Oportuno ordenamiento de las exenciones

Paulina Ramírez Portuguez

Presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios

El último informe Estado de la Nación 2022, exhibe que durante la administración del expresidente Carlos Alvarado Quesada se aprobaron un total de 104 exenciones fiscales, de las cuales un 61% no definió claramente el impuesto exento, un 89% no contuvo el plazo de vigencia y un 79% carece de mecanismos de control.

Podemos coincidir en que las exoneraciones de impuestos pueden resultar beneficiosos instrumentos de política fiscal para potenciar a sectores específicos en el marco del desarrollo nacional -si son concedidas responsablemente- debido a que traen afectaciones en la recaudación.

El pasado 1 de setiembre de 2022, finalmente se publicó en el Diario La Gaceta, la Ley N° 10.286, que aprobamos en la actual legislatura, y viene justamente a regular los regímenes de exenciones del pago de tributos, su otorgamiento y control sobre su uso y destino.

Desde su presentación en la corriente legislativa en 2015, han pasado más de siete años de trámites, consultas, audiencias, textos sustitutivos y negociaciones políticas, para que por fin se convirtiera en ley de la República.

Personalmente celebro la aprobación de esta legislación, ya que en el periodo 2014-2018, tuve la oportunidad de trabajar e impulsar este tema desde la Comisión de Asuntos Hacendarios, con el cual me comprometí desde un inicio.

Siempre he creído en la idea de que, para enfrentar la crisis fiscal que atraviesa el país, resulta necesario introducir reformas estructurales en al menos cuatro ejes fundamentales:

1. mejorar la recaudación de ingresos,

2. dar calidad al gasto público,

3. reducir la evasión y

4. ordenar el tema de las exoneraciones y exenciones.

Precisamente, es sobre ese último eje que la presente ley viene a regular el procedimiento de otorgamiento, liberación, liquidación, traspaso y control sobre uso y destino, de las exenciones que se encuentran bajo tutela de la Dirección General de Hacienda, así como la creación de un régimen sancionatorio aplicable a incumplimientos a la normativa que rige las exenciones.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda tendrá la obligación de evaluar la eficacia, pertinencia y validez de las exoneraciones otorgadas en cada régimen vigente, debiendo analizar la necesidad de mantener, modificar, reducir, eliminar parcial o totalmente, la exoneración correspondiente.

Los estudios realizados a este efecto, que deberán estar listos dentro de los siguientes dos años, a partir de la entrada en vigencia de la ley, deberán ser publicados y puestos en conocimiento de la Asamblea y del órgano contralor.

A partir de tales estudios, el Poder Ejecutivo presentará el proyecto de ley derogando aquellas exoneraciones que se considere ya cumplieron su objetivo, y estableciendo un plazo de vigencia máximo de 5 años para aquellas respecto de las cuales se recomendó su continuidad.

Todo lo anterior, viene a garantizar el acceso a la información, la publicidad y la transparencia en el procedimiento que crea esta ley, lo que también se traduce en orden y control sobre un tema que ha estado a la libre por muchos años.

En síntesis, esta ley, además de eliminar o derogar casi 140 leyes obsoletas que otorgaron en algún momento una exención que ya fue disfrutada y feneció; define un procedimiento claro para el otorgamiento de la autorización para disfrutar el beneficio de la exención, para liquidarlas; es decir, para quitarlas y para sancionar a quien mal utilice el beneficio en su disfrute o no tenga autorización para hacerlo.

Obliga también a que las exenciones sean revisadas frecuentemente, con el objetivo de que se valore su interés actual, el valor que agregan y sus resultados para la sociedad.

Tradicionalmente, el tema de las exenciones ha sido manejado de manera muy irresponsable, en perjuicio de las arcas públicas.

Como actual presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, insto al Poder Ejecutivo a que avance en su reglamentación cuanto antes, con miras a una exitosa aplicación.