Poder Judicial moderno y eficiente
| Sábado 01 marzo, 2008
Poder Judicial moderno y eficiente
Recientemente leí la columna “Chisporroteos” de don Alberto Cañas y un comentario de don Carlos Denton, y aunque ambos hicieron algunas críticas a la jurisdicción penal, dedicaré este espacio a la reforma del Sistema Judicial en general, en la cual hemos enfocado energía y recursos con el propósito de dar un servicio de calidad, de cara al ciudadano.
No es cierto que la justicia “esté paralizada”, muy por el contrario, creo poder decir sin faltar a la verdad y pese a la limitación de recursos, que el Judicial lidera la reforma del Estado costarricense.
El proceso de reforma se inició en la década de los 90, cuando se hicieron los primeros estudios de diagnóstico para identificar nuestras principales falencias. Desde ese momento nos orientamos a superarlas y a buscar nuevas formas para renovarnos y cumplir con el precepto de justicia pronta y cumplida. La jurisdicción penal fue objeto de la primera reforma, al entrar en vigencia el nuevo Código de Procedimientos Penales en 1998.
Variamos el enfoque del esquema filosófico que durante las últimas décadas nos rigió, para ubicar al ciudadano en un lugar de privilegio dentro de la administración de justicia. Hoy vemos nuestra labor como un servicio público de calidad dirigido al ciudadano y nos impulsa en la búsqueda de otras formas de trabajo más eficientes, expeditas y con mayor participación de las partes.
En ello la introducción de la oralidad y la reforma procesal son nuestro principal objetivo, pero implican reformas en la legislación vigente y por consiguiente, más tiempo. Aun así hicimos un avance sustancial con el nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo y muy pronto lo haremos con la nueva Ley de Cobros Judiciales.
Los cambios citados son acompañados por un gran avance tecnológico: la interconexión de los circuitos judiciales y la creación del expediente electrónico, son señal de que avanzamos conforme a los tiempos modernos, que nuestra respuesta ha tenido diferentes formas de solución y muestran nuestro interés por solventar las necesidades de nuestros usuarios.
El proceso de reforma nos ha llevado tiempo, pero hemos avanzado. Dos citas de una fuente independiente y creíble como lo es el Estado de la Nación así lo confirman, la primera, en el informe correspondiente al año pasado: “En el año bajo estudio se registraron mejoras en la eficacia del sistema de administración de justicia…” y la segunda, correspondiente al año 2003 al referirse al programa de modernización “…el del Poder Judicial destaca por su persistencia y porque, de los tres poderes del Estado, fue el único en el que las modificaciones institucionales respondieron a una propuesta deliberada”.
De seguro los resultados todavía no alcanzan nuestras expectativas, pero no se puede afirmar que el Poder Judicial costarricense “esté paralizado” y que no se preocupe por mejorarse y brindar un servicio de calidad a sus usuarios.
Luis Paulino Mora Mora
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
Recientemente leí la columna “Chisporroteos” de don Alberto Cañas y un comentario de don Carlos Denton, y aunque ambos hicieron algunas críticas a la jurisdicción penal, dedicaré este espacio a la reforma del Sistema Judicial en general, en la cual hemos enfocado energía y recursos con el propósito de dar un servicio de calidad, de cara al ciudadano.
No es cierto que la justicia “esté paralizada”, muy por el contrario, creo poder decir sin faltar a la verdad y pese a la limitación de recursos, que el Judicial lidera la reforma del Estado costarricense.
El proceso de reforma se inició en la década de los 90, cuando se hicieron los primeros estudios de diagnóstico para identificar nuestras principales falencias. Desde ese momento nos orientamos a superarlas y a buscar nuevas formas para renovarnos y cumplir con el precepto de justicia pronta y cumplida. La jurisdicción penal fue objeto de la primera reforma, al entrar en vigencia el nuevo Código de Procedimientos Penales en 1998.
Variamos el enfoque del esquema filosófico que durante las últimas décadas nos rigió, para ubicar al ciudadano en un lugar de privilegio dentro de la administración de justicia. Hoy vemos nuestra labor como un servicio público de calidad dirigido al ciudadano y nos impulsa en la búsqueda de otras formas de trabajo más eficientes, expeditas y con mayor participación de las partes.
En ello la introducción de la oralidad y la reforma procesal son nuestro principal objetivo, pero implican reformas en la legislación vigente y por consiguiente, más tiempo. Aun así hicimos un avance sustancial con el nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo y muy pronto lo haremos con la nueva Ley de Cobros Judiciales.
Los cambios citados son acompañados por un gran avance tecnológico: la interconexión de los circuitos judiciales y la creación del expediente electrónico, son señal de que avanzamos conforme a los tiempos modernos, que nuestra respuesta ha tenido diferentes formas de solución y muestran nuestro interés por solventar las necesidades de nuestros usuarios.
El proceso de reforma nos ha llevado tiempo, pero hemos avanzado. Dos citas de una fuente independiente y creíble como lo es el Estado de la Nación así lo confirman, la primera, en el informe correspondiente al año pasado: “En el año bajo estudio se registraron mejoras en la eficacia del sistema de administración de justicia…” y la segunda, correspondiente al año 2003 al referirse al programa de modernización “…el del Poder Judicial destaca por su persistencia y porque, de los tres poderes del Estado, fue el único en el que las modificaciones institucionales respondieron a una propuesta deliberada”.
De seguro los resultados todavía no alcanzan nuestras expectativas, pero no se puede afirmar que el Poder Judicial costarricense “esté paralizado” y que no se preocupe por mejorarse y brindar un servicio de calidad a sus usuarios.
Luis Paulino Mora Mora
Presidente de la Corte Suprema de Justicia