¿PAC menos transparente?
Natasha Cambronero redaccion@larepublica.net | Lunes 24 septiembre, 2012
Niegan haber recibido dinero que el partido incluyó en deuda política: contratistas
¿PAC menos transparente?
Pagos se realizaron sin irregularidades: tesorero de la agrupación
El Partido Acción Ciudadana habría intentado cobrar facturas “fantasma” dentro de la deuda política de las elecciones de 2010.
Al mismo tiempo, habría justificado erróneamente ciertos gastos. Así se desprende de declaraciones juradas, contratos y facturas que LA REPUBLICA tiene en su poder.
En tanto, el PAC defiende que todos los documentos tienen las firmas de las personas contratadas y que pedirán la intervención del OIJ para demostrar su transparencia.
El financiamiento de la agrupación rojiamarilla es analizado desde octubre anterior por el Tribunal de Elecciones, y es de esperar que los magistrados brinden esta semana las conclusiones.
El PAC presentó al menos cuatro recibos ante el TSE, con los que pretendía recuperar ¢7,2 millones que en apariencia pagó a cuatro de sus colaboradores.
Sin embargo, ellos niegan haber recibido el dinero y desconocen que se les iba a pagar mediante bonos clase B, que se financian con los recursos de todos los costarricenses.
Jenny Castro Acuña es una de las cuatro personas a las que el PAC les debe —en apariencia— ¢1,8 millones por sus servicios como promotora general en su cantón.
No obstante, Castro —actualmente regidora independiente en Alajuelita— niega haber cumplido esa función y asegura solo recibió ¢15 mil para gasolina, pues las labores que realizó fueron ad honórem.
A pesar de ello, reconoce haber firmado dos recibos en blanco.
Una situación similar ocurre con dos mujeres de apellidos Mora Espinoza y Rojas Mora en Puriscal y Alajuelita, respectivamente. Así como un hombre de apellidos Quesada Rodríguez en la comunidad de Valverde Vega, en Alajuela.
El PAC reportó que cada uno de ellos supuestamente también cobró ¢1,8 millones, por realizar en sus cantones funciones similares a las de Castro.
A estos cuatro casos se suma un quinto, un hombre de apellidos Zamora Villalobos, quien fue coordinador de transportes del PAC en San Isidro de Heredia.
Si bien confirma haber firmado facturas para posteriormente sufragar algunos gastos de gasolina y pagos de la casa club con bonos de deuda política, desconocía que el PAC cobrara ¢1,8 millones al Tribunal en su nombre por la labor que realizó, tomando en cuenta que la hizo de forma gratuita.
Para justificar esos gastos, la agrupación rojiamarilla presentó contratos firmados tanto por quienes presuntamente prestaron el servicio, como por Margarita Bolaños, secretaria general del PAC.
Los recibos fueron autorizados y firmados por Maynor Sterling, tesorero del partido.
Los “contratistas” validan esos documentos, pero con la salvedad de que en ese momento existían espacios que no habían llenado en el documento, especialmente las casillas de los montos y conceptos.
Al mismo tiempo, alguien les indicó las casillas que debían llenar con una equis.
Sterling por su parte niega que las facturas sean ficticias o que el PAC haya incurrido en hechos anómalos, prueba de ello es que todos los documentos están firmados por las personas que brindaron el servicio.
“Existen contratos y recibos firmados por la contratación de servicios especiales. Perdón pero sí firmaron, ahora no pueden venir a decir que los recibos estaban en blanco y desconocían los montos. El Tribunal deberá pedirle al OIJ que haga las pruebas científicas para ver si son ciertas o falsas las firmas”, explicó Sterling.
Si se llegan a descubrir irregularidades, los jerarcas de la agrupación podrían ser sancionados con una multa económica, o bien el caso podría ser llevado al Ministerio Público para abrir un proceso penal, dependiendo de la gravedad de los hechos.
El castigo económico puede ser de hasta 50 salarios base, mientras que la pena de prisión podría ser de hasta seis años.
