Peligra empleo de pescadores

El empleo de más de 600 pescadores está en juego.

Dos empresas procesadoras cerrarían sus puertas luego de la prohibición de practicar la captura de arrastre de camarón en el Pacífico del país.

Ante esta realidad, empresarios del sector proponen llegar a un consenso que resguarde el ambiente pero también el sustento de estas familias.

En este momento, alrededor de 40 barcos cuentan con la licencia para realizar esta práctica; sin embargo, a partir de marzo los primeros permisos vencerían y así sucesivamente hasta que el último que se eliminaría en el 2018.

Estas licencias no podrían ser renovadas por el Incopesca, de acuerdo con lo establecido en la resolución de la Sala Constitucional, dada a conocer el pasado siete de agosto.

El factor ambiental es la principal razón que incentivó la disposición de la Sala en contra de los pescadores.

“Consideramos que la medida tomó en cuenta solo una parte de la realidad, y el sustento de los pescadores y sus familias quedó por fuera. El fallo trae consigo un deterioro socioeconómico de la provincia”, explicó Román Chavarría, representante de los exportadores dentro de la Cámara Puntarenense de Pescadores.

Dos de las empresas procesadoras de camarón más importantes de Puntarenas, Talmana y Emmanuel del Pacífico, cerrarían su operación por la inseguridad jurídica que les genera el fallo de la Sala.

Actualmente ambas compañías están temerosas sobre el cierre de permisos de pesca de arrastre, por lo que ya frenaron su inversión.

“Las casas matrices de esas compañías no quieren seguir invirtiendo en Costa Rica, pues el fallo limita la actividad y por ende sus operaciones”, insistió Chavarría.

Sin embargo, en la provincia puntarenense la mayoría de los habitantes se dedican a esta labor, y con el cierre de estas empresas son muchos los trabajadores que dejarían de formar parte de la fuerza laboral del país.

El sector camaronero requiere de mucha mano de obra y ha sido el sustento de estas familias por muchos años.

Se trata de personas que han hecho esto toda su vida, por lo que encontrar empleo en otra rama no sería una posibilidad.

“Estamos desesperadas, soy jefa de hogar al igual que la mayoría, y por este fallo nos podrían dejar sin trabajo de un momento a otro, dependemos de este sueldo. En Puntarenas no hay trabajo, el 95% de los puntarenenses vivimos de la pesca de arrastre”, indicó Jennifer Marenco, trabajadora de Emmanuel del Pacífico.

Lo que propone el sector es una modificación de la Ley de Pesca que permita garantizar una actividad más responsable y sostenible.

“Nuestra pesca de arrastre jamás se compara con la magnitud de las embarcaciones de otros países y sus consecuencias”, dijo Chavarría.

Los pescadores están anuentes a la posibilidad de someterse a nuevos principios de sostenibilidad, mientras les sean mantenidos sus empleos.

María Fernanda Cisneros
mcisneros@larepublica.net