Nueva reforma fiscal no convence a diputados
Natasha Cambronero redaccion@larepublica.net | Miércoles 22 junio, 2011
Más impuestos no pueden ser aprobados si no hay recorte de gasto, cobro eficiente de gravámenes y revisión de superávits
Nueva reforma fiscal no convence a diputados
Propuesta solo cuenta con aval del oficialismo, PASE y legisladores cristianos
Si Laura Chinchilla, presidenta de la República, pretende aprobar nuevos impuestos tendrá que intensificar la negociación con las principales bancadas de oposición, pues los diputados ven con recelo la nueva propuesta de reforma fiscal presentada ayer.
El texto sustitutivo, presentado por el gobierno, generó de primera entrada dudas, preocupaciones y reclamos, ya que los congresistas consideran que no se pueden aprobar más tributos, si no hay antes un recorte del gasto, se cobran eficientemente los gravámenes actuales y se revisan los superávits.
Por un lado, el Movimiento Libertario se negó a conversar con Fernando Herrero, ministro de Hacienda, y no descarta presentar “carretillos de mociones” contra el paquete tributario, mientras que la Unidad Social Cristiana demanda restricciones presupuestarias.
El Partido Acción Ciudadana suaviza el tono si se compara con los libertarios y la Unidad, pero considera que todavía queda mucho camino por recorrer.
Los únicos que quedaron satisfechos con la propuesta fueron los legisladores del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), quienes ayer mismo manifestaron su apoyo al texto, así como los diputados de Restauración Nacional y Renovación Costarricense.
El nuevo plan fiscal no había ingresado aún a la corriente legislativa y ya estaba generando polémica, debido a que el Gobierno considera que se requieren solo 29 votos para aprobar el proyecto, mientras que algunos legisladores de oposición indican que se necesitan 38.
En ese sentido, Juan Carlos Mendoza, presidente del Congreso, sería el responsable de resolver ese diferendo, indican sus compañeros de fracción de Acción Ciudadana.
El texto enviado a la corriente legislativa amplía de 50 a 233 el número de bienes y servicios de la canasta básica exentos del pago del impuesto de ventas. Elimina el tributo del 15% a los excedentes de las asociaciones solidaristas y cooperativas y en su lugar establece una escala progresiva.
Asimismo, libera de gravámenes las ayudas técnicas para personas con discapacidad y disminuye del 15% al 8% el impuesto a los rendimientos de los títulos emitidos para la vivienda.
Al Banco Popular, por su parte, se le estableció una tarifa del 15% por los rendimientos de los títulos girados.
Mientras que en materia de educación, el texto sustituto pretende que se cobre un impuesto del 10% sobre el exceso entre la matrícula y el mínimo exento, es decir, que por una mensualidad por encima de ¢110 mil, se cobre tal porcentaje al sobrante. Tal medida se aplicaría para todos los niveles educativos.
Anteriormente, el Ejecutivo pretendía que la tasa impositiva fuera del 10% y que solo las instituciones que cobren menos de ¢110 mil por mes fueran exoneradas.
Otro de los temas donde menos consenso existe, es en gravar la salud privada, en este sentido, la nueva propuesta establece que los servicios hospitalarios paguen una tasa del 10% y no del 14%.
Esta, la tercera propuesta de reforma fiscal que presenta la administración Chinchilla, establece también que el adelanto de la renta se mantendrá con la regulación de pagos parciales y no con un impuesto mínimo a los ingresos del 1% como se pretendía.
Con esta propuesta, el Ministerio de Hacienda pretende recaudar un 2,2% de la producción nacional.
Natasha Cambronero/Esteban Arrieta
ncambronero@larepublica.net
earrieta@larepublica.net
Nueva reforma fiscal no convence a diputados
Propuesta solo cuenta con aval del oficialismo, PASE y legisladores cristianos
El texto sustitutivo, presentado por el gobierno, generó de primera entrada dudas, preocupaciones y reclamos, ya que los congresistas consideran que no se pueden aprobar más tributos, si no hay antes un recorte del gasto, se cobran eficientemente los gravámenes actuales y se revisan los superávits.
Por un lado, el Movimiento Libertario se negó a conversar con Fernando Herrero, ministro de Hacienda, y no descarta presentar “carretillos de mociones” contra el paquete tributario, mientras que la Unidad Social Cristiana demanda restricciones presupuestarias.
El Partido Acción Ciudadana suaviza el tono si se compara con los libertarios y la Unidad, pero considera que todavía queda mucho camino por recorrer.
Los únicos que quedaron satisfechos con la propuesta fueron los legisladores del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), quienes ayer mismo manifestaron su apoyo al texto, así como los diputados de Restauración Nacional y Renovación Costarricense.
El nuevo plan fiscal no había ingresado aún a la corriente legislativa y ya estaba generando polémica, debido a que el Gobierno considera que se requieren solo 29 votos para aprobar el proyecto, mientras que algunos legisladores de oposición indican que se necesitan 38.
En ese sentido, Juan Carlos Mendoza, presidente del Congreso, sería el responsable de resolver ese diferendo, indican sus compañeros de fracción de Acción Ciudadana.
El texto enviado a la corriente legislativa amplía de 50 a 233 el número de bienes y servicios de la canasta básica exentos del pago del impuesto de ventas. Elimina el tributo del 15% a los excedentes de las asociaciones solidaristas y cooperativas y en su lugar establece una escala progresiva.
Asimismo, libera de gravámenes las ayudas técnicas para personas con discapacidad y disminuye del 15% al 8% el impuesto a los rendimientos de los títulos emitidos para la vivienda.
Al Banco Popular, por su parte, se le estableció una tarifa del 15% por los rendimientos de los títulos girados.
Mientras que en materia de educación, el texto sustituto pretende que se cobre un impuesto del 10% sobre el exceso entre la matrícula y el mínimo exento, es decir, que por una mensualidad por encima de ¢110 mil, se cobre tal porcentaje al sobrante. Tal medida se aplicaría para todos los niveles educativos.
Anteriormente, el Ejecutivo pretendía que la tasa impositiva fuera del 10% y que solo las instituciones que cobren menos de ¢110 mil por mes fueran exoneradas.
Otro de los temas donde menos consenso existe, es en gravar la salud privada, en este sentido, la nueva propuesta establece que los servicios hospitalarios paguen una tasa del 10% y no del 14%.
Esta, la tercera propuesta de reforma fiscal que presenta la administración Chinchilla, establece también que el adelanto de la renta se mantendrá con la regulación de pagos parciales y no con un impuesto mínimo a los ingresos del 1% como se pretendía.
Con esta propuesta, el Ministerio de Hacienda pretende recaudar un 2,2% de la producción nacional.
Natasha Cambronero/Esteban Arrieta
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