¡No aprenden los diputados!

¡No aprenden los diputados!

Todos estamos conscientes del creciente problema con la trata de personas y es admirable que 40 legisladores aprobaron en primer debate un programa para combatir este abuso a los derechos humanos.
Todos los días transitan por el país personas que están siendo trasladadas involuntariamente, y con distintos y desagradables fines. Muchas son de otras nacionalidades, pero también hay costarricenses que se enredan y terminan aquí o en otros países en situaciones de esclavitud.
Pretenden los diputados financiar este programa con un impuesto de un dólar a lo que es la salida del país. ¡Qué necios! Es como que no aprenden, o que no les asesoran adecuadamente los técnicos que laboran en la Asamblea Legislativa. Si aprueban esto así, será un proyecto más que no dará fruto y que terminará en el basurero.
Señores, en Costa Rica lo que hay ahora es una “caja única”. Todo dinero recaudado, y es seguro que este proyecto no sería excepción, llega al Ministerio de Hacienda y es usado según las prioridades establecidas por el Poder Ejecutivo y aprobado por la legislatura.
En una situación donde la mitad del presupuesto es financiado con bonos, habrá presión para usar esos fondos nuevos para otras causas importantes que se perciben de igual importancia como es esta de la trata de personas.
Al principio quizás una parte llegará a toda una lista de 22 instituciones que pretenden recibir dinero para atacar a la trata de personas. La lista incluye a IAFA, ICT, INAMU, INA, Migración, Policía de Tránsito, Policía, Ministerio de Trabajo y muchos más.
Cada uno recibirá un “puchito” que servirá para hacer “algo”. Pero con el tiempo y la fuerte dispersión de relativamente poca plata, el producto del impuesto servirá para cualquier cosa que se le ocurra al gobierno de turno.
Pero en este caso hay un segundo tema que hay que examinar también, quizás en la Sala Constitucional.
Costa Rica es una democracia y la Constitución (Artículo 22) dice que no puede existir impedimento de ningún tipo para que sus ciudadanos entren y salgan de su territorio. Se puede cobrar por el uso de una terminal aérea, para mantener esta y los servicios de Aviación Civil, pero no se puede imponer por el mero hecho de que salga la persona del país. Un costarricense, identificado como tal con la autoridad, que salga a pie o quizás remando en un cayuco, no tiene obligación de pagar nada a nadie. Al entrar a territorio ajeno sí tiene que identificarse y pagar lo que pudiera cobrar el estado donde llega.
En la actualidad se cobra $28 por persona por el uso de los aeropuertos nacionales y ese monto incluye $2 nuevos por una requisa adicional que recientemente se realiza en las “mangas” cuando se aborda al avión. El cobro es por el uso de la terminal; no es impuesto aunque a veces se refiere al monto de esa manera.
Señores diputados, seguir con el plan, reducir la cantidad de instituciones beneficiadas y buscar otra manera para financiarlo. ¡Adelante!

Carlos Denton
cdenton@cidgallup.com