“Nunca imaginé que defender la institucionalidad pública significara un quebranto de la Defensoría": Catalina Crespo

Defender la institucionalidad pública y los derechos y libertades de las personas, ante omisiones que desde el poder político se gestaron en contra de la población, significó un quebranto a lo interno de la Defensoría de los Habitantes, señaló Catalina Crespo en su último informe como jerarca de la entidad.

Esto debido a que, al haber denunciado el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), del expresidente Carlos Alvarado, se convirtió en objeto de persecución y generó una campaña de difamación en su contra.

Asimismo, aseguró que funcionarios que pidieron su renuncia "quebrantaron sus deberes legales".

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A pesar de ello, la defensora sostuvo que durante su gestión se lograron avances como aumentar la atención de denuncias de 24 mil a más de 34 mil; la mayoría de ellas contra el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Centro de Atención Institucional (CAI).

“Ese tema no es nuevo, lo hemos indicado por años y, pese a ello, la gestión administrativa del sector público sigue incumpliendo los principios del buen gobierno y sigue sin ser capaz de cumplir con los estándares deseables y adecuados de los derechos humanos que exige un Estado de derecho democrático”, dijo Crespo esta tarde en el plenario de la Asamblea Legislativa.

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Un ahorro para el Estado superior a ¢500 millones anuales por haber congelado 42 plazas, mejorar los tiempos en resolución y que más del 80% de los casos se resuelvan en el plazo de dos meses, fueron otros logros durante su periodo.