El ente electoral analiza principalmente el reporte de gastos de la cuenta “servicios especiales”, por las dudas respecto a la veracidad.
Natasha Cambronero
ncambronero@larepublica.net
¿PAC menos transparente?
Pagos se realizaron sin irregularidades: tesorero de la agrupación
Al mismo tiempo, habría justificado erróneamente ciertos gastos. Así se desprende de declaraciones juradas, contratos y facturas que LA REPUBLICA tiene en su poder.
En tanto, el PAC defiende que todos los documentos tienen las firmas de las personas contratadas y que pedirán la intervención del OIJ para demostrar su transparencia.
El financiamiento de la agrupación rojiamarilla es analizado desde octubre anterior por el Tribunal de Elecciones, y es de esperar que los magistrados brinden esta semana las conclusiones.
El PAC presentó al menos cuatro recibos ante el TSE, con los que pretendía recuperar ¢7,2 millones que en apariencia pagó a cuatro de sus colaboradores.
Sin embargo, ellos niegan haber recibido el dinero y desconocen que se les iba a pagar mediante bonos clase B, que se financian con los recursos de todos los costarricenses.
Jenny Castro Acuña es una de las cuatro personas a las que el PAC les debe —en apariencia— ¢1,8 millones por sus servicios como promotora general en su cantón.
No obstante, Castro —actualmente regidora independiente en Alajuelita— niega haber cumplido esa función y asegura solo recibió ¢15 mil para gasolina, pues las labores que realizó fueron ad honórem.
A pesar de ello, reconoce haber firmado dos recibos en blanco.
Una situación similar ocurre con dos mujeres de apellidos Mora Espinoza y Rojas Mora en Puriscal y Alajuelita, respectivamente. Así como un hombre de apellidos Quesada Rodríguez en la comunidad de Valverde Vega, en Alajuela.
El PAC reportó que cada uno de ellos supuestamente también cobró ¢1,8 millones, por realizar en sus cantones funciones similares a las de Castro.
A estos cuatro casos se suma un quinto, un hombre de apellidos Zamora Villalobos, quien fue coordinador de transportes del PAC en San Isidro de Heredia.
Si bien confirma haber firmado facturas para posteriormente sufragar algunos gastos de gasolina y pagos de la casa club con bonos de deuda política, desconocía que el PAC cobrara ¢1,8 millones al Tribunal en su nombre por la labor que realizó, tomando en cuenta que la hizo de forma gratuita.
Para justificar esos gastos, la agrupación rojiamarilla presentó contratos firmados tanto por quienes presuntamente prestaron el servicio, como por Margarita Bolaños, secretaria general del PAC.
Los recibos fueron autorizados y firmados por Maynor Sterling, tesorero del partido.
Los “contratistas” validan esos documentos, pero con la salvedad de que en ese momento existían espacios que no habían llenado en el documento, especialmente las casillas de los montos y conceptos.
Al mismo tiempo, alguien les indicó las casillas que debían llenar con una equis.
Sterling por su parte niega que las facturas sean ficticias o que el PAC haya incurrido en hechos anómalos, prueba de ello es que todos los documentos están firmados por las personas que brindaron el servicio.
“Existen contratos y recibos firmados por la contratación de servicios especiales. Perdón pero sí firmaron, ahora no pueden venir a decir que los recibos estaban en blanco y desconocían los montos. El Tribunal deberá pedirle al OIJ que haga las pruebas científicas para ver si son ciertas o falsas las firmas”, explicó Sterling.
Si se llegan a descubrir irregularidades, los jerarcas de la agrupación podrían ser sancionados con una multa económica, o bien el caso podría ser llevado al Ministerio Público para abrir un proceso penal, dependiendo de la gravedad de los hechos.
El castigo económico puede ser de hasta 50 salarios base, mientras que la pena de prisión podría ser de hasta seis años.
El ente electoral analiza principalmente el reporte de gastos de la cuenta “servicios especiales”, por las dudas respecto a la veracidad.
Natasha Cambronero
ncambronero@larepublica.net