Operadoras se enfilan contra Comisión de la Competencia
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Jueves 23 julio, 2009
Castigo impuesto en su contra se basa en frases que fueron sacadas de contexto, aducen en sociedades
Operadoras se enfilan contra Comisión de la Competencia
Recursos de revocatoria serán analizados para determinar si la sanción se mantiene
La industria de pensiones alista la defensa para tratar de demostrar que no existió un acuerdo para fijar las comisiones que cobraban por la administración del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).
Como parte de la argumentación, las Operadoras de Pensión Complementaria (OPC) explican que hubo una descontextualización de citas y pruebas, confundiendo dos escenarios diferentes para dar sustento al fallo, dado a conocer este martes por la Comisión para Promover la Competencia.
Sumado a ello, defienden que los indicadores demuestran que hubo mayor competencia, por lo que es incorrecto hablar de un monopolio absoluto, porque si no las operadoras no estarían compitiendo atrayendo clientes.
La Comisión para Promover la Competencia utilizó como prueba para imponer una multa de ¢2.400 millones a las operadoras —excepto a la de la Caja de Seguro Social— las actas de la Asociación Costarricense de Pensiones (ACOP).
En ellas se discutía el rango de las nuevas comisiones que se utilizarían, al migrar del esquema de cobro sobre aporte y rendimiento a uno sobre saldo.
En esa reunión se habría discutido el informe que decía que con el cambio la industria perdería, entonces tendrían que ubicarse en el cobro máximo (de la comisión) permitido por la Superintendencia de Pensiones, e incluso pedir que fuera un 0,25% por encima del tope.
Este informe se elaboró a solicitud de la Superintendencia de Pensiones (Supen).
“Se les pidió a dos personas, que no son gerentes, que hicieran un estudio para determinar el impacto de migrar de un esquema a otro. Esto nada tiene que ver con la decisión de subir las comisiones en el sistema viejo, del cual no estábamos conversando”, explicó Ernesto Hip, gerente de BN Vital.
A finales de 2004, la industria enfrentaba pérdidas porque los títulos de los fondos voluntarios se vinieron al suelo. Esto generó pérdidas por ¢973,5 millones en lo que se refiere a su operadora, y se expuso el caso ante la junta directiva, recordó el gerente.
Este órgano escogió entre las posibilidades la de aumentar la comisión que se co
braba a los afiliados al máximo permitido por la Supen. El resto de OPC, al ver que la más grande estaba variando sus comisiones, se fueron en la misma dirección.
“En el caso de BAC veníamos perdiendo plata y teníamos una oportunidad de generar más ingresos que permitían nuevos proyectos para beneficiar a nuestros clientes y competir, son cosas que están separadas”, dijo Javier Sancho, gerente de BAC Pensiones.
La esperanza de que en el proceso de réplica la Comisión para Promover la Competencia cambie de postura es vista con desconfianza.
“No es apropiado que emitan criterios de un caso que está en proceso, no genera confianza que se emita criterio con respecto a materia que será juzgada”, dijo Alejandro Solórzano, gerente de Vida Plena OPC.
En el transcurso de la investigación hubo pruebas que las OPC catalogan como categóricas, y que quedaron fuera del expediente en el cual se basa la autoridad para aplicar la sanción.
Sobre el tema, en la Comisión para Promover la Competencia consideran que están en todo su derecho de efectuar el castigo.
Daniel Chacón
dchacon@larepublica.net
Operadoras se enfilan contra Comisión de la Competencia
Recursos de revocatoria serán analizados para determinar si la sanción se mantiene
La industria de pensiones alista la defensa para tratar de demostrar que no existió un acuerdo para fijar las comisiones que cobraban por la administración del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).Como parte de la argumentación, las Operadoras de Pensión Complementaria (OPC) explican que hubo una descontextualización de citas y pruebas, confundiendo dos escenarios diferentes para dar sustento al fallo, dado a conocer este martes por la Comisión para Promover la Competencia.
Sumado a ello, defienden que los indicadores demuestran que hubo mayor competencia, por lo que es incorrecto hablar de un monopolio absoluto, porque si no las operadoras no estarían compitiendo atrayendo clientes.
La Comisión para Promover la Competencia utilizó como prueba para imponer una multa de ¢2.400 millones a las operadoras —excepto a la de la Caja de Seguro Social— las actas de la Asociación Costarricense de Pensiones (ACOP).
En ellas se discutía el rango de las nuevas comisiones que se utilizarían, al migrar del esquema de cobro sobre aporte y rendimiento a uno sobre saldo.
En esa reunión se habría discutido el informe que decía que con el cambio la industria perdería, entonces tendrían que ubicarse en el cobro máximo (de la comisión) permitido por la Superintendencia de Pensiones, e incluso pedir que fuera un 0,25% por encima del tope.
Este informe se elaboró a solicitud de la Superintendencia de Pensiones (Supen).
“Se les pidió a dos personas, que no son gerentes, que hicieran un estudio para determinar el impacto de migrar de un esquema a otro. Esto nada tiene que ver con la decisión de subir las comisiones en el sistema viejo, del cual no estábamos conversando”, explicó Ernesto Hip, gerente de BN Vital.
A finales de 2004, la industria enfrentaba pérdidas porque los títulos de los fondos voluntarios se vinieron al suelo. Esto generó pérdidas por ¢973,5 millones en lo que se refiere a su operadora, y se expuso el caso ante la junta directiva, recordó el gerente.
Este órgano escogió entre las posibilidades la de aumentar la comisión que se co
braba a los afiliados al máximo permitido por la Supen. El resto de OPC, al ver que la más grande estaba variando sus comisiones, se fueron en la misma dirección.“En el caso de BAC veníamos perdiendo plata y teníamos una oportunidad de generar más ingresos que permitían nuevos proyectos para beneficiar a nuestros clientes y competir, son cosas que están separadas”, dijo Javier Sancho, gerente de BAC Pensiones.
La esperanza de que en el proceso de réplica la Comisión para Promover la Competencia cambie de postura es vista con desconfianza.
“No es apropiado que emitan criterios de un caso que está en proceso, no genera confianza que se emita criterio con respecto a materia que será juzgada”, dijo Alejandro Solórzano, gerente de Vida Plena OPC.
En el transcurso de la investigación hubo pruebas que las OPC catalogan como categóricas, y que quedaron fuera del expediente en el cual se basa la autoridad para aplicar la sanción.
Sobre el tema, en la Comisión para Promover la Competencia consideran que están en todo su derecho de efectuar el castigo.
Daniel Chacón
dchacon@larepublica.net