ANÁLISIS

Estado poco competente para manejar proyectos de infraestructura

Plan “B”: Reforma del Estado

Cómo contar con un sistema eficiente: Tres pasos importantes

La única manera de desarrollar una buena carretera a un precio razonable entre San José y San Ramón, o entre dos puntos cualesquiera, es a través de la reforma del Estado, que ha demostrado ser incapaz de realizar las obras de forma eficiente y consistente.
Reformar el Estado es una tarea grande.
Por cierto, no es un asunto de esta administración, sino un problema, que ha permanecido por mucho tiempo.
Pero a menos que el Estado funcione de manera efectiva, vamos a seguir enfrentando los mismos problemas de mal diseño, construcción atrasada, y altos costos, de los proyectos de infraestructura.
La cuestión no es si las carreteras deben ser públicas o privadas.
Las vías públicas representan el 100% de las carreteras de Estados Unidos, Alemania y China, entre otros países.
Mientras tanto, las empresas privadas operan varias concesiones en España, Francia y Chile, por nombrar solo unos pocos países, que tienen un sistema público-privado.
Ambos conceptos son viables, porque el Estado en cada caso es eficiente.
Independientemente del enfoque que adoptemos, tenemos que hacer cambios importantes, si queremos que el Estado costarricense sea competente.

Por ahora, las cosas son complicadas, este es un sector de La Trocha, tras una inversión de ¢22 mil millones. Marco Monge/La República

Por lo que a cualquier desarrollo de infraestructura se refiere, es necesario contar con un Ministerio de Obras Públicas, dirigido por expertos, con el conocimiento de la historia de los proyectos, así como de las mejores prácticas de todo el mundo.
En contraste, cada cuatro años se cambia no solo al ministro, sino también a los viceministros y hasta los directores de departamentos, como parte de un sistema de recompensas políticas, así que no contamos con un Servicio Civil verdaderamente profesional en esta área importante.
Cuando se trata del desarrollo de las carreteras públicas, es necesario contar con un Estado que sepa diseñar un proyecto, que sea el adecuado para los usuarios de hoy, así como para las generaciones futuras.
Necesitamos un Estado que efectivamente controle las empresas que ganan los contratos para la construcción de las vías, para asegurar que usen materiales apropiados y que los instalen de la manera debida.
Además, necesitamos un Estado, que aplique la tecnología moderna para las carreteras, que utilice los impuestos de combustibles y peajes, para pagar el mantenimiento decente.
En este momento, no tenemos ninguna de estas cosas, por lo menos de manera consistente.
Cuando se trata de diseño, tenemos un Estado que gasta decenas de millones de dólares para ampliar dos secciones de una carretera, sin obtener muchos beneficios por su inversión, ya que no amplía el puente, que conecta las secciones.
A la vez, el Estado realiza poca supervisión de las empresas, que ganan los contratos de construcción.
El hecho de que en la mayoría de los casos existe poca probabilidad de castigo, crea un incentivo para que las empresas engañen al público, mediante el uso de materiales de calidad inferior, así como una mano de obra deficiente, La Trocha fronteriza es solo un ejemplo de este problema.
Incluso en el caso de una carretera bien construida, el Estado a menudo hace un pobre trabajo de mantenimiento, especialmente cuando la economía funciona mal, y el gobierno desvía el ingreso de los peajes y de los impuestos al combustible, a otras áreas.
En lo que a tecnología se refiere, muchas carreteras de Costa Rica, ni siquiera cuentan con las señales de tránsito y la demarcación básicas.
Cuando se trata de las concesiones, necesitamos un Estado, que pueda iniciar un proyecto a tiempo, y que inspire confianza entre los potenciales oferentes.
Hoy en día, rara vez contamos con alguna de estas cosas.
Por el contrario, a menudo tenemos largos atrasos, que se traducen en las carreteras que quedan obsoletas antes de que estén terminadas, como es el caso de la autopista a Caldera.
Además, los atrasos aumentan los costos.
El proyecto de San Ramón debía comenzar en 2004.
Nueve años más tarde, como consecuencia en parte de la incapacidad del Estado para expropiar los terrenos necesarios, los costos de construcción se han más que duplicado, con el precio internacional del asfalto, que ha pasado de $200 por tonelada a $575, mientras que la mano de obra local ha aumentado de ¢3.700 al día a ¢8.400.
Por lo que se refiere a los oferentes, el Estado costarricense puede aparecer más repulsivo que atractivo.
Con respecto a la licitación de la terminal de contenedores de Moín, solo una compañía hizo una oferta, lo que significa que hubo poca competencia de precios.
Del mismo modo, solo una empresa mostró interés en ganar la concesión para la carretera a San Ramón.
Una mina de oro cerca a la comunidad Las Crucitas, y la exploración petrolera en el área de San Carlos, puedan o no ser saludables para Costa Rica.
Pero ganamos una mala reputación entre los inversores internacionales, cuando dejamos que las empresas realicen los estudios y trámites para desarrollar estos proyectos y de repente cambiamos de opinión.
Lo mismo sucede cuando otros contratos, como el del aeropuerto Juan Santamaría, enfrentan una larga serie de enredos.
A corto plazo, tenemos que tomar una decisión: permitirle o no a OAS, empresa que asumió recientemente la concesión, proceder con el desarrollo de la carretera a San Ramón.
El precio es alto para lo que estaríamos recibiendo.
Por otro lado, el alto costo es algo que cualquier desarrollador futuro tendría que pagar.
Luego, está el asunto de la cláusula de penalización.
Si rechazáramos la concesión, que el Estado aprobó originalmente en 2004, OAS le exigiría al Estado (o sea, a nosotros) pagar una millonaria indemnización por la rescisión del contrato.
Tal vez evitaríamos el pago de esta cuota, si ganáramos el juicio inevitable que promueven los vecinos de las comunidades que quedan a la margen de la carretera.
Pero incluso si ganáramos, dañaríamos aún más nuestra imagen internacional, con el resultado de que las futuras relaciones con contratistas internacionales se vuelvan más caras.
A largo plazo, necesitamos un Estado eficiente.

Fred Blaser
Co presidente
República Media Group

Colaboraron Miguel A. Agüero y Danny Canales