Oportuno fallo sobre comercialización de bebidas alcohólicas
| Viernes 02 marzo, 2012
Oportuno fallo sobre comercialización de bebidas alcohólicas
Oportuno y certero ha sido el fallo de la Sala Constitucional con relación al proyecto sobre regulación y comercialización de bebidas alcohólicas, acogiendo un recurso que en su oportunidad presenté para que esa iniciativa no se convirtiera en Ley de la República, en los términos en que estaba redactada.
La Sala declara inconstitucional el proyecto, que recibió votación afirmativa en primer debate, por la amplitud en el otorgamiento de patentes, la reducción de las distancias entre centros expendedores de licor con relación a escuelas e iglesias y la ampliación de los horarios de bares y cantinas.
Esas y otras consideraciones las incluí en la consulta que remití a la Sala el pasado 19 de enero, partiendo fundamentalmente de razones de salud pública, en coincidencia con pronunciamientos que en su momento hiciera el IAFA, que se mostró totalmente contrario al proyecto citado.
Durante el trámite de la iniciativa resultó evidente que entre sus propulsores tuvieron un gran peso las razones de orden fiscal; es decir, allegarles más recursos a las municipalidades por la vía de la ampliación en el otorgamiento de patentes sin ningún criterio técnico, y extendiendo el horario de funcionamiento de bares y cantinas.
Lo dije en el plenario y lo manifesté ante la Sala Constitucional: el tema de la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, más que un asunto de pesos, es un asunto de salud pública, y resulta absolutamente improcedente hacer descansar el desarrollo de un cantón en la proliferación de cantinas y el aumento de la ingesta por parte de sus habitantes.
En el proyecto, la concesión de licencias de licor quedaba exclusivamente sujeta a la voluntad de los regidores, sin exigir mayoría calificada de votos, renunciando a toda valoración de orden técnico y prescindiendo del mecanismo de los remates. De esa forma, se daban las condiciones para llenar de cantinas el territorio nacional, y por eso presenté la acción ante la Sala IV, cuya resolución obliga a hacerle enmiendas sensibles a tan cuestionada iniciativa.
Me he pronunciado porque se acabe el millonario negocio que particulares hacen con la comercialización de patentes, para que esta sea una actividad totalmente en manos de las municipalidades, pero con una regulación que no promueva la comercialización irresponsable de bebidas alcohólicas.
Las autoridades del IAFA periódicamente le informan al país sobre los estragos que genera la ingesta de alcohol en la vida pública y privada de la gente, así es que sin caer en posiciones absurdas, lo responsable es adoptar medidas regulatorias en su comercialización que permitan el desarrollo de esa actividad, sin fomentar irresponsablemente su consumo.
La Asamblea tiene la obligación de impulsar legislación relacionada con temas de desarrollo, pero también cumple con su responsabilidad como Poder de la República, atendiendo situaciones concretas relacionadas con la calidad de vida de la población y protegiendo la salud de sus habitantes, y este es uno de esos casos, que obligan a legislar con responsabilidad.
Luis Fishman
Diputado
Oportuno y certero ha sido el fallo de la Sala Constitucional con relación al proyecto sobre regulación y comercialización de bebidas alcohólicas, acogiendo un recurso que en su oportunidad presenté para que esa iniciativa no se convirtiera en Ley de la República, en los términos en que estaba redactada.
La Sala declara inconstitucional el proyecto, que recibió votación afirmativa en primer debate, por la amplitud en el otorgamiento de patentes, la reducción de las distancias entre centros expendedores de licor con relación a escuelas e iglesias y la ampliación de los horarios de bares y cantinas.
Esas y otras consideraciones las incluí en la consulta que remití a la Sala el pasado 19 de enero, partiendo fundamentalmente de razones de salud pública, en coincidencia con pronunciamientos que en su momento hiciera el IAFA, que se mostró totalmente contrario al proyecto citado.
Durante el trámite de la iniciativa resultó evidente que entre sus propulsores tuvieron un gran peso las razones de orden fiscal; es decir, allegarles más recursos a las municipalidades por la vía de la ampliación en el otorgamiento de patentes sin ningún criterio técnico, y extendiendo el horario de funcionamiento de bares y cantinas.
Lo dije en el plenario y lo manifesté ante la Sala Constitucional: el tema de la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, más que un asunto de pesos, es un asunto de salud pública, y resulta absolutamente improcedente hacer descansar el desarrollo de un cantón en la proliferación de cantinas y el aumento de la ingesta por parte de sus habitantes.
En el proyecto, la concesión de licencias de licor quedaba exclusivamente sujeta a la voluntad de los regidores, sin exigir mayoría calificada de votos, renunciando a toda valoración de orden técnico y prescindiendo del mecanismo de los remates. De esa forma, se daban las condiciones para llenar de cantinas el territorio nacional, y por eso presenté la acción ante la Sala IV, cuya resolución obliga a hacerle enmiendas sensibles a tan cuestionada iniciativa.
Me he pronunciado porque se acabe el millonario negocio que particulares hacen con la comercialización de patentes, para que esta sea una actividad totalmente en manos de las municipalidades, pero con una regulación que no promueva la comercialización irresponsable de bebidas alcohólicas.
Las autoridades del IAFA periódicamente le informan al país sobre los estragos que genera la ingesta de alcohol en la vida pública y privada de la gente, así es que sin caer en posiciones absurdas, lo responsable es adoptar medidas regulatorias en su comercialización que permitan el desarrollo de esa actividad, sin fomentar irresponsablemente su consumo.
La Asamblea tiene la obligación de impulsar legislación relacionada con temas de desarrollo, pero también cumple con su responsabilidad como Poder de la República, atendiendo situaciones concretas relacionadas con la calidad de vida de la población y protegiendo la salud de sus habitantes, y este es uno de esos casos, que obligan a legislar con responsabilidad.
Luis Fishman
Diputado