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Política sentimental

Pedro Oller poller@ollerabogados.com | Martes 16 abril, 2013

Corresponde a los alcaldes, como representantes de sus comunidades, ser las voces que el gobierno no quiere escuchar y hacerse valer y respetar

Política sentimental

Tristeza. Lo que aconteció el 11 de abril, todo eso que lo precedió y lo que ha venido después nos tiene a muchos embargados de tristeza.
Es un sentimiento extraño para un tema claramente político que trasciende el objeto mismo de la concesión y se nos cala en la moral, el patriotismo, la ilusión.
Como sucede de forma habitual en cuestiones políticas, el paso brusco de la ignorancia al conocimiento nos ha puesto en un estado de alerta.
Incide en este, el que la información se conoce a cuentagotas, en todas direcciones y por un periodo sostenido de tiempo sin variación: el desmedido impacto económico de la concesión, el refrendo de la Contraloría, las obras —o la falta de ellas— por realizar, el conflicto de interés del ex asesor de la concesionaria hoy Ministro de cartera, la discrepancia en los datos oficiales que maneja el MOPT por un lado y el Consejo Nacional de Concesiones por el otro, la mal concebida figura de la concesión, la obstinación oficial.
Prevalece una clara desatención de la administración Chinchilla respecto de sus administrados. Partiendo de una concepción socrática del criterio democrático se remite la concesión de la carretera a San Ramón y todas sus sensibilidades al ámbito teckné de la discusión.
Espacio en el que los hombres de experiencia relativizan el costo de los peajes (con ¢1.900 no se puede comprar ni un almuerzo) o deslegitiman la oposición al proyecto (la gente quiere las cosas gratis), por citar solo dos ejemplos.
Existe también en la administración Chinchilla una manifiesta desvinculación del entorno y de la realidad haciendo de su espacio y de sus acólitos, como señalara Bernal Jiménez, una suerte de torre de Babel.
Así quedó manifiesto en la celebración del acto cívico del 11 de abril en Alajuela. Ocasión que mediante retenes, cercos policiales, limitaciones al libre tránsito, al derecho a la información y el matonismo sirvió para dejar claro el aislamiento al que está dispuesto a someterse este gobierno y su distanciamiento del pueblo a fin de defenderse.
Se nos deja desolados aduciendo cual justificante la amenaza de la protesta y de los grupos organizados pero exponiendo a quienes no formamos parte de estos, a ser víctimas de sus agresiones como fue el caso del señor Jiménez.
Es tal el distanciamiento que tampoco hay consideración, mucho menos protección.
Ese irrespeto en la respuesta, esa actitud confrontativa y hasta humillante no augura un buen devenir para el espacio acordado a fin de aclarar dudas y valorar las inquietudes existentes previo a la ejecución del contrato de concesión. Corresponde a los alcaldes, como representantes de sus comunidades, ser las voces que el gobierno no quiere escuchar y hacerse entonces valer y respetar en este estado democrático de derecho. “Donde todos deciden, de común acuerdo, vivir solamente según el dictamen de la razón” como decía Spinoza.
Estamos tristes.

Pedro Oller

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