Oposición exige no gravar educación y salud
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Viernes 10 junio, 2011
Nueva propuesta de plan fiscal no debe incluir impuestos para esos servicios, porque no son exclusivos para “ricos”
Oposición exige no gravar educación y salud
Ampliación de bienes y servicios exentos en canasta básica y revisión de finanzas públicas demandan legisladores
Por considerar que los servicios de salud y de educación privados no son utilizados solo por las clases más privilegiadas, los partidos de oposición exigen al gobierno que desista de su idea de imponerles un gravamen en el nuevo plan fiscal.
A pocos días de que Fernando Herrero, ministro de Hacienda, dé a conocer el texto sustitutivo del paquete tributario, las principales bancadas en el Congreso le marcaron la cancha al Poder Ejecutivo y advierten que si insiste en este tema, “volverá a perder el tiempo, porque la reforma fiscal no pasará”.
Asimismo, demandan que se amplíen los bienes y servicios exentos de impuestos en la canasta básica, ya que en la propuesta anterior se redujo drásticamente, afectando potencialmente a la mayor parte de los costarricenses.
En el caso de la Unidad Social Cristiana, Luis Fishman, jefe de fracción, indica que antes de aprobar nuevos impuestos se debe hacer un análisis de las finanzas públicas, para detectar superávits, despilfarros y consultorías millonarias, además de mejorar los mecanismos de control y la lucha contra la evasión. De lo contrario, no habría viabilidad para nuevos tributos.
El llamado de atención también lo hicieron los legisladores del Partido Acción Ciudadana y del Movimiento Libertario, tras el entierro de la anterior propuesta fiscal, la cual consumió seis meses de discusión sin ningún resultado, ya que debido al amplio rechazo del proyecto, el gobierno tuvo que retirarlo de la corriente legislativa y anunciar un nuevo plan, que será enviado en los próximos días.
“De acuerdo con los datos que tenemos, alrededor del 70% de los estudiantes que están en las universidades privadas proviene de colegios públicos, lo que implica que no son de familias acomodadas. Hemos determinado que muchos tienen que trabajar durante el día, para costear sus estudios universitarios”, expresó Gustavo Arias, diputado de Acción Ciudadana en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
“Es importante acotar que las universidades públicas no pueden absorber toda esa población. Entonces, el gobierno no les da opciones a un sector de la población a nivel estatal y por si fuera poco, le quiere subir el precio de la matrícula y las materias con un impuesto en la educación privada. Eso no se vale”, agregó Arias.
En enero anterior, la reforma fiscal fue presentada por el Gobierno. La iniciativa pretendía aumentar en ¢500 mil millones la recaudación anual.
Para lograrlo, promovió la aprobación del impuesto de valor agregado, el cual, gravaría con un 14% la transacción de todos los bienes y servicios.
En el caso del sector salud, los legisladores cuestionan que el servicio que brinda la Caja de Seguro Social no es el ideal, por lo que en algunas ocasiones, los asegurados deben acudir a la medicina privada con especialistas, ante la posibilidad de esperar tres o cuatro años para la cita.
“Ahí están los planteamientos de las diversas bancadas, lo que debería hacer el Ministro, es coger lo mejor de todas las propuestas y hacer un proyecto único, y dejar sus creatividades de lado”, indicó Patricia Pérez, del Movimiento Libertario.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
Oposición exige no gravar educación y salud
Ampliación de bienes y servicios exentos en canasta básica y revisión de finanzas públicas demandan legisladores
A pocos días de que Fernando Herrero, ministro de Hacienda, dé a conocer el texto sustitutivo del paquete tributario, las principales bancadas en el Congreso le marcaron la cancha al Poder Ejecutivo y advierten que si insiste en este tema, “volverá a perder el tiempo, porque la reforma fiscal no pasará”.
Asimismo, demandan que se amplíen los bienes y servicios exentos de impuestos en la canasta básica, ya que en la propuesta anterior se redujo drásticamente, afectando potencialmente a la mayor parte de los costarricenses.
En el caso de la Unidad Social Cristiana, Luis Fishman, jefe de fracción, indica que antes de aprobar nuevos impuestos se debe hacer un análisis de las finanzas públicas, para detectar superávits, despilfarros y consultorías millonarias, además de mejorar los mecanismos de control y la lucha contra la evasión. De lo contrario, no habría viabilidad para nuevos tributos.
El llamado de atención también lo hicieron los legisladores del Partido Acción Ciudadana y del Movimiento Libertario, tras el entierro de la anterior propuesta fiscal, la cual consumió seis meses de discusión sin ningún resultado, ya que debido al amplio rechazo del proyecto, el gobierno tuvo que retirarlo de la corriente legislativa y anunciar un nuevo plan, que será enviado en los próximos días.
“De acuerdo con los datos que tenemos, alrededor del 70% de los estudiantes que están en las universidades privadas proviene de colegios públicos, lo que implica que no son de familias acomodadas. Hemos determinado que muchos tienen que trabajar durante el día, para costear sus estudios universitarios”, expresó Gustavo Arias, diputado de Acción Ciudadana en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
“Es importante acotar que las universidades públicas no pueden absorber toda esa población. Entonces, el gobierno no les da opciones a un sector de la población a nivel estatal y por si fuera poco, le quiere subir el precio de la matrícula y las materias con un impuesto en la educación privada. Eso no se vale”, agregó Arias.
En enero anterior, la reforma fiscal fue presentada por el Gobierno. La iniciativa pretendía aumentar en ¢500 mil millones la recaudación anual.
Para lograrlo, promovió la aprobación del impuesto de valor agregado, el cual, gravaría con un 14% la transacción de todos los bienes y servicios.
En el caso del sector salud, los legisladores cuestionan que el servicio que brinda la Caja de Seguro Social no es el ideal, por lo que en algunas ocasiones, los asegurados deben acudir a la medicina privada con especialistas, ante la posibilidad de esperar tres o cuatro años para la cita.
“Ahí están los planteamientos de las diversas bancadas, lo que debería hacer el Ministro, es coger lo mejor de todas las propuestas y hacer un proyecto único, y dejar sus creatividades de lado”, indicó Patricia Pérez, del Movimiento Libertario.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net