Necesidad de una Reforma Integral en materia de Infraestructura Pública

Ambiente de Desconfianza en los Inversionistas. La decisión del Gobierno de suspender la discusión del proyecto del Tren Eléctrico de Pasajeros de la Gran Área Metropolitana, y por ende, no convocar en la Asamblea Legislativa el préstamo aprobado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), así como la discusión política sobre este durante los últimos meses – dejando de lado por un momento la idoneidad técnica o no de los estudios de factibilidad- demuestra una vez más que Costa Rica carece de un organismo técnico especializado en originar y estructurar proyectos de infraestructura pública. La intención del artículo no es entrar a analizar, si los estudios de factibilidad sobre el Tren Eléctrico de Pasajeros están bien hechos o no, sino visibilizar el tortuoso camino de este proyecto como un ejemplo más, de la urgencia de realizar una reforma integral en materia de infraestructura pública. No podemos obviar, que el efecto inmediato más preocupante de la suspensión del proyecto y la discusión sobre los estudios de este, es el ambiente de desconfianza creado hacia los potenciales inversionistas, del cual Costa Rica ya tiene una historia.

Teniendo en cuenta la difícil situación de las finanzas públicas del país (un déficit del Gobierno Central que alcanza casi un 7% del producto interno bruto (PIB)), la capacidad más que limitada de endeudamiento (el nivel de deuda del país alcanza el 60% del PIB), y sumando la dura crisis que nos golpea, y cuyos efectos en el tiempo a este momento no se pueden ni calcular, no hay una mejor herramienta que le pueda ser útil al Gobierno para reactivar e impulsar la economía del país – con un impacto casi que de inmediato en el PIB-, que desarrollar proyectos de infraestructura pública mediante el mecanismo de Asociaciones Publicas-Privadas (APPs). No hay necesidad de ser un experto para darse cuenta de que Costa Rica no tiene la capacidad para poder financiar – y en algunos casos fondear – proyectos vitales para el desarrollo del país, en particular, en el sector transporte y social, que simplemente no podemos retrasar más.

Y si bien el Gobierno ha mejorado mucho la ejecución de construcción de nueva infraestructura pública durante los últimos años, no podemos dejar de lado que esta priorización sobre el mantenimiento de la infraestructura pública existente, genera una gran preocupación – la cual hemos sufrido por décadas. La duda de dónde saldrán los fondos para mantener dicha infraestructura nueva queda en el aire, y más, si no podemos ni darle mantenimiento eficiente a la ya existente. Costa Rica no puede seguir cometiendo los errores - y negligencia - del pasado de construir infraestructura pública, sin contar con un plan de mantenimiento a largo plazo con una solución financiera viable.

Debemos mirar hacia el Futuro. Debemos dejar de lado las discusiones políticas - e intereses particulares / partidarias – y Costa Rica debe dar el paso de manera urgente a la creación de una Agencia Especializada en inversión privada mediante Asociaciones Público-Privadas en infraestructura pública, que tenga la capacidad técnica para estructurar todos los proyectos de infraestructura mediante el mecanismo de APP en todos los sectores del país, y en todas sus etapas: estructuración, prefactibilidad, factibilidad, diseño, y aprobación del paquete financiero. Es inentendible, que los proyectos que actualmente se encuentran en el pipeline no son estructurados mediante un único organismo técnico que pueda asistir a todas las instituciones del estado y gobiernos locales en la estructuración de este tipo de proyectos, y evitar errores en la estructuración de ellos.

Adicionalmente, resulta imposible creer que a este momento, Costa Rica carezca de un programa APP con una cartera sólida de proyectos para los siguientes 5-7 años como mínimo. Debemos aprovechar la reciente reforma a la Ley de Concesión de Obra Pública y utilizar el fondo de pre-inversión creado mediante dicha reforma para potencializar esta Agencia y empezar a crear un programa APP sólido, técnico que no dé lugar a discusiones políticas y que esté orientado a generar confianza entre las empresas privadas, gobiernos locales e instituciones del estado. Costa Rica ya tiene un exitoso ejemplo en contar con una agencia de promoción de inversión extranjera directa como lo es CINDE (la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo), trayendo un gran cantidad de empresas al país. Los proyectos de infraestructura deben seguir la misma línea; debemos dejar de pensar, que son victorias exclusivas de partidos políticos, y debemos dar el salto para entender, de que cada proyecto es una victoria país totalmente apolítica.