Presidente no apoyará huelga de sindicalistas

Nuevo muelle pone al gobierno en la línea de fuego

Empresarios se incomodan por atrasos al proyecto de APM Terminals

Por primera vez desde el 8 de mayo, el gobierno está en medio de una decisión en la que no podrá quedar bien con todas las partes involucradas.
En principio, su postura es apoyar la decisión de los tribunales que le dieron la razón a la empresa que pretende construir una moderna terminal de contenedores en Moín, lo cual generó el enojo de los sindicatos de muelleros.
El presidente Luis Guillermo Solís no solo le dio su apoyo a la terminal, sino que también manifestó que no justificaba la huelga que plantea organizar el sindicato.
“No vamos a permitir que unas pocas personas, que han hecho además, declaraciones que parecieran completamente contrarias al espíritu costarricense de conciliación y entendimiento pacífico, pongan en jaque a una población entera”, manifestó Solís ayer.
Sería la primera vez que el actual gobierno asume una posición contundente en un tema de importancia nacional y que divide a empresarios y sindicalistas.
Una decisión clara les dará certeza a los diferentes sectores económicos sobre el rumbo que lleva este gobierno.
La terminal de contenedores es considerada una obra clave por parte de los empresarios y algunos grupos comunales de la provincia limonense, al considerar que no solo necesitará de nuevos trabajadores para el muelle, sino que también generará encadenamientos que atraerán inversión a la zona.
Grupos de empresarios, la junta directiva de Japdeva y otros sectores se reunieron ayer con el fin de conformar un grupo de mediación en el momento en que se haga la huelga.
Por su parte, el sindicato de muelleros insiste en que la terminal es un monopolio privado, por lo que se justifica la huelga, por no permitírseles abrir a la competencia. Su tesis cuenta con el respaldo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) y de los sindicatos del ICE, INS y Recope, entre otros.
Quienes apoyan la construcción del muelle señalan que no se trata de un monopolio privado, sino que es una concesión a una empresa pues el puerto que se construirá le pertenecerá al Estado. La concesión tendrá un plazo de 33 años.
Adicionalmente, el MOPT envió un comunicado de prensa en el que ratifica que la empresa APM se encargará únicamente de los buques que transporten exclusivamente contenedores. Los barcos con carga mixta, que representan el 40% de todos los que atracan en Limón, seguirán siendo atendidos por Japdeva.
La decisión del gobierno de decantarse a favor del nuevo puerto se toma sin conocer aún el fallo de la Secretaría Técnica Ambiental, que en los próximos días deberá decidir si le otorga o no el aval al proyecto.
Sin esa viabilidad ambiental no será posible iniciar la construcción de la obra, estimada para arrancar en enero.

Rodrigo Díaz
rdiaz@larepublica.net