Piñera Valle Verde denuncia campaña de desprestigio en su contra
Jeffry Garza jeffrygarza.asesor@larepublica.net | Miércoles 25 octubre, 2017 04:24 p. m.
La piñera Valle Verde sostiene que se tiene una campaña de desprestigio en su contra, por denuncias que consideran infundadas por la presunta exportación de productos orgánicos de forma fraudulenta.
La denuncia hecha por la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica (Canagro) es infundada, de acuerdo con Andrés Di Palma, gerente general de Congelados y Jugos del Valle Verde, empresa que pertenece al conglomerado Valle Verde.
Di Palma argumenta que tienen documentación que respalda las certificaciones de sus productos como orgánicos, contrario a lo que sostiene Canagro.
El directivo defendió que la denuncia es simplemente una movida de la competencia para desprestigiarlos.
También cuestiona que Canagro no los invitara a formar parte de la organización, a pesar de que Del Valle Verde es un actor importante en la producción de alimentos orgánicos.
Di Palma también agregó que presentó una querella en contra de Olman Briceño, directivo del Banco Nacional y gerente de Frutera La Paz, por iniciar una campaña de desprestigio en contra de su empresa, a través de Canagro.
“En mi opinión creo que se trata de un esfuerzo por promover sus propios intereses económicos y comerciales. Canagro está formada por empresarios que son nuestra competencia”, añadió.
La denuncia
Productores nacionales exigieron a las autoridades acciones frente a la denuncia de aparentes exportaciones fraudulentas de piña orgánica falsa hacia Europa y Estadios Unidos.
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La denuncia está dirigida hacia Valle Verde, Proyectos MMV y Congelados y Jugos del Valle Verde, todas ellas en propiedad de un mismo conglomerado.
Presuntamente, dichas compañías exportan piña tradicional haciéndola pasar por orgánica, basándose en certificaciones cuestionables, según Canagro.
Sin embargo, la finca Del Valle Verde cuenta con las certificaciones solicitadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, de acuerdo con Di Palma.
Actualmente el caso está elevado ante los Tribunales de Justicia, específicamente en el Tribunal Contencioso Administrativo.
