Operadoras de pensión penalizadas por prácticas monopolísticas
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Miércoles 22 julio, 2009
Presunto acuerdo entre ellas para cobrar la misma comisión motivó sanción
Operadoras de pensión penalizadas por prácticas monopolísticas
Sociedades apelarán multa, la cual asciende a ¢2.400 millones en total
Todas las operadoras de pensiones —a excepción de CCSS Pensiones— serían multadas por acordar prácticas monopolísticas.
La decisión fue adoptada por la Comisión para Promover la Competencia, la cual determinó que se habrían puesto de acuerdo para cobrar una misma comisión para el manejo del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).
Ante ello las Operadoras de Pensión Complementaria (OPC) presentarán una revocatoria individual pero con argumentos similares, en la cual tratarán de demostrar que no hubo acuerdo.
De momento, todas están en capacidad de enfrentar la multa —la cual asciende a ¢2.400 millones— y preparan fondos de contingencia. En un inicio, ninguna saldrá del mercado ni se fusionará. En algunos casos, intentarán capitalizarse para no desmejorar la atención al cliente.
La afectación sobre los afiliados es incierta. En el caso de las operadoras que pertenecen a la banca estatal por ley reparten el 50% de sus utilidades entre los afiliados. Este año es probable que no logren ganancias para repartir.
En el sector privado, la menor solvencia financiera podría limitar el presupuesto para ejecutar nuevas inversiones publicitarias y tecnológicas a favor del cliente.
Este proceso data de noviembre de 2004, cuando las OPC migraron al cobro sobre el saldo en el ROP.
En ese momento, siete de las ocho operadoras establecieron la misma tarifa.
Ese mismo año, el mercado bursátil vivió una crisis que afectó el rendimiento de los valores. Sumado a ello, los fondos voluntarios tuvieron una caída significativa y por ende, los ingresos de las OPC mermaron.
Con ese escenario, la Superintendencia de Pensiones (Supen) pidió que se investigara si hubo acuerdo para establecer las mismas comisiones en el mercado y si se afectaba el precio que los afiliados pagaban a sus operadoras.
Esta hipótesis fue confirmada por la Comisión para la Promoción de la Competencia y catalogada de alta gravedad.
El viernes pasado finalizó la fase de notificación y las operadoras están en la etapa de presentar sus revocatorias.
La multa impuesta por este órgano es la máxima que permite la ley. Para seis de las siete sancionadas, es equivalente al 10% de sus activos a diciembre de 2008. IBP Pensiones pagará un 10% de sus ventas durante el mismo periodo, porque el monto es mayor.
“La prueba que la Comisión consideró para valorar que existió un supuesto acuerdo, se fundamenta en la valoración de las actas de la Asociación Costarricense de Pensiones y en que hubo muy poco tiempo entre las solicitudes para ajustar las comisiones”, indicó Victoria Velázquez, directora ejecutiva de la Comisión para Promover la Competencia.
A criterio de la industria, las citas utilizadas como argumento por la Comisión están descontextualizadas, porque son la respuesta a preguntas que los reguladores les hicieron sobre el nuevo esquema de cobro.
“A ellos respondimos que los montos sugeridos no eran suficientes para garantizar la sostenibilidad de las operadoras. Nunca hablamos de un acuerdo”, recordó Danilo Ugalde, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensión.
Otro punto en la defensa es que las solicitudes de modificación fueron presentadas ante la Supen, entidad que las autorizó; y que bien pudo rechazar las solicitudes.
“Es correcto lo que dicen las OPC. Lo que pasa es que aquí lo que han sancionado es la actuación y conducta seguida por gran parte de la industria, específicamente en la forma y el comportamiento seguido para ajustar las comisiones hacia los topes máximos establecidos. Por otra parte, es obvio que las sospechas surgen posteriormente a la solicitud y aprobación del aumento solicitado por las OPC”, dijo Javier Cascante, superintendente de pensiones.
Las sentencias podrían quedar en firme en unos dos meses. La Comisión debe resolver primero todos los recursos que se presenten. La multa puede ser ejecutada hoy, pero van a esperar a responder todas las revocatorias por si se diera algún cambio en los montos impuestos. Estos dineros pasarán a la caja única del Estado.
