filial, pues esta no tenía la capacidad o la solvencia económica para comprar dichos activos.

Se presume que, en la misma fecha del contrato de compraventa (diciembre 2017), se habría suscrito otro de arrendamiento entre ambas compañías, lo que habría permitido a la telco deducir y declarar un gasto de alquiler de activos ante el fisco.

La acción realizada ayer por la Policía de Control Fiscal toma relevancia después de que el Ministerio de Hacienda dio a conocer una lista de grandes contribuyentes que habrían reportado cero ganancias o pérdidas entre 2008 y 2017.

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Se trata de 96 empresas que adeudarían al fisco ¢560 mil millones en total, razón por la cual se mantienen abiertas siete denuncias de carácter penal.

La lista se hizo de carácter público después de que un fallo de la Sala Constitucional obligara al Ministerio de Hacienda a revelar el nombre de las empresas, entre las cuales se encontraba el operador de telecomunicaciones.

Que una empresa apareciera en esta lista no significa directamente que fuera un evasor, ya que para realizar dicha afirmación, se requería realizar un análisis más profundo de cada caso, aclaró en su momento Rocío Aguilar, ministra de Hacienda.