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Paola Vega duda de ampliar recorte de jornada laboral en sector privado hasta mediados de 2021

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Lunes 16 noviembre, 2020 03:10 p. m.


Paola Vega, diputada del PAC. Archivo/La República.
Paola Vega, diputada del PAC. Archivo/La República.


Antes de aprobar un nuevo proyecto que amplíe por seis meses más el recorte de la jornada laboral del sector privado en un 50%, Paola Vega, diputada del PAC, pidió a Geaninia Dinarte, ministra de Trabajo un informe detallado del impacto de esta ley.

¿Se hicieron inspecciones de trabajo?, ¿cuántas empresas se beneficiaron de la ley?, ¿es necesario ampliar aún más el plazo?, son algunas de las preguntas que Vega hizo a la ministra.

“La semana pasada se aprobó una dispensa de trámites al proyecto para mantener la reducción de jornadas laborales en el sector privado. Esto sin tener datos de las afectaciones. Por ello, he enviado esta nota a la Ministra de Trabajo pidiendo datos sobre los efectos de esta ley”, dijo Vega.

Lea más: Reducción de jornada laboral a trabajadores del sector privado se extendería seis meses más

Los trabajadores del sector privado que hoy están laborando solo media jornada por culpa de la pandemia de la Covid-19, se mantendrían bajo este esquema por seis meses más a partir de diciembre, en caso de que se apruebe un proyecto de ley de la diputada María Inés Solís de la Unidad Social Cristiana.

La iniciativa evitaría que se den despidos masivos y al mismo tiempo, ayudaría a los patronos a mantener sus operaciones en medio de la difícil situación económica

Y es que el plazo permitido para la reducción de la jornada a la mitad que dieron los diputados en marzo, cuando se dio a conocer el primer caso de Coronavirus en el país, vence en diciembre.

Lea más: Contenido Social de la Ley para la Autorización de Reducción de Jornadas de Trabajo ante la Declaratoria de Emergencia Nacional

En ese sentido, si no se da una prórroga, los patronos estarían obligados a restituir las condiciones laborales previo a la pandemia, lo cual, sería imposible de hacer para pequeñas empresas que luchan por sobrevivir.

"En estos casos, se darían despidos masivos y los patronos enfrentarían juicios laborales por la incapacidad de pagar los extremos laborales, dijo Solís.


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