Daniel Chacón
dchacon@larepublica.net
Operadoras de pensión penalizadas por prácticas monopolísticas
Sociedades apelarán multa, la cual asciende a ¢2.400 millones en total
Todas las operadoras de pensiones —a excepción de CCSS Pensiones— serían multadas por acordar prácticas monopolísticas.La decisión fue adoptada por la Comisión para Promover la Competencia, la cual determinó que se habrían puesto de acuerdo para cobrar una misma comisión para el manejo del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).
Ante ello las Operadoras de Pensión Complementaria (OPC) presentarán una revocatoria individual pero con argumentos similares, en la cual tratarán de demostrar que no hubo acuerdo.
De momento, todas están en capacidad de enfrentar la multa —la cual asciende a ¢2.400 millones— y preparan fondos de contingencia. En un inicio, ninguna saldrá del mercado ni se fusionará. En algunos casos, intentarán capitalizarse para no desmejorar la atención al cliente.
La afectación sobre los afiliados es incierta. En el caso de las operadoras que pertenecen a la banca estatal por ley reparten el 50% de sus utilidades entre los afiliados. Este año es probable que no logren ganancias para repartir.
En el sector privado, la menor solvencia financiera podría limitar el presupuesto para ejecutar nuevas inversiones publicitarias y tecnológicas a favor del cliente.
Este proceso data de noviembre de 2004, cuando las OPC migraron al cobro sobre el saldo en el ROP.
En ese momento, siete de las ocho operadoras establecieron la misma tarifa.
Ese mismo año, el mercado bursátil vivió una crisis que afectó el rendimiento de los valores. Sumado a ello, los fondos voluntarios tuvieron una caída significativa y por ende, los ingresos de las OPC mermaron.
Con ese escenario, la Superintendencia de Pensiones (Supen) pidió que se investigara si hubo acuerdo para establecer las mismas comisiones en el mercado y si se afectaba el precio que los afiliados pagaban a sus operadoras.
Esta hipótesis fue confirmada por la Comisión para la Promoción de la Competencia y catalogada de alta gravedad.
El viernes pasado finalizó la fase de notificación y las operadoras están en la etapa de presentar sus revocatorias.
La multa impuesta por este órgano es la máxima que permite la ley. Para seis de las siete sancionadas, es equivalente al 10% de sus activos a diciembre de 2008. IBP Pensiones pagará un 10% de sus ventas durante el mismo periodo, porque el monto es mayor.
“La prueba que la Comisión consideró para valorar que existió un supuesto acuerdo, se fundamenta en la valoración de las actas de la Asociación Costarricense de Pensiones y en que hubo muy poco tiempo entre las solicitudes para ajustar las comisiones”, indicó Victoria Velázquez, directora ejecutiva de la Comisión para Promover la Competencia.
A criterio de la industria, las citas utilizadas como argumento por la Comisión están descontextualizadas, porque son la respuesta a preguntas que los reguladores les hicieron sobre el nuevo esquema de cobro.
“A ellos respondimos que los montos sugeridos no eran suficientes para garantizar la sostenibilidad de las operadoras. Nunca hablamos de un acuerdo”, recordó Danilo Ugalde, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensión.
Otro punto en la defensa es que las solicitudes de modificación fueron presentadas ante la Supen, entidad que las autorizó; y que bien pudo rechazar las solicitudes.
“Es correcto lo que dicen las OPC. Lo que pasa es que aquí lo que han sancionado es la actuación y conducta seguida por gran parte de la industria, específicamente en la forma y el comportamiento seguido para ajustar las comisiones hacia los topes máximos establecidos. Por otra parte, es obvio que las sospechas surgen posteriormente a la solicitud y aprobación del aumento solicitado por las OPC”, dijo Javier Cascante, superintendente de pensiones.
Las sentencias podrían quedar en firme en unos dos meses. La Comisión debe resolver primero todos los recursos que se presenten. La multa puede ser ejecutada hoy, pero van a esperar a responder todas las revocatorias por si se diera algún cambio en los montos impuestos. Estos dineros pasarán a la caja única del Estado.
dchacon@larepublica.net