¿Por qué Rodrigo Chaves denunció convenio entre Recope y Ad Astra de Franklin Chang?
Mandatario cuestionó accionar de la Contraloría bajo las órdenes de Marta Acosta para no detener las transferencias
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Miércoles 26 junio, 2024 01:52 p. m.
Este miércoles, el presidente Rodrigo Chaves anunció que presentó una denuncia penal contra varios exfuncionarios de Recope por la transferencia de $2,1 millones a la empresa Ad Astra, vinculada al exastronauta costarricense Franklin Chang.
Los desembolsos, realizados durante los gobiernos de Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís entre 2011 y 2015, no generaron beneficios para el pueblo costarricense, según Chaves,
La denuncia penal fue contra los exfuncionarios públicos, pero no se detalló el nombre de las personas acusadas.
“Una persona muy meritoria don Franklin, sí, en Costa Rica hay gente muy meritoria (…) Pero no se pueden dar dineros públicos, para que se desarrollen negocios privados. A raíz de ese regalito que dieron con fondos públicos, la señora Laura Chinchilla y muchos otros, la junta directiva de Recope ya destituyó a Ana Lucía Alfaro Murillo, gerente general de Recope, porque ella fue parte de la junta directiva que tomó esa decisión”, declaró Chaves Robles.
Los acuerdos entre Recope y Ad Astra estaban destinados a investigar y desarrollar un proyecto para incursionar en el desarrollo de hidrógeno como materia prima para combustibles.
“En la sana teoría, para que Recope pueda incursionar en este tipo de proyectos, primero debe pasar por la reforma de ley en la Asamblea Legislativa, dado que nuestras competencias están delimitadas”, explicó Karla Montero, presidenta de Recope.
En octubre de 2011, se firmó el primer convenio que permitió a Recope aportar $300 mil para un estudio de factibilidad de un sistema de almacenamiento de hidrógeno. El segundo convenio, en julio de 2012, implicó un aporte de $1,4 millones para el diseño del sistema de producción y almacenamiento de hidrógeno. Finalmente, un tercer convenio, en febrero de 2014, permitió aportar $400 mil a Ad Astra para operar el sistema de producción y almacenamiento de hidrógeno.
Durante la firma del primer y segundo convenio, la administración de Recope consultó a la Contraloría General de la República sobre la legalidad del convenio; sin embargo, el órgano contralor, bajo el mando de Marta Acosta, respondió que no requería su autorización, lo cual fue motivo de crítica por parte del presidente Chaves.
